Opinion

La renovación de los consejeros electorales del IFE es uno de los temas más delicados y controvertidos en el actual debate sobre nuestro sistema electoral. Como se sabe, el método de selección por cuotas partidistas de dichos funcionarios que ha prevalecido hasta ahora ha viciado de origen al máximo órgano electoral, restándole credibilidad y envolviéndolo de toda clase de suspicacias, tal y como ocurrió durante los comicios federales del año pasado.

Recientemente, el Congreso de la Unión, en el marco de la reforma electoral aprobada hace unos días, ha dado a conocer los nuevos lineamientos para renovar al Consejo General del IFE, y próximamente publicará la convocatoria respectiva. En principio, la propuesta introduce cambios interesantes que anticipan un proceso de selección más abierto y transparente, aunque quedan algunas lagunas.

Así, por ejemplo, se hace una convocatoria a la que puede concurrir a título individual cualquier persona, con lo cual la opinión pública podrá conocer y opinar sobre los candidatos y sus trayectorias con anticipación a la designación final. Por otra parte, se trata de evitar el cabildeo de los candidatos con los partidos, y se dará prioridad a los aspirantes con las credenciales adecuadas en materia de conocimientos político-electorales y que muestren una trayectoria de independencia partidista. Finalmente, se propone una serie de audiencias con los candidatos para que los partidos puedan definir sus preferencias y emitir su decisión final.

Con esta propuesta parece imponerse la sensatez entre los partidos. Los meses anteriores se había echado a andar una disputa entre las bancadas partidistas por la designación de consejeros electorales. Aún la reforma electoral no había sido aprobada por los congresos locales ni se habían establecido las nuevas reglas para dicha designación, pero diversos legisladores ventilaron sus preferencias o descartaron a posibles candidatos sin mencionarlos directamente, en un juego que mucho recuerda la designación de los consejos pasados y cuyo cuestionamiento motivó en gran medida la reforma electoral aprobada recientemente.

De acuerdo con las reformas al artículo 41 constitucional, la designación de los consejeros electorales contempla los siguientes lineamientos: elección por dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión respectiva; previa consulta a la sociedad; y de acuerdo con las reglas y procedimientos que fije la ley respectiva. Más que las reglas lo que parecía inquietar a los legisladores eran los nombres, lo que anticipaba una ardua negociación mediante cuotas partidistas, igual que en el pasado. Por fortuna, parece que esta vía se conjuró, aunque no hay plenas garantías de que al final se dé una disputa entre las bancadas.

Huelga decir que el asunto es más delicado de lo que a primera vista parece. En efecto, si el procedimiento de selección de los nuevos consejeros deja lugar a dudas o suspicacias en la sociedad, si se reeditan de manera velada las prácticas del pasado en dicha designación se habrá diluido sin remedio el espíritu reformista que animó a los legisladores a aprobar los cambios constitucionales electorales y se habrá perdido una oportunidad invaluable para dotar de legitimidad y credibilidad al máximo órgano electoral, tan desacreditado después de su pésima actuación en las elecciones federales del año pasado.

Por lo pronto, el procedimiento anunciado responde en lo general a las propuestas que muchas voces críticas han postulado en los últimos días: que los nuevos consejeros sean elegidos mediante un concurso público y transparente y que los candidatos propuestos por las bancadas partidistas sean acompañados de sus respectivos currícula y documentos probatorios; que los candidatos elegidos por este procedimiento participen en una audiencia pública que bien podría transmitirse en el Canal del Congreso para que la sociedad también pueda opinar con base en sus perfiles y capacidades para desempeñarse en el cargo.

Pueden ser estas u otras las reglas para transparentar el proceso: el problema es que se caiga en un juego simulado de asignación por cuotas, pues sus consecuencias volverían a ser nefastas.

cansino@cepcom.com.mx

Director del Centro de Estudios de Política Comparada