Opinion

Desde hace más de 32 años he luchado contra la injusticia en este suelo que es mi patria.

Al igual que yo, miles de compatriotas lo han hecho y todos hemos seguido sufriendo, una vez unos y otras muchas otros, por las tremendas disposiciones gubernamentales que tienen que ver con actos represivos. Es por ello que cada quien en su trinchera hacemos lo que podemos para acabar con esta intolerable situación.

Hace días me tocó, desde el Senado de la República, hacer algo para tratar de cambiar las cosas, y por ello transcribo en este espacio algo de lo que allí expresé:

Vivimos un momento crítico que exige grandes cambios para ser superado. Estos cambios profundos en todos los órdenes de la sociedad enfrentan grandes resistencias autoritarias y la inercia de un viejo sistema y sus instituciones. La transformación de éstas se logrará con el crecimiento de la participación directa del pueblo en la lucha y la participación políticas.

Pactos y negociaciones desde el poder y con el poder serán siempre nulos o limitados sin la exigencia social.

Indispensable para el logro de cambios profundos es elevar a nivel constitucional en forma explícita el reconocimiento de los derechos humanos, su protección y defensa.

Desde hace meses se ha venido trabajando al respecto en el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos del mismo, en foros de consulta popular, con Naciones Unidas, con académicos, con organizaciones no gubernamentales interesadas en ello. Señal de la necesidad de abordar el tema son iniciativas presentadas por legisladores de ésta y de la anterior Legislatura.

En medio de la crisis que se vive y para resolverla, se han abierto puertas para reformas constitucionales, incluidos los derechos humanos; por ello, me parece indispensable presentar una iniciativa que propone reformar desde el artículo primero y la denominación del primer capítulo constitucional, para sustituir el concepto, heredado desde la Constitución de 1857, de “garantías individuales”, por el de “derechos humanos”.

La iniciativa también señala que las normas protectoras de las personas, contenidas en los tratados internacionales, tendrán jerarquía constitucional y prevalecerán sobre el derecho interno, en la medida que confieran una mayor protección a ellas, en el goce y ejercicio de sus derechos humanos. Se deberán reconocer sobre todo aquellos signados por el Estado mexicano.

En la iniciativa se propone suprimir el fuero de guerra, en el que, bajo su estructuración, ha permitido que cualquier delito que pueda definir la legislación común se convierta en militar, por el hecho de haber sido cometido por un miembro de las Fuerzas Armadas, permitiendo que el fuero de guerra se convierta en un privilegio y en un sistema punitivo parcial en detrimento de la igualdad ante la ley y del principio de división de poderes que establece que las penas sólo las puede imponer un juez ordinario, según el artículo 21 constitucional.

Con todo lo expuesto, se daría un primer paso en la defensa y respeto a los derechos humanos, pero otros pasos necesarios, también en el ámbito legislativo, que pronto deberán someterse a la consideración de éste, son, en primer lugar, la aprobación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La necesidad de una ley precisamente contra lo mismo y una ley de amnistía que haga frente al terrible saldo que va dejando el curso autoritario y represivo de militarización que sufrimos, y que ha elevado el número de presos a mayor cantidad que en 1969, en plena euforia del diazordacismo, además del regreso de los métodos de Echeverría con la práctica infame de la desaparición forzada de militantes de oposición política.

Serían estos pasos complementarios indispensables a la reforma constitucional sobre derechos humanos, lo más importante contra la injusticia.

Dirigente del comité ¡Eureka!