Opinion

Santiago Creel Miranda, líder del Senado de la República, declaró recientemente que la futura cabeza del IFE no podría salir de entre el grupo de asesores que elaboró la reforma electoral, ni tampoco ser un personaje cercano a alguno de los legisladores que articularon este proyecto. Con ello, de golpe quedaron descartados algunos de los nombres más sonados para sustituir al doctor Luis Carlos Ugalde.

Pronto quedó claro que el ex secretario de Gobernación no había consultado con sus pares a la hora de expresar esta opinión. El senador Manlio Fabio Beltrones salió al paso para recordarle que, según la Constitución, la Cámara Alta ni veta, ni vota en el nombramiento de los consejeros electorales. Ésta es, en efecto, una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Tal desacuerdo hace suponer que alguno de los líderes senatoriales tenía en mente a uno de sus cercanos para ocupar dicho puesto. Sobra poner aquí los nombres. Tuvo razón el senador Creel si se adelantó para expresar sus restricciones con el objeto de conjurar esta eventualidad.

Ya suficiente daño se le hizo a la autoridad electoral violando el principio de inamovilidad de los consejeros actuales del IFE como para que ahora, quienes vayan a sustituir a los tres que salen este año, resulten personajes vinculados con los intereses políticos o partidarios de los senadores.

En este caso, quien construyó la casa no puede ser el que la habite. Si Creel, Beltrones o Carlos Navarrete colocaran a uno de los suyos al frente del IFE, perderían toda credibilidad con respecto a su pregonado compromiso por la República.

El nombramiento del futuro consejero presidente del IFE es una de las decisiones más complicadas que los representantes de la nación tomarán de aquí al mes de noviembre.

Quien ocupe ese puesto necesita otorgar garantías morales y profesionales a todas las fuerzas políticas que configuran al actual sistema mexicano de partidos. Sobre todo, requiere de un acuerdo entusiasta por parte del PAN, PRI y PRD.

Difícil será encontrar a ese personaje —a la vez equidistante y confiable— para los partidos. Pero aún más complejo se vuelve ese asunto cuando ha de asumirse que el elegido debería poseer conocimiento suficiente en las materias administrativa y judicial del complejo universo electoral.

Quizá lo primero que habrían de considerar los actores a la hora de tomar esta decisión es que no existe un ciudadano impoluto, públicamente reconocido y con una historia personal que le haya permitido estar a lo largo de su vida por encima de las mezquindades de la política. Ha de tenerse en mente que Octavio Paz falleció hace varios años.

Lo más probable es que terminen proponiendo a un ser humano, de los muchos que con valía y serenidad existen en el espacio público mexicano. No obstante, la lista se reduce cuando se añade el segundo criterio: que se coloque en ese puesto a un profesional del oficio electoral.

México ya no se encuentra a mediados de los 90 cuando la norma en esta materia apenas comenzaba a desarrollarse. Durante la última década, el cúmulo de decisiones y acuerdos tomados por el IFE, así como las resoluciones judiciales del Tribunal Electoral se han engrosado notablemente.

Por más asesores que el nuevo consejero presidente pudiera contratar, cabe recordar que sólo contaría con 11 meses para volverse un experto antes de que comience el proceso comicial, el 1 de octubre de 2008.

De ahí que no debiera nombrarse a un virtuoso improvisado para este cargo. Existen entre la amplia clase electoral del país, compuesta no sólo por las autoridades federales sino también por las locales, especialistas que han ido haciendo escuela. Tengo para mí que el futuro consejero presidente del IFE debería salir de esta extensa comunidad de profesionistas.

Otro elemento que valdría la pena considerar es el estado de incertidumbre en el que actualmente se encuentran los ánimos del personal de esta institución. No puede obviarse el hecho de que, desde los comicios del año pasado, los trabajadores del IFE se han visto sometidos a un fuego cruzado por parte de algunos dirigentes partidarios.

Tal circunstancia ha hecho que quienes ahí laboran hayan caído, no sólo en el desánimo, sino por momentos en la parálisis. Haber escuchado durante tantos meses que los consejeros actuales podían partir en cualquier momento, ha enrarecido el ambiente laboral. ¿Cuántos de sus directores ejecutivos o de los subdirectores de área, por 14 meses llevarán guardada la renuncia dentro del cajón de su escritorio? Quizá la mayoría.

De ahí que un posible antídoto para deshacer este ensalmo sería convocar a una cabeza bien amueblada en el conocimiento de la estructura interna del instituto. Un profesional que, con agilidad, pueda evaluar al personal actual que es necesario ratificar en su responsabilidad.

Si se toma este criterio en consideración, el universo de potenciales candidatos a presidir al instituto se reduce aún más. Tendría que ser uno de los actuales o de los anteriores consejeros que ya han pasado por la mesa del órgano supremo de decisión. Es muy probable que, con esta medida, la burocracia electoral de tal instancia pudiera retomar su ritmo de trabajo con la velocidad necesaria.

Dos elementos más habrían de considerarse a la hora de procesar el asunto. El primero se refiere a la necesidad de conformar un consejo donde el respeto y la armonía entre sus integrantes sean virtudes que les permitan enfrentar los retos futuros de la institución, los cuales serán bastante amplios, debido a las responsabilidades que la nueva reforma le asignó al instituto.

Por esta razón, el legislador debería velar para que los recién llegados se entiendan convenientemente con los perfiles de los consejeros que permanecerán.

El último de los criterios habría de ser la elección de un individuo que se respete lo suficiente como para no ir a buscar a los legisladores con el objeto de solicitarles chamba.

Si lo que se quiere es encontrar a alguien libre de ataduras o compromisos políticos, son los congresistas quienes habrían de salir a su encuentro. Y si alguien está dispuesto para andarse promoviendo con el objeto de obtener el encargo, podría también estarlo para pactar acuerdos indeseables.

Analista político