Opinion

El Estado mexicano no tiene la capacidad para detectar y enfrentar a los grupos subversivos que operan en territorio nacional. De esto nos venimos a enterar gracias a la declaración que hiciera el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en su comparecencia ante los legisladores de la semana pasada.

El mensaje es para todos: para los ciudadanos, para los guerrilleros del EPR, para las células terroristas extranjeras y, sobre todo, para la comunidad internacional que, desde la aparición de Al Qaeda, ha puesto este tema en el centro de sus preocupaciones.

La afirmación del secretario de Gobernación puso a temblar a más de uno. Se trata de una invitación abierta para que los terroristas, de aquí y de afuera, miren a México como un territorio paradisiaco para sus operaciones. También invita a que los nacionales, a falta de contar con un buen servicio de inteligencia, nos conformemos con la ocurrencia de algún milagro que nos salve de enfrentar personalmente al terrorismo.

En estos temas las cosas no se pueden dejar así, ni tampoco habrían de decirse de esta manera. Se requieren explicaciones menos frívolas para enfrentar esta gravísima crisis. No basta con comunicarle a los legisladores que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) está hecho un desastre, para olvidar las consecuencias.

El asunto internacional más importante que sucediera durante la administración de Fox Quesada fueron los atentados terroristas en Nueva York, Madrid y Londres. Y también, derivadas de estos hechos, las guerras en Afganistán y en Irak. Nadie que estuviera viviendo en este planeta durante los últimos seis años pudo haber pasado por alto este aparatoso detalle.

Y sin embargo, ahora nos enteramos que, mientras la comunidad internacional decidió hacer de los servicios de inteligencia su arma más poderosa para enfrentar al terrorismo, en México actuamos exactamente al revés. Según Ramírez Acuña, el Estado mexicano disminuyó en una tercera parte el personal del Cisen y dejó de invertir en tecnología de punta.

De ser cierta esta afirmación, los irresponsables que tomaron esas decisiones merecen someterse a juicio político por alta traición a la patria. No es una exageración: han gobernado durante tiempos de guerra sin proteger a su población, y también han engañado a los socios extranjeros que vinieron a pedirnos ayuda para crear una asociación eficaz contra la inseguridad que representaban los terroristas.

¿Cómo comprender que, mientras se estaba firmando la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), las autoridades mexicanas desmantelaran los servicios mexicanos de inteligencia?

¿Cómo entender que, mientras queríamos obtener con Estados Unidos un acuerdo migratorio que permitiera el flujo fácil de nacionales por las fronteras, el gobierno mexicano haya renunciado a evitar la penetración de células terroristas al país vecino?

No sorprende, con esta nueva información, que algunos políticos de la Casa Blanca o del Capitolio estadounidenses piensen que México no es un país serio. Y si las cosas son tal cual las afirma Ramírez Acuña, lo único que nos queda decir al resto de los mexicanos es que, en efecto, nuestro gobierno nos deshonra.

Además de exponernos a la realidad, ¿cuál fue la verdadera intención del secretario al confesar la situación? ¿Quiso lavarse las manos con respecto a los atentados recientes del EPR sobre los ductos de Pemex? ¿Debía hacer público que su relación con el amigo del presidente y actual director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, es insostenible? ¿Quería acusar al procurador general de la República y ex director de este centro, Eduardo Medina Mora, de ser el más incapaz de los funcionarios durante la administración de Vicente Fox Quesada?

Al declarar como lo hizo ante la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación sembró más dudas de las que respondió.

Lo peor del caso es que la irresponsabilidad en esta materia no se limita a la reducción del presupuesto, a la negligencia con respecto a la renovación tecnológica o al recorte de personal. Según especialistas reconocidos en esta materia, como sin duda lo es Leonardo Curzio Gutiérrez, lo más grave durante la administración foxista es que los servicios de inteligencia hayan distraido su agenda de investigación para atender cuestiones de politiquería.

En efecto, buena parte de las energías del Cisen, en lugar de concentrarse en las tareas que la República les demandaba, se invirtieron durante el sexenio pasado en hacer espionaje político sobre los adversarios de la administración foxista.

En lugar de modernizar la tecnología, estaban pensando en cómo desaforar a Andrés Manuel López Obrador. En vez de profesionalizar al personal de ese centro, andaban preocupados por las llamadas telefónicas de la clase gobernante. En lugar de asegurar la permanencia de los mejores recursos humanos —formados en el aparato de inteligencia durante varias décadas— los funcionarios de esa institución estaban ocupados en presumir sus buenas relaciones con las televisoras.

Más parecían policía de pueblo, inquieto por bajar del árbol al gato de la vecina, que agentes profesionales del Estado mexicano turbados por la contingencia derivada del terrorismo internacional.

Los servicios de inteligencia en una democracia no deberían vincularse con las cuestiones electorales. Tampoco habrían de estar encargados de sondear la popularidad del Presidente. Mucho menos habrían de servir para espiar a los políticos, los líderes sindicales, los empresarios o a los periodistas, cuando esta actividad no esté relacionada con la seguridad nacional. Urge un aparato de inteligencia al servicio de la democracia y nada más.

Si el secretario de Gobernación informó al Congreso en esta grave crisis, quizá sea también porque está pensando en la necesidad de que los legisladores tomen cartas sobre el asunto. Empieza a ser urgente que el Poder Legislativo se convierta —como en la mayoría de las democracias— en un auditor de las actividades de inteligencia que realiza el Poder Ejecutivo. Buena cosa sería que una comisión especial del Senado se encargara de velar por la correcta y legal actuación del Cisen.

De lo contrario, continuaremos viendo en nuestro país una agenda de inteligencia errática y sin verdadera utilidad para los ciudadanos. Una agenda que discrimina los temas importantes por haberse confeccionado en función de los intereses exclusivos de los políticos mexicanos.

Analista político