Opinion

La consolidación democrática en nuestro país re-quiere cambios profundos en el diseño institucional y en las reglas para la integración y el ejercicio de los poderes públicos. De allí que las reformas en materia electoral constituyan un capítulo de la mayor relevancia, pero no el único, para arribar a una democracia verdaderamente plural, transparente y eficaz, que responda a la exigencia de construir una sociedad equitativa y un proyecto de desarrollo incluyente, sostenido y sustentable.

El dictamen sobre las reformas constitucionales en materia electoral, aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, representa un salto cualitativo en el proceso para la consolidación democrática. En términos generales, las reformas constitucionales en curso atienden una de las necesidades fundamentales de nuestra incipiente democracia: romper el círculo vicioso entre el dinero y la política, manifiesto en buena medida en el uso de recursos públicos y en la falta de reglas claras para la contratación de tiempos en los medios electrónicos de comunicación. El reto, y así lo expresamos prácticamente todos los partidos políticos en las propuestas formuladas en el marco de la reforma del Estado, es recuperar la autonomía de la esfera de lo público ante la intromisión de los intereses privados y los llamados poderes fácticos en los procesos electorales.

Una parte medular de la polémica entre los concesionarios de radio y televisión y los senadores de la República parecía girar en torno a la libertad de expresión, y lo cierto es que la redacción original del proyecto generaba dudas fundadas sobre los posibles efectos de la reforma en contra de esa exigencia democrática fundamental. La redacción final del proyecto, sin embargo, despejó cualquier duda: no se afecta en modo alguno la libertad de expresión.

Las restricciones previstas en el dictamen, relacionadas con la propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o con aquella que vaya en contra o a favor de partidos políticos o candidatos, se refiere exclusivamente a la propaganda contratada, lo cual mantiene intacta la libertad de los medios de comunicación y de los comunicadores para cumplir su función informativa y divulgar en forma libre sus ideas y opiniones. De no haber sido así, habría sido inaceptable.

Destaca, en cambio, la atención a una serie de demandas importantísimas: garantizar transparencia y certidumbre en el acceso de los partidos políticos y los candidatos a los medios de comunicación electrónica; regular el uso de recursos públicos para la contratación de tiempos en los medios de comunicación; reducir la duración de las campañas y normar las precampañas. En los últimos tres procesos electorales federales y en gran parte de los procesos electorales locales de estos últimos años, la falta de una regulación adecuada en esta materia y la carencia de facultades de la autoridad electoral para fiscalizar y limitar la utilización de recursos públicos y privados, lícitos o ilícitos, para incidir en las elecciones, habían subordinado a las contiendas políticas y al proceso mismo de formación de la representación popular al poder del dinero.

No cabe duda que las reformas constitucionales en curso tienen insuficiencias. En cuanto al financiamiento, si bien se propone una reducción significativa en gastos de campaña (la mitad en elecciones generales y dos terceras partes en elecciones intermedias), lo cierto es que el financiamiento para gastos ordinarios se mantiene prácticamente en los niveles actuales, y no se define a los partidos políticos como sujetos obligados plenos en materia de transparencia y acceso a la información.

Respecto al IFE y al debate sobre su autonomía, la clave residía en establecer un nuevo mecanismo para la designación de los consejeros, a través de una convocatoria abierta a la sociedad y de la concurrencia en el procedimiento de los poderes Legislativo y Judicial, de tal manera que se rompiera la relación directa entre aspirantes y partidos que, de origen, hace vulnerable su independencia.

Una reforma con insuficiencias, sin duda. Pero la demanda más importante y que más consenso había generado ha sido atendida en el proyecto que, así lo espero, deberá culminar con la aprobación de las legislaturas locales.

Presidente de Alternativa Socialdemócrata