Opinion

Sin seguridad, la democracia deviene en anarquía, y sin democracia, la seguridad es totalitarismo. El delicado equilibrio entre los componentes de este binomio se obtiene dentro de un verdadero estado de derecho, que a la vez que combata al crimen salvaguarde las garantías individuales. En la construcción de estas condiciones la ciudadanía organizada tiene mucho que aportar.

Durante el foro Seguridad en democracia, convocado por académicos, funcionarios y organizaciones civiles, se confirmó que las iniciativas de la sociedad civil pueden lograr avances en temas de trascendencia general. Sucedió en el pasado con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

El problema de la inseguridad es de tal complejidad y dimensión en nuestro país que es preciso abordarlo desde una perspectiva multidisciplinaria y no a partir de percepciones parciales o simplistas. Responde a una lógica de globalización, en la que los narcotraficantes mexicanos, por ejemplo, no son ajenos a un esquema mundial de producción-consumo ubicado en varios países.

Es decir, responde a una lógica no sólo policial sino también económica, lo que abre posibilidades de solución en el terreno del desmantelamiento de las redes de lavado de dinero y, sobre todo, quebrando la cadena de valor de los estupefacientes o la piratería, por ejemplo.

Al no ser un asunto meramente policiaco, sus soluciones deben ser integrales y partir del fortalecimiento de nuestro sistema de justicia, que incluye aspectos de profesionalización de policías y jueces, de reformas al sistema penitenciario, al de prevención del delito y de rehabilitación de presos —la mayoría jóvenes—,y sobre todo de prevención.

Las autoridades deben contar con herramientas suficientes, pero siempre respetuosas de los derechos humanos.

Hay quienes piensan que un Estado observante de las garantías individuales es necesariamente débil para abatir la criminalidad, o que sólo aplicando ordenamientos extralegales podrá hacerse respetar. Nada más errado.

Como se escuchó reiteradamente ayer en las exposiciones del foro, la democracia es precondición para una lucha anticrimen exitosa, por lo que hay que conjurar la tentación autoritaria que pudiera gestarse en el seno mismo de una sociedad harta de vivir cercada por la delincuencia de todo tipo.

Las soluciones no van a salir únicamente de los buenos o malos cálculos y resultados que obtengan los tres órdenes de gobierno.

El problema está entre nosotros a todos los niveles, por lo que la generación de conocimiento para la cabal comprensión del fenómeno es indispensable; otros países pueden aportar sus experiencias para aplicar aquí lo que funcionó y desechar lo que no; organizaciones civiles y políticas deben advertir de los excesos que se cometen en la lucha contra la criminalidad y especificar las condiciones políticas, todo para enfrentarlo multidisciplinariamente.

En suma, la sociedad civil tiene mucho que decir y aportar al respecto, de una manera activa y propositiva. Escuchémosla.