Opinion

En México, lamentablemente las actividades altruistas también han servido para disfrazar la evasión de impuestos que algunas de las grandes empresas realizan. Los turbocontadores han encontrado en ellas un mecanismo muy eficaz para burlar sus responsabilidades fiscales.

Cierto es que parte de los recursos que los grandes corporativos invierten en actividades caritativas van a dar a las fundaciones dedicadas a la beneficencia social, pero también lo es que —abusando de las lagunas que posee la legislación en materia de deducciones fiscales— las empresas suelen sacar un jugoso provecho que poco o nada tiene que ver con el altruismo.

El Teletón, el Redondeo y algunas fundaciones integradas por los familiares de los empresarios son algunos ejemplos que pueden servir para ilustrar esta cuestión.

Todas estas instancias tienen, en apariencia, una finalidad loable y humanitaria. Proveen de importantes sumas de dinero para atender a los niños de la calle o a quienes padecen alguna discapacidad, para dotar de computadoras a las escuelas públicas, para sostener casas de asistencia al servicio de madres solteras, para financiar actividades vinculadas con el arte y la cultura, y para todo un largo etcétera de tareas que, sin su solidaridad, no podrían llevarse a cabo.

Sin embargo, los recursos que el llamado tercer sector aporta no tendrían por qué significar una sustracción significativa de los ingresos que el Estado requiere para cumplir con sus responsabilidades. No habrían de verse como un sustituto, sino como un añadido —un multiplicador— de las tareas solidarias que gobierno y sociedad agregan dentro de una misma comunidad.

Por ello es que la legislación impositiva debería tener como objetivo evitar que la caridad se convierta en un inhibidor de la recaudación fiscal. Es en este contexto que habría de leerse la reciente declaración de Felipe Calderón Hinojosa: “No hay caridad sin justicia y la lucha contra la desigualdad requiere que se paguen impuestos”.

Como lo reconociera en días pasa-dos la presidenta del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Jacqueline Butcher, los donativos no habrían de servir para justificar la elusión en el pago de las contribuciones.

No obstante, así sucede en México. Sirva hablar aquí de las sospechas que despierta uno de los eventos anuales de caridad más importantes del país: el Teletón.

Como se sabe, este espectáculo transmitido durante varias horas por televisión, y donde participan alrededor de 428 medios de comunicación, sirve para que, tanto las empresas como los particulares, aporten cantidades importantes para la atención de los niños que sufren alguna discapacidad.

Cada año se acumulan alrededor de 250 millones de pesos, los cuales han sido utilizados, entre otras cosas, para construir cuatro centros de rehabilitación infantil.

Sin embargo, se sospecha que este encomiable esfuerzo esconde tras de sí uno de los mecanismos más inmorales para que Televisa y otras empresas evadan al fisco.

Ocurre que buena parte de las aportaciones que recibe el Teletón provienen de particulares que ofrecen pequeños donativos individuales (20, 50, 100, mil pesos), los cuales, una vez sumados, acumulan una cantidad nada despreciable. Pero, a diferencia de las grandes empresas, sucede que estos particulares no reciben un comprobante fiscal por sus respectivas donaciones.

Tal cosa permite que las empresas organizadoras del Teletón pudieran exhibir como propias las aportaciones que hicieron los donantes menores. Luego, el recibo que los corporativos obtienen por esta operación sería utilizado para deducir impuestos.

En efecto, las cantidades obtenidas por esta vía serían tratadas como una aportación propia de las empresas que organizan el evento, y no como donaciones de particulares. Hay quienes han hecho notar que el resultado final de esta operación llega a ofrecer saldos fiscales a favor para tales empresas (Hacienda les devuelve parte del dinero).

Otro caso digno de mencionar es del Redondeo que se realiza en tiendas de autoservicio. Gracias a ese mecanismo, cada uno de estos establecimientos acumulan aproximadamente 600 millones de pesos anuales que se destinan, entre otras cosas, a compra de computadoras para escuelas públicas.

Sin embargo, ni uno solo de los centavos que se suman gracias a este ingenioso instrumento es respaldado por un comprobante emitido por los establecimientos.

Tal cosa permitiría también que las tiendas exhiban los donativos como propios. Alguno de los organizadores del Redondeo ha declarado que los documentos fiscales que provee a las empresas de autoservicio no pueden ser deducidos directamente por ellas. No obstante, la falta de transparencia en el trámite ha despertado suficientes dudas como para intuir su necesaria revisión.

En ambos casos (Teletón y Redondeo) se trata de aportaciones que serían hechas como un saludo con sombrero ajeno. Mecanismos a través de los cuales las corporaciones mercantiles no sólo reciben beneficios fiscales por sus aportaciones, sino que además se hacen de una abultada pila de documentos deducibles gracias a los donativos de los particulares.

A estos ejemplos del uso inadecuado de la filantropía se suman otros relacionados con las fundaciones creadas ex profeso por los dueños de las empresas, para que sus parientes realicen actividades altruistas. Cabe subrayar que el pago de elevados sueldos, de gastos estrafalarios o de viajes y viáticos, realizados por tales organizaciones, se convierten automáticamente en comprobantes útiles para la deducción fiscal.

De ninguna manera habrían de entenderse estos argumentos como una iniciativa para vulnerar o disminuir las actividades filantrópicas que se realizan en nuestro país. Lo que se pretende aquí es dar cuenta de las lagunas que nuestra legislación posee y que permiten una sistemática e injustificable elusión impositiva.

Es evidente que urge una mejor regulación para las actividades de caridad. Como ocurre en otros países, resulta necesario fijar topes de donación respecto de los ingresos totales de las empresas, definir con claridad quiénes son los verdaderos donantes, revisar los gastos de las fundaciones y, en fin, establecer una serie de normas que nos permitan contar con un Estado solvente y, a la vez, con un tercer sector fuerte para intervenir en sus actividades más nobles.

Por todo lo anterior, habría de impedirse que la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) termine siendo también una víctima de la simulación. La experiencia de la elusión sobre el pago del ISR que utiliza a la filantropía como pantalla legal debería servir como vacuna para evitarlo.

Analista político