Opinion

La amenaza lanzada por el EPR en su “parte de guerra” es contundente: “La orden de iniciar con la campaña nacional de hostigamientos contra los intereses de la oligarquía y este gobierno ilegítimo ha sido puesta en marcha”. ¿Habrá más atentados contra ductos de Pemex, como sucedió los pasados 5 y 10 de julio en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, en Guanajuato?

Es difícil responder esta pregunta porque todavía hay muchas interrogantes por contestar. Por ejemplo: ¿cuáles son los objetivos reales de estos atentados? ¿Presionar al presidente Felipe Calderón y al gobernador Ulises Ruiz para encontrar y presentar a Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes desaparecieron en Oaxaca el 25 de mayo —como lo exige el EPR en su comunicado de prensa—? ¿Por qué sucedieron los atentados a principios de julio cuando la desaparición de estos compañeros se dio hace más de un mes? ¿Alguien más sabía de la desaparición de estos dos individuos?

Si estas desapariciones ocurrieron en Oaxaca, ¿por qué llevar a cabo atentados en Guanajuato y Querétaro, donde el EPR tradicionalmente no tiene presencia? ¿Las explosiones en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, Guanajuato, y en la válvula de Coroneo en Querétaro, son actos que están exclusivamente vinculados con la problemática que se vive en Oaxaca? ¿O son el inicio de una serie de atentados cuyos objetivos son crear zozobra y pérdidas económicas que se traducirían en presionar al gobierno de Felipe Calderón para responder demandas que van más allá de la problemática de Oaxaca y que todavía el EPR no especifica?

La pregunta fundamental es: ¿los autores de las explosiones son realmente miembros del Ejército Popular Revolucionario? ¿Esta célula del EPR, como ellos se denominan, tenía la anuencia de la Comandancia General del ejército? Además del EPR, ¿quién más se beneficia con estos atentados? Finalmente, ¿quiénes proporcionaron ayuda, información y acceso para poder colocar los explosivos? ¿Quién está financiando las actividades bélicas del EPR?

Las respuestas de estas últimas dos preguntas son fundamentales para establecer la capacidad real que tiene el EPR para continuar con sus actividades de “hostigamiento”. Y aunque se puede argumentar que los costos de los atentados en Guanajuato y Querétaro podrían haber sido relativamente bajos, la realidad es que la planeación de estas explosiones, en estados con poca o nula presencia del EPR, debió requerir no sólo de apoyo logístico, sino de efectivo.

Pero más allá de cuáles son las intenciones reales de los autores de la explosión de los ductos, el gobierno nacional y los estatales, incluyendo al gobierno capitalino, tienen que considerar que las acciones de sabotaje y destrucción podrían continuar. Y forzosamente tienen que asumir los costos al erario e incrementar la protección a estructuras estratégicas del país.

Y es que a diferencia de atentados perpetrados en el pasado, como el ataque con petardos el pasado 6 de noviembre a la sede nacional del PRI y a una institución bancaria, donde no hay datos precisos de quién fue, por qué lo hicieron, si hubo detenciones o si se sigue un juicio, en el caso de estos últimos atentados a Pemex el impacto de los daños sí es importante, hay un señalamiento y adjudicación de los ataques y, además, pérdidas económicas importantes. Canacintra calcula que diariamente pierden entre 50 y 100 millones de pesos diarios con una afectación a mil empresas en cuatro estados de la República. Esto no permitirá que el gobierno, en lo oscurito, resuelva el problema mediante una negociación.

Habrá muchas presiones nacionales e internacionales de que se identifique y detenga a los autores y sus cómplices, buscando un castigo ejemplar. Los más interesados en esto deberían de ser los del mismo sindicato de Pemex, cuyo gremio se encontraría en grave peligro si es que grupos armados en México perciben a la paraestatal como un objetivo fácil.

Otra pregunta que urge respuesta: ¿qué pasos tomará el sindicato a la luz de estos atentados?

Probablemente el efecto más preocupante, más allá del impacto económico y la reacción confusa del gobierno federal, es que lo sucedido en Guanajuato y Querétaro es un mensaje que a todos nos debería de preocupar: una de las infraestructuras más importantes del país, que es Pemex, es un objetivo fácil para grupos criminales nacionales e internacionales.

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Analista política