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Enrique Berruga Filloy

Mal Consejo

Diplomático y escritor. Representante Permanente de México ante la ONU de 2003 a 2007. Embajador de México desde 1995. Fue Subsecretario par ...

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    07 de julio de 2007

    Hay quienes se preguntan por qué deben interesarse los mexicanos por los derechos humanos en otros países: unos muy distantes como Corea del Norte o Zimbabwe y otros más cercanos como Cuba. En la era dominada por el PRI resultaba más o menos comprensible que surgiera esta pregunta. La idea básica era que si México no se pronunciaba sobre los asuntos de otros países, esos países se harían de la vista gorda frente a los pecados nacionales. Dando y dando.

    Esto ha cambiado. Hoy se comprende que en la medida en que estas prácticas no sean toleradas en ninguna parte, tampoco ocurrirán en México. Frente al uso discrecional del poder de algunos caciques, gobernadores o altos funcionarios, la mejor defensa con que cuenta la ciudadanía es llevarlos ante la justicia nacional y, si falla, tener la capacidad de someterlos ante instancias internacionales. Los yugoslavos no tenían medios internos para juzgar a Milósevic; él controlaba el aparato entero de justicia. Su única alternativa consistía en presentar cargos contra el tirano en foros internacionales. Y así lo hicieron.

    La impartición de la justicia en México es uno de los grandes rezagos nacionales. Parece avanzar en la dirección correcta, pero a pasos de tortuga. Mientras la tortuga llega a la meta de establecer un sólido estado de derecho, más nos vale asegurar que la estructura internacional jurídica y de derechos humanos sea lo más fuerte y expedita posible. Es bueno para México y para el mundo.

    Si desviamos la mirada y a través de nuestras posturas diplomáticas pretendemos que no existen graves violaciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo, estaremos debilitando un orden internacional que tarde o temprano puede ser de urgente necesidad para quienes en México vieran violadas sus garantías y no reciban respuesta de las instancias nacionales. Así, más allá de consideraciones éticas —que ya serían suficientemente poderosas—, conviene a los mexicanos interesarnos por un orden mundial que en su momento puede auxiliarnos.

    Hasta ahora el gran paso en la reforma de la ONU fue sustituir la desprestigiada Comisión de Derechos Humanos por un Consejo más fuerte y más justo. Los cubanos siempre insistieron —con razón— que una de las mayores injusticias que cometía la Comisión era poner en el banquillo de los acusados a los países pequeños, omitiendo las violaciones cometidas por los estados más grandes y poderosos. Sus diplomáticos nunca entraban en detalles para no caer en el riesgo de meterse un autogol. Pero en el fondo lo que querían decir era que a ellos sí los acusaban de encarcelar sin juicio previo o de reprimir la disidencia, pero no se aplicaban los mismos raseros para acusar a EU por Guantánamo, a los rusos por Chechenia o a los chinos por la represión en la Plaza de Tien An Men. Los cubanos y otros países de peso más liviano se quejaban de la “selectividad” con que operaba la Comisión.

    Tomando esto en cuenta se dio el gran paso de eliminar la Comisión y crear el flamante Consejo de Derechos Humanos, que México presidió en su primer año de vida. Precisamente para evitar la “selectividad” a la que se referían los cubanos y la posibilidad de que se diera un trato diferenciado a unos países frente a otros, el Consejo debía aplicar un examen periódico universal, mediante el cual todos los estados pasaran a la báscula de una revisión mundial. Todos parejos.

    Ahora nos enteramos que el Consejo decidió exonerar —sin mayor explicación— a Cuba y a Bielorrusia de la lista de examinables. A pesar de la crítica que Cuba siempre hizo de la “selectividad”, el gobierno de La Habana festejó que se restaurara ese nocivo criterio, sólo porque esta vez le resultaba conveniente. ¿En qué quedamos?

    El punto central para el despegue correcto del Consejo era justo la aplicación de ese examen, sin excepciones, a todos los miembros de la ONU. Pero, lastimosamente, el Consejo cayó de inmediato en las viejas mañas de escoger cuáles sí y cuáles no debían pasar a la famosa báscula. ¿Qué habrá pasado en Ginebra? Nos quedaremos sin conocer la evaluación que haría el mundo sobre los derechos humanos en Cuba y Bielorrusia. Pero eso, hasta cierto punto, es lo de menos. El daño mayor es que, una vez abiertas las compuertas de exclusiones y excepciones, cualquiera podrá negarse —con razón— a que ese examen se le practique. Algo muy serio o muy equivocado debió ocurrir… pero no sólo en Ginebra.

    Una delegación de 33 legisladores mexicanos, de todos los partidos, asiste en estos momentos a La Habana a una reunión interparlamentaria. También por la parte cubana asistirán representantes de todos los partidos, de sus diversos medios de comunicación y en las afueras de la asamblea popular habrá vallas para contener a los manifestantes. Antes de salir hacia Cuba, algunos de nuestros legisladores se dijeron aliviados porque en la agenda binacional ya no habría necesidad de discutir el espinoso tema de las resoluciones internacionales sobre derechos humanos.

    Podemos concluir que el tema no figura en la agenda debido a que existe una gran normalidad en la materia, que por ello hizo bien el Consejo de la ONU en eliminar los casos de Cuba y Bielorrusia (antes, por ejemplo, que los más graves de Suecia o Nueva Zelanda) y que el sistema mundial de los derechos humanos está más sólido que nunca. Podremos también concluir que una relación bilateral prevaleció sobre los intereses nacionales y sobre la necesidad —para los mexicanos— de contar con un orden internacional de derechos humanos creíble y solvente. Este es un mal Consejo.

    Miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas



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