Opinion

Finalmente el jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, dio a conocer ayer en Monterrey un llamado a que limpiemos a México de la avalancha de drogas, atendiendo al consumo, la parte de la ecuación ignorada en estos largos meses de operativos producto, lo sabemos ahora, del reconocimiento de la PGR en documentos oficiales de que bandas delictivas habían desestabilizado al país con sus acciones.

La nueva fase de esta campaña se dirige a fortalecer la vigilancia en las escuelas, de primaria a preparatoria, para evitar que los narcotraficantes inicien a los menores en el consumo de estupefacientes, e incluye la revisión médica de los alumnos de 8 mil planteles educativos, con la anuencia de sus padres.

El 20% de los escolares afirma haber visto que alguno de sus compañeros porta armas, y 4 de cada 10 niños han visto la droga. Estadísticas que sustentan la preocupación, pero no han de ser excusa para pasar por encima de los derechos humanos de cualquier estudiante.

El programa Limpiemos México comprende un proyecto de recuperación, otro de escuela segura y uno más de atención de adicciones y salud mental. Claramente la acción prevista no presenta visos de ser represiva, pero habrá que estar atentos a que no se desvirtúe. Alejarlos de las adicciones atendiéndolos y rehabilitándolos, no reprimiéndolos.

Calderón convocó también a los gobiernos estatales y municipales a coordinarse con los federales en la acción contra las drogas. La convocatoria es importante porque no es raro que los agentes federales actúen en los estados sin siquiera el conocimiento de las autoridades locales, como ocurrió a principios de año en Veracruz y provocó una protesta del gobernador Fidel Herrera Beltrán. Un sentimiento de mutua desconfianza estorba la concertación operativa y no debe caber en un asunto de tal importancia el jaloneo burocrático entre niveles de gobierno, sea por auténtica preocupación respecto a la división de potestades o peor, por protagonismos políticos.

El momento es grave. La Procuraduría General de la República (PGR) resume en un informe el modus operandi de los sicarios, que en grupos armados de 30 controlan sus territorios en 10 estados: Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Notoriamente, las costas y la frontera norte.

Se reconoce que estas conductas provocan la desestabilización en los estados. y se explica que se haya recurrido a las fuerzas armadas para enfrentarlos. Información obtenida por EL UNIVERSAL con base en la Ley de Transparencia refiere el nivel de peligrosidad con el que el gobierno calderonista evaluó el tema.

También en el Distrito Federal hay preocupación y acciones concretas, al grado de que quienes históricamente como partido han sido críticos del papel en México de la DEA, la agencia contra narcóticos estadounidense, han hecho pública la cooperación que recibirán de ella para entrenar agentes capaces de detectar nuevas modalidades de drogas sintéticas que poco a poco desplazan a las más tradicionales, como mariguana, cocaína, hachís y crack.

La magnitud del reto requiere integralidad. Escuelas seguras sí, en ciudades seguras con cooperación internacional transparente e información pública de los pasos seguidos, en tres palabras: seguridad en democracia.