Opinion

Eduardo Rodríguez es un mexicano con una familia como hay muchas en nuestro país; un hombre que tuvo que hacerse cargo de su madre y sus hermanos a la muerte de su padre; que colaboró en el rescate de sus conciudadanos durante el terremoto de 1985; que tuvo que marcharse a EU para buscarse la vida y mantener a los dos hijos producto de su primer matrimonio. Hasta aquí se trata de una historia como miles, como millones. Eduardo enfrenta un juicio, desde hace cuatro años, por homicidio en primer grado -algo similar al homicidio agravado en la legislación mexicana-; su defensa está a cargo del defensor público. Florida, estado donde está recluido Eduardo, aplica la pena de muerte para ese tipo de delitos y, según cifras oficiales del propio estado, hay 398 personas en espera de ejecución.

Así, las cosas no parecen fáciles para Eduardo y, en esta serie de lugares comunes que por lo mismo pasan desapercibidos para la mayoría, las autoridades estadounidenses no contribuyen a que este expediente judicial se resuelva de la mejor manera; el juicio de Eduardo se ha convertido en una larga batalla contra un sistema cruel e inequitativo.

Ante la perspectiva de que el juez dicte como sentencia la pena capital, la familia en México y el defensor público han puesto su esperanza en el recurso de la mitigación: demostrar la existencia de atenuantes dentro de la personalidad del acusado, probando que no se trata de un sujeto peligroso por sí mismo. Para ofrecer esta prueba, el abogado de Rodríguez requería de la participación de la familia de México; su oficina giró las notas explicativas del caso, pero la embajada de EU denegó la visa a cada uno de los testigos que la solicitaron, y la propia SRE no pudo obtener una visa humanitaria para ellos; la premura y los tiempos procesales que se consumían llevaron a la causa a ensayar una solución imaginativa: que los mexicanos rindieran, desde su país, su testimonio a través de una videoconferencia. La defensa ofreció la prueba en esos términos, la fiscalía no la objetó y el juez acordó su celebración.

El abogado de la defensa solicitó a la Facultad de Derecho de la UNAM que la comparecencia de los testigos se realizara desde sus instalaciones; el 18 de junio se realizó el acto procesal, convirtiendo virtualmente la sala del Consejo Técnico de la facultad en el estrado de un tribunal en EU. No tenemos noticia de algo así en el pasado.

El hecho es que la idea de cooperación internacional, de apoyo universitario y de ayuda a los connacionales en el extranjero bien puede realizarse a través de acciones eficaces, que no requieren de grandes discursos ni del concurso de muchas personas, aunque sí de voluntades dispuestas a prestar la ayuda.

Las reflexiones que se siguen de este hecho son varias: sobre el tema de las excesivas formalidades en los procedimientos; nuestra idea de las nuevas tecnologías y la forma en que sirven a la sociedad; el papel de la universidad, sobre todo de nuestra universidad pública, en sus relaciones con la sociedad; la corteza de las familias mexicanas divididas por la frontera; incluso, el poder de nuestro idioma: mientras se desarrollaba la audiencia en inglés, con un intérprete, sucedió en varias ocasiones que juez, fiscal y abogado cruzaran palabras en castellano, con lo que el idioma oficial de EU quedaba, en el fondo, como una formalidad de aquellas que en ese momento estábamos tratando de combatir. No podemos saber con precisión la suerte futura de Eduardo Rodríguez, pero su familia sabe bien que no está sola y que la UNAM está al pendiente.

fsm@derecho.unam.mx

Abogado