Opinion

Ahora sí ya viene la propuesta de Agustín Carstens para la reforma fiscal. El secretario de Hacienda y Crédito Público ha invertido largas horas para sacar un consenso entre las principales fuerzas políticas a propósito de este tema. Un grupo selecto de legisladores y de funcionarios pertenecientes a su dependencia llevan trabajando cerca de seis meses para lograr un acuerdo.

Dos han sido las premisas centrales en su método de negociación: conseguir una propuesta que pueda pasar rápidamente por la Cámara Baja, y evitar que los grupos de interés y la opinión pública interfieran en la construcción de los pactos.

Para que esta iniciativa sea aprobada por el mayor número de partidos, la SHCP se comprometió, en principio, a no presentar soluciones que rebasaran las expectativas de los integrantes del grupo negociador. La consigna ha sido contar con una propuesta ´posible´ que, por sus contenidos, no levante demasiadas olas, ni genere oposiciones irremontables.

Carstens no quiere repetir el mal trago de la derrota que hace tres años enfrentara el gobierno de Vicente Fox. Ahora la SHCP se ha cuidado de proteger la negociación frente a potenciales interferencias externas. La discusión se ha llevado a puerta cerrada, evitando en todo momento que otros interesados irrumpan con sus argumentos críticos o con sus inconformidades.

La velocísima ruta por medio de la cual se aprobaron las reformas a la ley del ISSSTE, pareciera ser el referente idóneo para el éxito. Al igual que ocurrió con este expediente, la intensión sería contar con un acuerdo mínimo que, sin mayor trámite, permita abordar el tema fiscal en las comisiones parlamentarias, para luego votar la iniciativa, lo más ágilmente posible, en el pleno de la Cámara de Diputados.

Con esta hoja de ruta es muy probable que el secretario Carstens se vaya a salir con la suya. Tendrá una reforma que presumirle a su jefe, Felipe Calderón Hinojosa, y también a los socios comerciales de México que, desde todos los frentes, tanto le han venido reclamando. Sin embargo, precisamente por el método elegido, es de temerse que el producto final termine siendo de parca envergadura.

Cerrar las puertas a los grupos interesados en la reforma fiscal no asegura que éstos no impongan sus preferencias en la negociación. Lo único que se logra con esta estrategia es reducir el número de los asistentes a la formulación de los acuerdos. No ha de perderse de vista que, mientras los sectores mejor organizados cuentan con una eficiente y fluida comunicación con la Secretaría de Hacienda, y también con los liderazgos parlamentarios, el resto de la población no goza de las mismas prerrogativas.

En un esquema cerrado y poco transparente de negociación, los grupos que cuentan con mayores recursos políticos y económicos suelen salirse con la suya, al tiempo en que los sectores desorganizados y alejados de los circuitos de poder quedan condenados a la derrota.

En el tema fiscal, esta distinción es idéntica a la que se puede hacer entre los productores de la riqueza y los consumidores de bienes y servicios. Los primeros siempre estarán mejor organizados y contarán con mayores herramientas económicas para presionar políticamente a las autoridades, en comparación con los segundos.

No se trata de un asunto de eficiencia económica, sino de una cuestión clásica de economía política. Si sólo los productores de la riqueza (empresarios, financieros, inversionistas) cuentan con acceso a las negociaciones, lo más probable es que la reforma hacendaria que se produzca termine beneficiándoles únicamente a ellos.

En sentido inverso, porque los consumidores no tienen entrada a la discusión - tal y como ha sido el caso a lo largo de la historia fiscal de los últimos treinta años en nuestro país- la mayor carga tributaria terminará recayendo sobre sus espaldas.

Para clarificar esta cuestión basta con revisar las siguientes cifras proporcionadas por el ITAM: en la actualidad, de cada 10 pesos que aportan los contribuyentes privados al gasto federal, seis pesos provienen de los asalariados, tres pesos con 70 centavos de las personas físicas (profesionistas liberales, comerciantes por cuenta propia) y sólo 30 centavos de las personas morales (las empresas).

Valga subrayar el hecho: en materia de impuestos directos (ISR), los capitales grandes y medianos de la órbita privada sólo están aportando 30 centavos de cada 10 pesos recaudados. Nada indica que en la nueva propuesta fiscal este hecho vaya a cambiar. Si los grupos de interés vinculados a la empresa consiguen lo que siempre han obtenido, los regímenes de excepción y el sistema de consolidación que hoy les benefician, permanecerán intocados.

En revancha, el incremento sobre la recaudación volverá a plantearse a partir de los impuestos indirectos. Esto quiere decir que, otra vez, será sobre el IVA, sobre los impuestos especiales, sobre la transferencia de activos y sobre el consumo final, donde recaerá la mayor parte de la carga fiscal propuesta por el actual gobierno.

De poco importará entonces que esas medidas profundicen la desigualdad en México; tampoco tendrá relevancia que seamos un país donde la carga impositiva sobre el producto sea una de las más bajas en el mundo; ni que, en consecuencia, la solución económicamente eficaz para resolver la anemia del sistema fiscal mexicano se encuentre fundamentalmente en crecer la recaudación del impuesto sobre la renta.

Desde finales de los años 70, en México nos acostumbramos a resolver los ingresos del Estado a partir de los impuestos indirectos. La razón central, como bien lo advirtiera recientemente en estas páginas el ex secretario de Hacienda David Ibarra no ha sido económica, sino eminentemente política.

Para los gobernantes es más fácil neutralizar las presiones provenientes de los consumidores o de quienes perciben ingresos reducidos, que las ejercidas por los empresarios o los grandes inversionistas. Los primeros no pasan de hacer pálidos aspavientos, los segundos, en cambio, cuentan con verdaderas herramientas para meter en jaque al Estado.

Sin embargo, si esta es la situación que de nuevo determina la frontera de posibilidades para resolver la cuestión fiscal en nuestro país, habremos todos pronto de lamentarlo. La política democrática no puede seguir siendo un producto de la manipulación o del chantaje de los pocos, que invariablemente se juega en detrimento de la calidad de vida y el futuro de los muchos.

Analista político