Opinion

Una de las discusiones históricas más importantes sobre las libertades de los mexicanos está a punto de llegar a una conclusión. Muy probablemente durante esta semana que comienza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre la inconstitucionalidad de las reformas a las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión.

En su día, los defensores de Ley Televisa ametrallaron con argumentos que en todo tenían que ver con los temas vinculados al desarrollo tecnológico y a los mercados económicos. Sin que nada los detuviera, lograron convencer a los legisladores de que era solamente en el campo de tales coordenadas donde tenía sentido sostener este debate.

A diferencia de su contraparte parlamentaria, los ministros de la Corte no cayeron en la misma trampa. El Pleno de esta instancia ha considerado que el análisis de la legislación en cuestión debe hacerse, sobre todo, desde el terreno y los principios que regulan a los medios de expresión.

La sentencia es del ministro Góngora Pimentel: "En este debate la libertad de expresión debe ser la brújula que guíe nuestros pasos".

Citando a Luigi Ferrajoli, este ministro expresó hermosamente su argumento: es un acto vergonzoso que se apele únicamente a la ley del mercado como si la libertad de información fuera sólo un corolario del principio de la libre competencia.

"¿Se trata únicamente de antitrust, o también y en primer lugar, de un problema autónomo de libertad y democracia?".

El problema central de la ley es que reduce el número de medios con los que podemos contar para manifestar nuestras opiniones y puntos de vista. Y es que, si no hay pluralidad de medios, se niegan las condiciones indispensables para que se produzca la pluralidad de las expresiones.

Con esta premisa en las manos, los ministros han declarado inconstitucionales -entre otros preceptos- la incertidumbre jurídica en que la ley de medios dejó a los permisionarios, y la perpetuidad en la propiedad de las frecuencias radioeléctricas que ese mismo ordenamiento pretendió otorgar automáticamente a los actuales concesionarios.

Con ambas declaratorias provisionales de inconstitucionalidad, los ministros han exhibido las grandes lagunas y los amplios vicios que esta pieza legislativa posee -desde el primer día en que fuera aprobada- y que los necios legisladores quisieron voluntariamente desoír porque eran otros asuntos, muy suyos y muy particulares, los que los traían más preocupados.

Con respecto al primer tema, el Pleno interpretó como inconstitucional el que se hubiera dejado jurídicamente desprotegidos a los permisionarios. Mientras la ley se esmeró en ofrecer todas las garantías legales a los concesionarios privados, optó por hacer lo opuesto en el caso de la radio y la televisión que opera bajo el régimen de permisos.

Se ofrecieron todas las garantías a las empresas privadas como Televisa, TV Azteca o a las principales cadenas radiofónicas, pero se olvidó proteger, por ejemplo, al Instituto Mexicano de la Radio (Imer), o a las televisoras del Estado como el Canal 11 o el Canal 22. Seguridad jurídica para los privados y pantanosa arbitrariedad para las entidades públicas, sería el resumen de la opinión de los ministros.

En palabras de Mariano Azuela, es verdaderamente curioso que lo comercial, lo que es para especular y ganar dinero, haya quedado bien resguardado, mientras las estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan las entidades y organismos públicos quedaran sometidas a un régimen de tanta discresionalidad.

Es claro que el propósito de la Ley Televisa no sólo fue excluir a los futuros competidores privados del mercado de las frecuencias radioeléctricas terrestres, sino también a los permisionarios que, por mandato de ley, deberían jugar un papel privilegiado en la construcción de un espacio público donde prevalezca la pluralidad.

El otro gran tema debatido esta semana fue el del refrendo automático que las reformas cuestionadas ofrecieron a los concesionarios privados. En esta discusión, nuevamente los ministros declararon inconstitucional los preceptos previstos por la ley de medios.

Para el ministro Góngora Pimentel, la posibilidad de refrendar automáticamente y por un número ilimitado de veces la concesión del espectro para la radiodifusión, viola las garantías constitucionales de igualdad, de libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa y el acceso equitativo a los medios de comunicación, y también atenta contra los valores democráticos y de pluralismo que inspiran a la Constitución:

"No se trata de borrar del mapa a ningún sector de la radiodifusión, porque eso sería pasar de un extremo al otro, lo que debe establecerse es un marco que permita racionalizar y hacer más equitativa la administración del espectro, de manera que en él tengan cabida la mayor cantidad de voces de las tantas que conforman a nuestra nación pluricultural".

Cierto es que el refrendo automático al infinito, sin licitación ni revisión, sólo perpetúa el control del espacio radioeléctrico que hoy poseen un puñado de actores económicos.

Durante las sesiones del martes y del jueves de la semana pasada fue derrotada, en sus términos más sensibles, la ley de medios. Aún falta la última estocada que seguramente caerá esta semana, cuando el Pleno de la SCJN revise el artículo 28 de la Ley de Radio y Televisión; aquel donde el legislador prácticamente regaló a los concesionarios privados el uso del espacio radioeléctrico que se irá liberando gracias a la mejora tecnológica conocida como digitalización.

Una vez desahogada la discusión que los ministros han celebrado a propósito de cada una de las partes de la ley, el Pleno procederá a revisar el conjunto de los temas, o lo que en la jerga de los tribunales se denomina, "concluir con el engrose". Ahí todavía pueden surgir algunas sorpresas, pero muy difícil sería que éstas ocurrieran en un sentido contrario a las votaciones provisionales que ya se celebraron.

Hoy los mexicanos contamos con una Suprema Corte de Justicia de la Nación que dignifica a la República.

Analista político