Opinion

¿Cuáles deben ser las consideraciones a tomar por las tres ramas del poder y por la sociedad civil ante el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el combate contra la inseguridad y la criminalidad que vive el país?

Para los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue fácil aprobar un exhorto, el pasado 23 de mayo, exigiendo el retiro del Ejército de las tareas de seguridad pública. Posición muy diferente a la tomada por los 30 gobernadores que esta semana participaron en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), quienes respaldaron la estrategia del Presidente de usar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.

En términos claros, pareciera como si para los legisladores el uso de las Fuerzas Armadas fuera un debate académico, mientras que para la mayoría de los gobernadores una cuestión práctica, pues del éxito o fracaso de la estrategia de seguridad pública del Presidente depende el futuro político de los gobernadores, y hasta sus vidas.

Y es que hay una consideración fundamental que define si deben o no participar las Fuerzas Armadas en los operativos en los estados: ¿el comportamiento actual de los grupos del crimen organizado es una amenaza a la seguridad nacional? Si la respuesta es no, entonces la estrategia del Presidente pierde piso jurídico y político.

Al igual que en la mayoría de los países del continente, en México el concepto de seguridad nacional es un término confuso, controversial y político. Esta polémica es resultado del uso que se le dio al término de "seguridad nacional" durante la guerra fría, cuando sus estrategias se utilizaban para debilitar procesos democráticos, para apoyar a los gobiernos militares y para permitir la injerencia extranjera en asuntos internos. En general, este concepto sigue recordando una época en que por "defender" al Estado había que reprimir al pueblo.

Parte del problema es que hay que resolver quién define qué es una amenaza a la seguridad nacional en un país. En principio, tal definición corresponde al Presidente, pero es indudable que, en una democracia, los medios de comunicación, otros actores políticos y los ciudadanos tienen un papel en definir qué representa una amenaza nacional.

Para definir si los narcotraficantes son una amenaza a la seguridad nacional es importante encontrar respuestas a las siguientes interrogantes: ¿qué interés nacional se verá amenazado por estos grupos y por las ejecuciones masivas que vemos en el país? ¿Qué es lo peor que podría suceder si el Ejecutivo no toma los pasos necesarios para enfrentar esta amenaza a corto o largo plazo?

Hasta la fecha la razón fundamental de la participación de las Fuerzas Armadas en lo que parecen actividades de "seguridad pública" es porque "no nos queda de otra", argumento que es real, pero que no se ha explicado con claridad. Los que critican la decisión del uso militar en el combate de estos violentos grupos del crimen organizado necesariamente tienen que resolver el dilema de si no son las Fuerzas Armadas, ¿quién? ¿Es suficiente la capacidad de las corporaciones policiacas para enfrentar esta amenaza?

A seis meses de que el Presidente Felipe Calderón le declarara la guerra a la inseguridad, todavía no hay claridad sobre cuál es la estrategia a mediano y largo plazo, más allá de los operativos en los estados.

Y tal vez lo que ha faltado no sólo es una declaratoria "oficial" con una explicación detallada de por qué son estos grupos una amenaza nacional, sino también ha sido inexistente el debate público para educar y justificar por qué se requieren mecanismos extraordinarios por parte del gobierno, incluyendo el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentarlos.

Y ante la posibilidad real de que esta "guerra" sea sexenal, y de que los recursos que requerirá el Estado para enfrentar a estos criminales sólo se incrementarán, además del número de víctimas civiles y militares, el desgaste del gobierno será enorme. Las encuestas en poco tiempo cuestionarán la estrategia de la Presidencia si es que no se presenta con contundencia la necesidad de usar estos mecanismos extraordinarios y la estrategia que deberá abordar el gobierno para enfrentar estas amenazas. Lo más peligroso para la seguridad nacional es que la población pierda fe en la capacidad del gobierno para protegerlos.

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Analista política