Opinion

La autoridad del Estado mexicano se ha constituido históricamente en oposición a los poderes fácticos. Para que naciera fue necesario enfrentar, durante el siglo XIX, a los intereses de los extranjeros y de la Iglesia católica. Tomó todo el siglo XX colocar al Ejército y al partido hegemónico bajo el gobierno de las instituciones legales. Ahora, el reto más relevante será someter a los actores económicos y, en particular, a los medios masivos de comunicación, al imperio de las leyes.

Cada uno de estos poderes fácticos ha pretendido utilizar a los gobernantes para poner al Estado al servicio de sus intereses. Y cuando las instituciones no cuentan con suficiente autonomía para asegurar el imperio y el ejercicio de las leyes, los objetivos particulares terminan gestionado una distribución asimétrica de los bienes.

La autonomía de los poderes públicos frente a los intereses parciales es un requisito ineludible para lograr que cada gobernado cuente con condiciones similares a la hora de acceder a los beneficios producidos por su comunidad. Y todavía más, es exigencia para que los derechos y las libertades de la persona puedan ser vividos plenamente.

Sin autonomía del Estado frente a los poderes fácticos, la autonomía de los individuos se vuelve inalcanzable. Los ciudadanos estarán siempre sometidos a las arbitrariedades y limitaciones impuestas por una voluntad ajena y carente de legitimidad social.

Hace muy poco tiempo, cuando el país experimentó el fin de la era del partido cuasiúnico, los mexicanos nos topamos con una nueva agenda relativa a la consolidación de la autonomía del Estado: la pluralidad partidaria y la efectiva división de poderes -si bien esenciales para la democracia- trajeron consigo sus propios problemas.

Mientras las instituciones constitucionales se reformaron, la gran mayoría de los poderes fácticos se mantuvieron intactos. En efecto, el Estado cambió de naturaleza, pero no ocurrió lo mismo con el resto de los actores particulares que también influyen en el gobierno de los asuntos que son de todos.

Ni la alternancia en el Poder Ejecutivo, ni la diversificación de los intereses representados en el Parlamento, ni el surgimiento de los nuevos órganos del Estado, ni la efectiva división de poderes, se han convertido en hechos relevantes para que los sindicatos se democraticen, el poder económico se disperse, o los espacios mediáticos para la deliberación se pluralicen.

Al poder del presidente se le opuso el contrapoder del Parlamento, a la mayoría congresional se le enfrentó con el peso de las minorías legislativas, a las facultades de la Federación se les equilibró con el poder de los gobiernos locales, y al Estado en su conjunto, se le sometió al control de legalidad que ejerce la Suprema Corte de Justicia.

Y sin embargo, ¿qué influencia ha tenido esta transición para ecualizar a los poderes particulares? Prácticamente ninguna. En realidad ha ocurrido lo contrario: la diversificación del poder dentro del Estado ha sido una de las razones principales para que los particulares lo tomen por asalto.

Un ejemplo claro de este hecho es la creciente influencia que los dueños de los medios electrónicos han adquirido sobre las decisiones del poder político. Muy significativamente, la fuerza que ha acumulado la principal televisora del país.

Durante el año pasado, esta empresa doblegó las voluntades de los legisladores y de los partidos con el objeto de hacer pasar una iniciativa proteccionista a su favor. No contenta con el resultado, luego procedió a definir los nombramientos de los funcionarios que integraron al órgano regulador de las telecomunicaciones, la radio y la televisión.

Entre otras cuestiones, su impresionante poder deriva del papel que la televisión ha adquirido para influir sobre los resultados electorales. Siendo los medios de comunicación el espacio privilegiado para la deliberación, son sus propietarios quienes pueden definir, por encima de los demás, lo que se discute y lo que no, lo que se ensalza o se silencia, lo que se aprecia o se destruye.

En este contexto, para evitar la vulnerabilidad del Estado, las instituciones deben asegurarse de que, al poder de cada empresa mediática se le oponga el contrapoder de muchas otras empresas mediáticas. Es decir, someter a los poderes fácticos a la misma dispersión y reequilibrio experimentados por los poderes constitucionales.

Otra herramienta que serviría para este propósito sería reducir al mínimo la libertad de los partidos para participar, durante las campañas políticas, en la compra de tiempos comerciales. Resulta obvio que ese cuantiosísimo mercado ha servido para lesionar la autonomía de los representantes y gobernantes del Estado en la nueva era de la política mediática.

Sólo durante la contienda electoral de 2006 fueron transmitidos 755 mil spots publicitarios. Lo más alarmante es que, según los datos que hoy mismo dará a conocer oficialmente el Instituto Federal Electoral, alrededor de cuatro de cada 10 de tales anuncios presentan irregularidades. No fueron reportados por los partidos ante la autoridad durante el periodo de fiscalización.

Se trata de un serio problema de rendición de cuentas pero, sobre todo, de un asunto que previsiblemente dañó la equidad de la contienda. Mientras el PRI y el PAN fueron los partidos que, en la radio, se beneficiaron con el mayor número de spots ilegales, en el caso de la televisión fueron el PRI y el PRD los paladines de esta arbitrariedad.

Si como los partidos argumentan, no fueron ellos quienes hicieron la compra ilegal de estos instrumentos de campaña, falta todavía por saber quiénes les tendieron la mano. ¿Fueron los gobiernos locales? ¿Fue el gobierno federal? ¿Fueron las bancadas parlamentarias? ¿O se tratará de regalos ilegales que los propios dueños de los medios de comunicación hicieron a sus candidatos favoritos?

En las próximas semanas, al IFE le corresponderá investigar el origen de esta violación cuya proporción es mayúscula. Luego habrá de sancionarse severamente a los partidos, porque ellos son lo únicos responsables de lo sucedido según la legislación actual.

No obstante, mientras en México las fuerzas políticas sigan dependiendo de la compra de publicidad para asegurar su sobrevivencia, los propietarios de los medios podrán continuar vulnerando abusivamente la autonomía del Estado mexicano.

Analista político