Opinion

Asistimos estos días al espectáculo de la demolición plástica del Estado, que de modo cotidiano nos golpea mediante la brutal eliminación de quienes lo encarnan. Todos los análisis sobre la preeminencia de los poderes fácticos sobre las instituciones públicas, como fruto podrido de la era neoliberal, se están cumpliendo en México con la fatalidad de las profecías. Lo más grave es la pérdida de la esperanza, aun entre los optimistas.

El pundonoroso comentarista René Delgado ha escrito que tres poderosas fuerzas ocupan hoy los espacios políticos: los medios electrónicos de comunicación, las Fuerzas Armadas y el gremio magisterial. En el peligroso juego que promueven no aparecen los partidos, el Congreso ni el gobierno. Concluye que asistimos a un torneo de poderes reales "donde la República no es sino la arena". Me permitiría matizar: el campo de batalla es el país y la República se disolvió en arena.

No alude a la ilegitimidad de origen del gobierno en funciones ni a la pesada carga de las deudas electorales que incrementan dramáticamente su vulnerabilidad. Describe un Ejecutivo paralizado ante una responsabilidad que lo rebasa, altos funcionarios carentes de personalidad y la política desaparecida en el gobierno; nulo interés por otros campos de la administración que no sean la seguridad y un panorama de contradicciones en el que no asoma "la organización, la inteligencia ni el proyecto".

Comenzaré por la última de esas patologías: el secuestro del sistema electoral y de la educación nacional por una gavilla de forajidos escudados en el gremialismo. Se trata de un fenómeno paradigmático, porque en ambas esferas actúan con ostensible ilegalidad y absoluta impunidad. Su capacidad para infiltrar peones en la organización de los procesos comiciales y luego de corromperlos les es retribuida con parcelas sustanciosas de poder público, que a su vez retroalimentan tan vulgar mercenariato.

Una de las mayores corruptelas de estos tiempos es la ocupación de los espacios de mando precisamente por aquellos que debieran ser sujetos de su regulación. Ese es el objetivo que persiguen quienes influyen torcidamente en la elección de autoridades, llámense crimen organizado, interés económico u organización corporativa. El problema es mayor en tanto más relevante es la función de Estado que se pervierte. En el caso de la educación, he dicho que constituye una genuina tragedia nacional.

No es extraño que esta alerta haya llegado a las puertas de la proyectada reforma del Estado. Quienes aprestan en este momento sus propuestas están en la búsqueda de fórmulas legales capaces de blindar a las instituciones contra semejantes degradaciones. Coinciden en que es indispensable atajar la influencia del dinero en la formación del poder, cuando menos a través de la prohibición del uso comercial de la radio y la televisión con propósitos electorales, la eliminación de las aportaciones privadas y el saneamiento de los procesos comiciales y contenciosos.

Habría que extirpar además los tumores cancerígenos ya incrustados en la administración. Por ejemplo: ¿cómo contrarrestar la influencia perniciosa de los gremios sobre el quehacer educativo y el éxtasis del favoritismo con que se apropian de los recursos públicos? Cabría pensar en disposiciones legales más estrictas, inclusive de jerarquía constitucional. Pero sería en todo caso indispensable que se acatara la norma, ejerciendo las capacidades investigadoras del Congreso, procediendo por la vía judicial, movilizando a la opinión pública y despertando las potencialidades de los padres de familia.

Por lo que hace a la guerra civil entablada entre las Fuerzas Armadas y los agentes del narcotráfico, habría de aclarar que el Ejército es en este caso el actor emergente, que bruscamente vio trocado su papel de última ratio de la soberanía en primera trinchera de la contención. El verdadero poder paralelo es la organización multidimensional del crimen, cuyas cabezas, circuitos transnacionales de acción y mecanismos operativos básicos permanecen intactos. La lección de esta aventura es que el Estado deja de serlo cuando pierde el monopolio de la violencia.

No hemos medido todavía las consecuencias presumibles del curso de acción adoptado por el gobierno. No podría afirmarse que sus decisiones se hayan beneficiado del "bono democrático", porque éste nunca existió; más bien se vieron favorecidas por el vacío político. Los partidos y los sectores críticos fueron tomados por sorpresa y actuaron con retraso y tibieza, tal vez por temor a la reacción mediática o por falta de respuestas proporcionadas a la complejidad del problema.

Muchos hemos transitado del estupor a la reflexión y no pocos a la indignación. Se suceden las denuncias, pero también las grandes preguntas: ¿por qué durante los últimos 20 años multiplicamos y diversificamos nuestra producción de estupefacientes, adquirimos centralidad en el tránsito de mercancías y en el lavado de dinero e incrementamos exponencialmente nuestro consumo? ¿Qué influencia tuvo en ello la corrupción de los altos niveles del poder, particularmente en tiempo de Salinas? ¿Qué relación guardan estos fenómenos con la apertura internacional del comercio y nuestra gradual supeditación a los intereses de Washington en la materia?

Pero también las interrogantes del futuro. Los temas cruciales a debate van de la viabilidad y conveniencia de la legalización de las drogas, hasta los requerimientos de una estrategia sofisticada que abarque las cuestiones financieras, la reestructuración y depuración de los cuerpos de seguridad pública y el combate sin cuartel a la desigualdad. El reconocimiento de una sociedad dual y de un enfrentamiento estructural, donde la iniciativa y el poder creciente están de la otra parte y el temor y desconcierto cimbran a las instituciones residuales.

En la disputa por la hegemonía de los medios, el parteaguas parecería estar colocado en la inminente determinación de la Suprema Corte, la que en el mejor de los casos apenas significaría un repunte de la decencia. Si el proyecto del ministro Aguirre Anguiano se aprobase, quedaría limitado el incremento de los privilegios, tanto por lo que hace a una tramposa convergencia tecnológica, como al carácter abusivo de las subastas y a la concesión casi automática de servicios adicionales de comunicaciones en favor de los actuales grupos monopólicos. Nada se avanza sin embargo en la recuperación de las potestades públicas sobre las concesiones a perpetuidad.

No se extraen para nada las conclusiones lógicas de la rectoría del Estado que se invoca. Seguimos entrampados en una legislación que desde sus orígenes, en 1960, careció de fundamento constitucional. Se necesita una operación de cirugía mayor que propicie la democratización de los medios, auspicie la radio y la televisión públicas, establezca una autoridad reguladora autónoma, promueva la pluralidad cultural, defienda el interés ciudadano y haga corresponder los contenidos de las emisiones con los valores y principios de la República.

Ese es el tamaño de las reformas prometidas. Esa es la responsabilidad que se deduce del protagonismo asumido por el Congreso y, tal vez, la tabla de salvación que conjure la desesperanza.

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