Opinion

Salvo que usted sea tapatío, Abraham González le resultará un perfecto desconocido. Y sin embargo, la tranquilidad o la falta de ella que los mexicanos habremos de experimentar, depende en gran medida de lo que haga o deje de hacer este funcionario. Se trata del responsable de la Subsecretaría de Gobierno, justamente la oficina de la Segob responsable de la operación política de los principales conflictos abiertos en México (desde Oaxaca y Atenco, hasta el caso de la anciana indígena en Veracruz). De Abraham González depende que estos conflictos no se conviertan en hogueras que terminen incendiando al país.

Por lo mismo llama la atención la falta de experiencia y "credenciales" de este funcionario para encarar la enorme responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Ingeniero civil de profesión, empresario, ex líder nacional de pasteurizadores de leche, apenas en el año 2000 incursionó en la administración pública, primero en la Secretaría de Promoción Económica de Jalisco y luego en la Secretaría de Administración. En ambos cargos se mostró como un buen administrador, ordenado y eficiente. Pero sin mayor experiencia en la brega política. Algo debe saber Calderón sobre González, que los demás ignoramos, para animarse a colocar en esta delicada tarea de apagafuegos políticos a un técnico en administración.

Y no se puede decir que no lo conozca. Hace tres años justamente en el rancho de Abraham González se realizó el festejo para destapar a Felipe Calderón como precandidato presidencial, pese al enojo de Vicente Fox. De hecho, aunque González formó parte del gabinete de Ramírez Acuña en Jalisco, su designación como subsecretario no obedece al ex gobernador ahora secretario, sino directamente a Calderón, a quien responde.

A pesar de tal padrino, tendríamos que preguntarnos si los mexicanos no habremos de pagar muy alto el costo de su aprendizaje en materia política. Hace unas horas lo entrevisté largamente y me quedé con la sensación de que el responsable de la operación política del país no entendía la diferencia entre mano firme y mano dura (la entrevista se transmite este domingo a las 10 de la noche por canal Proyecto 40). Sin embargo, él se mostró muy entusiasta de las virtudes del diálogo entre los actores que participan en un conflicto y está confiado en que puede aplicar el estado de derecho a satisfacción de todas las partes. Habrá que extender el beneficio de la duda.

En todo caso en materia de días sabremos si Abraham González merece esta confianza o tenemos razón para deprimirnos. El próximo 15 de mayo se vence el plazo de la combativa sección 22 del SNTE en Oaxaca, para tener una respuesta de este funcionario a un planteamiento que incluye: liberación de detenidos y eliminación de órdenes de aprehensión, cumplimiento a promesas de apoyos en plazas y recursos al sindicato, recuperación de las escuelas de manos de los maestros favorables a Elba Esther Gordillo y la rezonificación (esta última demanda fue la que detonó la toma del zócalo de Oaxaca justo hace un año).

Hace unos días, el 1 de mayo, 50 mil miembros del sindicato y de la APPO marcharon con la misma fuerza de antes. Los maestros han amenazado con suspender clases y tomar el centro oaxaqueño de manera indefinida si no obtienen respuesta favorable el 15 de mayo. Todo indica que las virtudes y los defectos de Abraham González habrán de ser llevados al límite.

El gobierno de Calderón se ha caracterizado por mostrar una gran iniciativa en materia de conflictos para evidenciar que, a diferencia de la pasividad de Fox, ahora sí hay piloto en la cabina de mando. Pero en esta prisa por ofrecer resultados han confundido la eliminación de las manifestaciones con la estabilidad. Como si la supresión de los síntomas pudiese sanar la enfermedad. Habría que asumir que los conflictos de Atenco o de Oaxaca están muy lejos de haberse resuelto. En ambos casos, las personas que se encuentran en prisión son ciudadanos correspondientes a los movimientos de protesta y no al de los policías que los golpearon, violaron o, en el caso de Oaxaca, asesinaron. Si bien es cierto que los manifestantes infringieron la ley, no es posible acreditar que se hizo justicia si sólo son castigados los delitos de una de las dos partes en conflicto.

Sofocar manifestaciones con esa estrategia inmediatista equivale a sembrar tempestades mucho más severas. Atenco es el mejor ejemplo. Lo que vivimos el año pasado se originó en un incidente menor: la relocalización de una decena de floricultores. Pero se dio en el contexto de un conflicto mal resuelto tres años antes con la comunidad de Atenco con motivo de la construcción de un nuevo aeropuerto. Con Oaxaca o la comunidad minera de Pasta de Conchos puede suceder lo mismo ahora o más tarde.

Ir por el país "resolviendo" conflictos sin ofrecer solución real a los problemas de la gente equivale a hacer del territorio un campo minado. Encarcelar a los líderes de los grupos inconformes para descabezarlos (en ocasiones sembrándoles droga, como es el caso de David Venegas, dirigente de la APPO) ofrece la engañosa sensación de que el conflicto ha desaparecido. O quizá así le parezca a un administrador, pero nunca a un buen político.

El gobierno de Calderón ha optado por proteger a ultranza a los gobernadores priístas como Peña Nieto, Ulises Ruiz y Mario Marín, en su búsqueda de gobernabilidad de corto plazo. El proceso abierto por Gobernación en contra de Brozo por la transmisión de las grabaciones entre Kamel y el gobernador poblano hace unos días revela que nos encaminamos a una nueva etapa de endurecimiento. El coscorrón a Brozo, a pesar de estar en Televisa, es un aviso a todos los medios y periodistas de que la tolerancia ha terminado: la mano firme ya es mano dura. Oaxaca está por confirmarlo. En esta ocasión quisiera equivocarme.

www.jorgezepeda.net

Economista y sociólogo