Opinion

Aunque a veces no se le percibe como tal, durante el sexenio de Vicente Fox sí hubo una reforma estructural, quizá la única de esos seis años: fue la aprobación de la Ley Federal de Transparencia, que vino a revolucionar la rendición de cuentas y reformuló en buena medida la relación entre ciudadanos y autoridades.

Pensemos simplemente en todo lo que ha pasado desde que el llamado Grupo Oaxaca comenzó a impulsar el tema en la agenda pública nacional. De cuántas cosas nos hemos podido ir enterando y qué consecuencias han derivado de ese conocimiento. O dicho de otra manera: cuántas cosas nos habríamos perdido si esa ley nunca se hubiera aprobado.

Por eso es que es de celebrarse la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al artículo 6 de la Constitución a fin de que los principios básicos en materia de transparencia sean compartidos por todos los niveles de gobierno.

¿Qué significa la reforma en cuestión? Fundamentalmente obliga a las entidades federativas, a los municipios y al Distrito Federal a incorporar estándares internacionalmente reconocidos en la materia del acceso a la información. Además, a partir de su puesta en funcionamiento la reforma permitirá que toda persona pueda solicitar información a través de medios electrónicos o remotos (internet, para decirlo rápido), cuestión que hoy está limitada en un número considerable de entidades federativas.

El gran éxito de la ley federal y de su órgano de garantía, el IFAI, ha consistido precisamente en la posibilidad de hacer llegar solicitudes de información y promover recursos a través del internet, sin que la persona tenga necesariamente que desplazarse físicamente hasta las oficinas de la autoridad para presentar un documento ante la ventanilla correspondiente.

Por otra parte, la reforma obliga a las autoridades de todos los niveles de gobierno a hacerse cargo de lo que podría llamarse "la otra cara de la moneda" en materia de acceso a la información, que son los datos personales. Es decir, en toda democracia lo público debe estar disponible para quien lo quiera ver, pero lo privado debe ser precisamente privado, alejado de la mirada pública. Esa separación entre lo público y lo privado se logra a través de la protección de datos personales, tema que la reforma introduce por primera vez en el texto constitucional.

Un tercer elemento positivo de la reforma es que dota de autonomía a los órganos que revisan la actuación de las autoridades en materia de transparencia. Algunos gobernadores, contrarios a la rendición de cuentas, han creado órganos a modo y han puesto en ellos a personas incondicionales, intentando de esa forma que cualquier caso delicado o controvertido se resuelva conforma a criterios cercanos al parecer de las autoridades, aunque de esa manera se viole el "derecho a saber" de la persona interesada.

A partir de la reforma los órganos encargados de revisar la clasificación de las informaciones y de conocer de recursos contra las negativas a informar por parte de algún órgano público serán autónomos, con lo que deberá terminarse con las simulaciones que hemos visto en estos últimos años.

Es de esperarse que el Senado se aboque con la mayor prontitud al estudio y aprobación de la reforma y que luego las entidades federativas por medio de sus congresos locales la aprueben con igual rapidez, a fin de que cualquier persona, con independencia del lugar en el que viva pueda ejercer el derecho fundamental a ser informado de las cuestiones públicas. Estamos ante un gran paso en lo que se han llamado reformas de "segunda generación", es decir, reformas dirigidas a dotar de contenidos prácticos y concretos a la democracia mexicana.

Investigador del IIJ de la UNAM