Opinion

El Estado es el terreno de la disputa entre los diferentes. Cada uno quiere ver el sello de sus intereses, identidades, convicciones y creencias impreso en las instituciones. Por eso es que la discusión sobre los asuntos públicos suele convertirse en un campo de batalla. Un lugar para una guerra que a veces es civilizada y otras, violenta.

El sistema político de una sociedad determina el carácter de la cruzada. Si se vive en democracia la disputa tiende a ser menos devastadora para los ciudadanos, en comparación con cualquier otro régimen. Bien decía Hanna Arendt, que el tratamiento democrático de los temas controversiales debe procurar la coexistencia pacífica de los gobernados.

Esto quiere decir que la democracia ha de ser entendida, sobre todo, como un método. Un conjunto de procedimientos que se basa en la deliberación razonada y razonable entre personas conscientes. Un entramado de mecanismos que hacen posible resolver ordenada y fructíferamente las controversias de los diferentes.

Quien gobierna un Estado democrático está obligado, por tanto, a garantizar que tales procedimientos y mecanismos de diálogo se cumplan, y no a imponer su propia visión de las cosas. Sólo si el mandatario se abstiene de utilizar su puesto para cargar los dados con sus valores morales, se vuelve posible que la pluralidad exprese su coloratura, y los argumentos crezcan en toda libertad. Esta premisa es válida principalmente para las cuestiones que tienen que ver con la libertad de conciencia.

Tal garantía es inexistente en un régimen donde la única voz autorizada es la del poderoso. Precisamente en este sentido fue muy alentador escuchar a Felipe Calderón el 14 de febrero de este año cuando, a propósito de la discusión sobre el VIH-sida, pronunciara las siguientes palabras: ".la única actitud responsable por parte de cualquier gobierno y de la sociedad, es proveer información objetiva y necesaria para que cada persona tome sus propias decisiones sobre su vida sexual y le lleve adelante, no sólo de manera libre, sino de manera segura".

Fueron las palabras de un sincero demócrata. Con esta premisa Calderón guardó para sí las opiniones personales que pudiera tener respecto de la conducta moral o sexual de los ciudadanos, y también dejó en claro cuáles son los límites de las tareas asignadas al Estado que él encabeza.

Sin embargo, lamentablemente luego fue incapaz de mantener la coherencia en otros asuntos igualmente álgidos y politizables de la conciencia humana como lo es la interrupción voluntaria del embarazo. El 20 de marzo se presentó con un discurso opuesto al anterior: "Yo estoy en defensa de la vida, tengo un pleno respeto por la dignidad y la vida humana, y también en ese marco creo que la legislación existente. es en este momento adecuada.".

Si una buena parte de la sociedad, 57% de los capitalinos, rechazan esa legislación, ¿por qué habrían de guardarse su opinión al respecto? Y si los legisladores locales también difieren del marco jurídico actual, ¿con qué motivos deberían mantener intocada la norma?

No hay nadie en esta discusión que esté en contra de la vida o a favor del aborto. La controversia es muy otra. Para esa mayoría no hay vida humana, entiéndase conciencia, en el vientre de una mujer hasta después de las 14 semanas de gestación. Su argumento no parte de un acto de fe sino de un razonamiento basado en fundamentos científicos. Para otros, hoy en minoría en la ciudad de México, el ser humano existe desde el momento de la concepción. Así lo creen y están en su derecho para actuar personalmente en consecuencia.

La pregunta crucial sería entonces cuál de las dos posiciones debería prevalecer en el Estado: ¿la de la mayoría o la de quienes hoy se encuentran en posición minoritaria?

Lo que ha de exigirse a las instituciones democráticas es que no se pronuncien por ninguna de las dos. Es decir, que dejen en la conciencia de cada persona el derecho a optar por una u otra convicción.

En el preciso tema de la despenalización del aborto, el Estado debería asegurar la libertad de la mujer para decidir. Y sin embargo, la actual legislación establece lo contrario. Esta es la razón principal para reformarle.

Buena cosa sería exigirle al Calderón del primer discurso que controle las incoherencias del otro Calderón; del "hijo desobediente" que quisiera bajar sus principios celestiales a la tierra.

Analista político