Opinion

Cuando era feliz e indocumentado, como diría García Márquez, escuché una cándida caracterización del libre mercado como medio para asignar recursos en una sociedad. El mercado, me decían, es como una democracia: cada dólar que se gasta es un voto para producir aquello en lo que es gastado. Si así fuera, la revista Forbes nos acaba de informar que un solo ciudadano en México, Carlos Slim, tiene 49 mil millones de votos potenciales, su riqueza neta en dólares.

Ciertamente en el mercado uno cuenta según lo que tiene, pero esto no lo hace democrático. Aun si un mexicano típico hubiera aumentado en los pasados cinco años su riqueza a la tasa a la que lo hizo Slim, 43% al año, este último contaría en el mercado 1 millón 400 mil veces lo que el primero, cuestión que no ocurre en ninguna elección democrática. Pero, ¿qué mal hay en una riqueza obtenida legalmente? ¿No se trata precisamente de que haya cada vez más ricos?

El primer problema es que el número de ricos en México en realidad ha ido disminuyendo y se ha concentrado más la riqueza entre ellos. En 1994 existían en el país veinticuatro fortunas que rebasaban los mil millones de dólares, pero para 2007 sólo había 10. Por otra parte, mientras que en 2006 los nueve multimillonarios que le seguían a Slim Helú tenían, todos juntos, dos terceras partes de lo que éste poseía, para 2007 esto se redujo al 50%

El contrapeso que pueden ejercer nueve de las personas más ricas del país sobre la que está en primer sitio es limitado, aun si se lo propusieran. Sin embargo, es más preocupante el desequilibrio existente entre los multimillonarios y el resto de la población. Las diez fortunas más grandes del país equivalen al esfuerzo productivo de toda la población de México por más de un mes. El control de recursos que esto representa es impresionante.

Sin embargo, el gran poder económico de los multimillonarios no significa necesariamente una amenaza. Warren Buffet, el segundo hombre más rico del mundo ha puesto un ejemplo claro al donar el 85% de su fortuna a fundaciones filantrópicas, la mayor parte a una que no fundó ni controla. En México, un gesto similar de los 10 hombres más ricos alcanzaría para librar de la pobreza a toda la población que la sufre, casi la mitad del país, por cerca de dos años y medio.

La dificultad más severa con las enormes fortunas es que rivalizan con el poder del Estado y permiten tener una desproporcionada influencia política sobre el marco jurídico que define su legalidad. Los multimillonarios sientan a candidatos presidenciales a firmar pactos políticos, cabildean leyes propicias para extender sus emporios o para evitar la competencia. Incluso pueden darse el lujo de criticar el modelo económico vigente y delinear el rumbo de la política social.

Las normas sociales básicas probablemente no tengan que definirse dando igual peso a la participación de todas las personas, pues tal vez no todas ellas quieran o pueden aportar lo necesario para concebirlas. Sin embargo, esto no implica que cada individuo valga para propósitos políticos fundamentales lo que ha podido acumular en pesos y centavos. En otras palabras, ser rico no implica valer más, moralmente, para asuntos sociales.

En cierta forma las inmensas fortunas en pocas manos son como los más densos objetos del universo capaces de distorsionar el espacio que les rodea: las leyes de la física siguen aplicándose a ellos, pero no son las que normalmente conocemos. Por ello, la riqueza extrema, como la pobreza extrema, debe ser un asunto de política pública.

rodolfo.torre@uia.mx

Director del IIDSES de la Universidad Iberoamericana