Opinion

U na práctica monarquista como dar una pensión discrecional a los presidentes de la República que concluyen su periodo, además de dotarlos de un costoso equipo humano y de escoltas hasta para la protección de hijos y allegados, va a concluir si, como se espera, el Senado en pleno aprueba el dictamen de la iniciativa de Pablo Gómez Álvarez. Miguel de la Madrid fue el presidente que quiso dar permanencia a esta costumbre mediante un decreto presidencial cuando, conforme a la Constitución, tal erogación debe ser materia de una ley expedida por el Poder Legislativo con base en criterios definidos y precisos, en tanto se trata de dinero del pueblo en el presupuesto anual.

La administración pública requiere para su funcionamiento -y obtener la respetabilidad- del pueblo operar no sólo con absoluta transparencia, sino con bases técnicas de análisis y valuación de puestos y escalas de sueldos y salarios, de acuerdo con el nivel de especialidad y responsabilidad del cargo. Este capítulo está desquiciado en la administración pública federal, que asigna personas a los puestos sin detenerse en si califican o no para un buen desempeño, sino por razones de recomendación o de cuotas partidistas. El resultado es desastroso porque el desempeño de muchas funciones públicas, a niveles de desconocimiento y corrupción, causa altos costos al ciudadano, y afectan la moral y el ambiente hacia adentro de la burocracia, que sabe que no es la calidad y eficiencia lo que se reconoce, y hacia afuera porque el público se siente impotente frente a la incapacidad e indolencia en el manejo de sus asuntos y en la prestación de servicios públicos.

Por ello es un acierto que tendrá gran trascendencia el que se regulen con claridad, por el Congreso, los niveles de sueldos y salarios, y se pueda establecer algún sistema de calificación de desempeño para que quienes en la administración pública no cumplan debidamente sus responsabilidades, sean separados, así se trate de los mismos recomendados del Presidente, incluyendo a secretarios de gabinete (directores de paraestatales y cualquier cargo de designación) a los que el pueblo no tiene por qué pagar si no trabajan con probidad y con resultados satisfactorios a favor del ciudadano. Esta, que debería ser la tarea principal de la Secretaría de la Función Pública, ha quedado relegada por la prevalencia de intereses políticos.

Debe reconocerse que en este ordenamiento de salarios, en el que se fijó un tope superior y se suprimieron bonos adicionales, el que abrió brecha fue el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF. Política que prosiguió Andrés Manuel López Obrador, también bajo el principio de "achatar polos", es decir, reducir los sueldos más altos e incrementar los de niveles inferiores. Este sano precedente hizo que en la capital de la República, también, los salarios de la mayoría del personal lograran recuperar algo de la pérdida del poder adquisitivo.

Es esta reforma el punto de partida para salvar al pueblo de la afrenta que supone sufrir un sexenio de mal gobierno y atrasos en lo económico y social, y todavía, como remate, pensionar de por vida a un presidente o a su viuda con cantidades desproporcionadas, pagando una cauda de apoyos y personal que no tiene justificación para un pueblo que vive penurias y carencias evidentes.

El efecto de esta reforma aliviará también la injusticia y el absurdo de los exorbitantes sueldos y beneficios que se autoasignan los ministros de la Suprema Corte, que constituyen una ofensa al pueblo más pobre e incluso a la misma burocracia dorada de los ex directivos de Pemex, Banobras, Banxico, Nacional Financiera, etcétera, que no sólo se pagan un escandaloso bono de marcha al término de su gestión, sino se pensionan de por vida para ellos y sus familias. Ello es contrastante con lo que ocurre, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia del DF, en donde un magistrado con más de 30 años de servicio recibirá una pensión total de 14 mil pesos sin derecho a seguro de gastos médicos mayores.

Será indispensable, desde luego, que esta norma se traslade a los estados donde, como ocurre en el de México, hasta Arturo Montiel, archimillonario, exonerado de enriquecimiento ilícito por sus sucesores, ahora recibe una generosa pensión de 2 millones de pesos anuales, con los mismos apoyos de personal y gastos que en la Federación acostumbran dar a los ex presidentes.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM