Opinion

El valor de la transparencia ha entrado a nuestro país por la vía de las instituciones del Estado. Al principio, como niños con juguete nuevo, los mexicanos comenzamos a hacer uso escandaloso de sus virtudes. Nos enteramos de cuánto costaban las toallas y los colchones de los habitantes de Los Pinos; hicimos luego pesquisas sobre los sueldos de los funcionarios y sobre los costos de sus viajes y celulares.

Ahora hasta nos enteramos de cuánto le cuesta a la nación el que nuestros legisladores anden con el pelo bien recortado (357 mil pesos mensuales).

Sin embargo, más allá de lo curioso o lo que provoca indignación, la obligación impuesta sobre el gobierno federal para que informe sobre sus documentos y acciones ha sido una de las reformas más importantes de los últimos años. Una transformación más silenciosa que otras, más lenta y que se incrementa pero a la postre, una que puede terminar construyendo una sociedad muy distinta a la que hoy tenemos.

Sirva como ejemplo la decisión que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información tomaron el pasado miércoles. Resulta que hace algún tiempo, un ciudadano común le exigió a la Secretaría de Educación Pública que le informara sobre los dineros que, por las cuotas de sus agremiados, se le entregan mensualmente al sindicato magisterial (SNTE). En un primer momento la SEP respondió con información inútil y se negó a ofrecer más datos. El agraviado recurrió entonces ante el IFAI.

Como conclusión a este episodio se obligó a la SEP para que informara de cuánta cuota o prestación es descontada sobre la nómina de pagos de los maestros. Si bien, por ley, el SNTE no es sujeto obligado para reportar sus ingresos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) sí lo es porque a través de ella ocurren tales pagos. Este es un claro ejemplo del amplio espectro de temas que muy pronto terminará rebasando el ámbito gubernamental.

Y es que cuando hablamos del espacio público, no ha de olvidarse que además del Estado, a ese lugar concurren muchos otros actores: los sindicatos, los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones sociales, los mercados y todo un largo etcétera del que el gobierno sólo es una parte.

Desde luego que no es posible obligar a todas esas coordenadas del espacio de lo público para que se transparenten. Sin embargo, es indudable que al optar por el libre acceso a la información, las instituciones gubernamentales contagian y hacen pedagogía sobre el resto de la sociedad.

Como en este caso del SNTE, muchos otros sujetos de la sociedad interactúan cotidianamente con las instancias de gobierno y, por tanto, los documentos donde se consigna cada acto de tal relación habrían de ser dados a conocer públicamente.

Con esta decisión tomada por el IFAI, ahora podremos estar seguros de que los contratos colectivos de trabajo, los convenios de construcción para la vivienda de los trabajadores, la administración de los fondos de pensiones o las transferencias que las empresas públicas como Pemex y CFE destinan a sus sindicatos, entre tantos otros asuntos que hoy son oscuros y desconocidos, terminarán siendo del dominio público.

¡Que se pongan a temblar los líderes sindicales y los empleadores que durante tanto tiempo han actuado de espaldas al trabajador! De ahora en adelante, si tienen algún documento que obre en manos de un funcionario público (y que no vulnere ni la privacidad de la persona o la seguridad nacional), éste podrá ser conocido de inmediato por cualquier interesado.

Se trata de una decisión que hoy puede pasar inadvertida pero que no tiene nada de fugaz. No hay forma de mantener en el tiempo una relación injustamente asimétrica, si la información que se produce es conocida por todas las partes. Ese es, sin optimismos desmedidos, el principio del fin de las peores prácticas clientelares y corporativas. Si frente al engaño se impone la transparencia, la arbitrariedad puede ser desterrada.

Ahora sólo nos queda apostar para que el acceso a la información se vuelva una obligación en todos los rincones del Estado mexicano: en los municipios, en las entidades federativas, en los órganos desconcentrados, etcétera. De ahí la importancia de llevar a la Constitución este derecho. En el Congreso de la Unión tal iniciativa está a punto de ser aprobada. No dejemos a los partidos solos en este esfuerzo y aplaudamos para que los legisladores la saquen pronto.

Analista político