aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Jesús González Schmal

¿Libertad de prensa?



ARTÍCULOS ANTERIORES


    27 de enero de 2007

    Mientras en Alemania Felipe Calderón engo laba la voz para contestar los reclamos de manifestantes en su contra por la violación de derechos humanos en México, diciendo que atendería de inmediato las observaciones que al respecto se hicieran a su gobierno, en el país se daba la noticia de que el fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) de la PGR ratificaba su renuncia al cargo, que había presentado desde el 27 de diciembre.

    El doctor en Derecho David Vega Vera había sido nombrado fiscal especial en marzo de 2006, cuando, presidiendo la Cámara de Diputados Pablo Gómez Álvarez, llegó a dicha representación el reclamo del gremio de reporteros y editores respecto de la alta incidencia de crímenes contra periodistas, que quedaban impunes por la complicidad o indolencia de las procuradurías de los estados donde estaban ocurriendo. El grupo de trabajo que se constituyó en la Cámara para atender tan ingente demanda de justicia en la actividad informativa, vital para la nación, estuvo dirigido por la diputada Beatriz Mójica, y con denuedo y fuerza se abocó a cumplir con la delicada misión que entrañaba la defensa del derecho a la información.

    De la recopilación de información sobre periodistas agredidos y asesinados en el sexenio se encontró la impresionante cifra de 76 casos, que rompían cualquier precedente en México y nos ubicaba como segundo país en el mundo en la vergonzosa lista de atentados contra periodistas. En México la cifra se agravaba porque también se estaba atacando a las casas editoriales de periódicos locales, en Tamaulipas, Chiapas y Oaxaca. Por ello, la anterior Cámara de Diputados desplegó la labor necesaria para articular las medidas urgentes para evitar que tales crímenes siguieran ocurriendo, a partir de que los anteriores fueran investigados y aprehendidos los responsables.

    En esta línea se propuso la creación de una fiscalía federal especializada. No porque se creyera que en la PGR los casos de corrupción no se dieran, ni porque fueran más eficaces en las investigaciones que en las procuradurías de los estados, sino porque la mayoría de los crímenes contra periodistas se realizaban por o en contubernio con las autoridades locales a las que eran más ajenas los ministerios públicos federales. Además, el tipo de delito requería para su atención de personal especializado que se tendría que preparar y capacitar en muy breve tiempo.

    Rafael Macedo de la Concha fue abordado por la comisión o grupo de trabajo de los diputados, y convencido de que la creación de una fiscalía era la respuesta frente al grave riesgo de que, con la amenaza permanente a la prensa, periódicos y revistas dejarían de ser el instrumento ciudadano para conocer y presentar denuncias contra el narcotráfico, el crimen organizado, peculados y asociación delictuosa de autoridades y traficantes. De no detenerse tan ominosa práctica, en poco tiempo los medios de información se reducirían a suplementos de sociales o noticias frívolas, sin prestar servicio a la seguridad, justicia y democracia en las comunidades donde actúan para crear conciencia del bien y hacer censura pública de los enemigos de la sociedad.

    El entonces procurador Macedo de la Concha, a pesar de los límites presupuestales, correspondió a la petición de los legisladores y en breve tiempo se creó la Fiscalía Especial, con el acierto de nombrar en el cargo a un catedrático universitario, independiente, calificado y con clara visión de la trascendencia de su tarea. Los esfuerzos comprometidos fueron muy serios, se esclarecieron varios crímenes y desapariciones, conformándose un equipo que ofrecía un futuro promisorio para acabar con la impunidad en esa actividad crucial de la vida nacional.

    El caso es que, llegando Calderón, empezando con el despliegue de fuerza militar, intimidación a periodistas y amagos a la libertad de prensa, pasó a segundo término la conquista que se había logrado por un afortunado acuerdo entre la PGR y la Cámara. No duró un año la actividad de la fiscalía cuando, con el nuevo régimen y nada menos que con Juan de Dios Castro Lozano como subprocurador de Derechos Humanos, Medina Mora decide darle puntilla presupuestal a la FEADP y con ello a la última esperanza de protección a periodistas y medios de información.

    Abogado



    ARTÍCULO ANTERIOR
    Editorial EL UNIVERSAL Un Hoy No Circula más justo


    PUBLICIDAD.