Opinion

El desmesurado incremento en el precio de la tortilla que se registra en estos primeros días del año -y en realidad es de los últimos de 2006- es una señal de alerta para las autoridades mexicanas.

La tortilla es un alimento de primerísima necesidad que forma parte de la dieta de 97% de los mexicanos y, al mismo tiempo, ocupa una mayor proporción del gasto en las familias que perciben menos ingresos.

El incremento de 60% que este producto ha experimentado en los primeros días de enero -aunque con variaciones en las diversas regiones del país- se debe, por una parte, al comportamiento internacional del país, pero, sustancialmente, a la especulación desatada por algunos que quisieron aprovechar esta coyuntura para obtener ganancias que son ilícitas.

Lo dijo el gobernador del Banco de México, y comparto dicha expresión: hay personas y organizaciones que quieren llevar nixtamal a su molino. Sólo que pretenden hacerlo a costa de 23.5 millones de trabajadores que perciben hasta tres salarios mínimos, es decir, 55% de la población ocupada en el país, de acuerdo con el INEGI. Y, si consideramos a sus familias, hablamos de más de 80 millones de personas.

Reportes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2005 señalan que quienes perciben ingresos más bajos destinan 35% de éstos, al consumo de alimentos, mientras que los de mayores ingresos ocupan 10.5% en este rubro. Tal como están las cosas -con un incremento al salario mínimo de menos de dos pesos y un aumento de la tortilla de alrededor de cuatro pesos- los trabajadores sólo podrán comprar, con un día de trabajo, cinco kilos de tortillas. Por eso, no es exagerado decir que las acciones de acaparamiento de maíz representan un desafío a la economía popular y al Estado mismo.

La Comisión Federal de Competencia ha iniciado una investigación para poner nombre y apellido a los acaparadores, quienes podrán enfrentar multas hasta por 70 millones de pesos. La Cofeco debe actuar, y hacerlo con celeridad, para aplicar un castigo ejemplar contra el acaparamiento y la especulación.

Pero, al mismo tiempo, es indispensable que ante hechos como este se tomen medidas urgentes que involucren a los representantes populares de los diferentes órdenes y niveles de gobierno. Ya los legisladores federales, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hicieron exhortos y propuestas puntuales al Ejecutivo federal para detener estos aumentos que deterioran el nivel de vida de los mexicanos.

Asimismo, gobernadores de distintos estados del país estamos trabajando para aportar iniciativas que controlen la inflación en productos de primera necesidad, con el propósito de presentarlas formalmente ante el Presidente de la República. Nuestro interés es defender a la gente, principalmente a los grupos más vulnerables, que son quienes más han sufrido por la inflación. El Banco de México informó que, en el sexenio recién concluido, el incremento de precios de la canasta básica fue superior en casi 10% al registrado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Con este incremento a la tortilla se pone en riesgo la estabilidad del país, pues la espiral inflacionaria que ha desatado recae en millones de familias que viven con ingresos modestos.

Al mismo tiempo, debemos unir esfuerzos y voluntades para analizar y avanzar en distintas alternativas que pongan a salvo a los pequeños y medianos productores de prácticas tan nocivas como las que llevan a cabo los acaparadores de productos de primera necesidad.

Es un aliento el acercamiento entre legisladores federales y el secretario de Hacienda para despejar las dudas y definir un subsidio de 500 millones de pesos a la leche Liconsa, con lo cual bajará su precio a cuatro pesos, como fue la intención en la aprobación del Presupuesto de Egresos 2007. Este acuerdo beneficia a los productores locales, pues Liconsa se compromete a comprar la leche en el país, con lo cual la situación internacional de ésta no afectará las finanzas de la paraestatal. El Estado mexicano, ante desafíos como estos, no puede ser sólo observador; cuenta con las herramientas para cumplir con su papel, que es promover el bienestar de las y los mexicanos.

Gobernadora de Zacatecas