Opinion

No salen las cuentas: si el kilo de maíz cuesta 2.20 pesos y al final de la cadena productiva el kilo de tortillas se cotiza en 10 pesos, o más, entonces la mayor parte de lo que el consumidor paga se va a los intermediarios, quienes ciertamente incurren en gastos y tienen derecho a una utilidad, pero no a llevarse una tajada desproporcionada del pastel ni mucho menos a especular con el producto para generar una escasez artificial. Eso es criminal y el gobierno tiene que actuar.

Apenas en julio pasado el precio del kilo de tortilla estaba en 5.50 pesos. ¿Qué terremoto económico hubo desde entonces para que esto se saliera tanto de control? Que el precio internacional de maíz blanco que importamos ha aumentado es cierto; pero sólo en 30%. Que el alza de la gasolina impacta, sí, pero otro 20%. ¿Por qué entonces un aumento de más de 100% en un semestre en un artículo de consumo básico que está en la dieta de 97% de los mexicanos, sobre todo de los más pobres?

Si las leyes del mercado no sirven para evitar la rapacidad, para eso está el Estado, para echar a andar sus mecanismos regulatorios y de control, para salvar al capitalismo de los propios capitalistas.

Sin exagerar, el retiro de tortillas de la mesa de los mexicanos más pobres equivale a condenarlos al hambre, la desnutrición y las enfermedades. Medio kilo menos del producto en cada casa de las zonas proletarias y en algunas rurales, donde no se da el autoconsumo, significa que alguno de sus miembros se quede con el estómago vacío.

Por ello es que le han llovido quejas y reclamos al presidente Felipe Calderón durante sus giras de trabajo por los estados de México y Veracruz, porque lo que está en juego no son valores abstractos, sino literalmente el hambre. Tan enérgica debe ser la respuesta del gobierno contra quienes han deformado el mercado del maíz y la tortilla, como lo ha sido el empeño que ha puesto por lanzar operativos contra el narco y la inseguridad en varias partes del país. De ese tamaño es el reto porque de ese tamaño es el delito de especular con un producto de consumo básico como la tortilla.

Nadie pide que se instauren camisas de fuerza como aquellos viejos controles de precios, tan artificiales como electoreros, pero sí que el gobierno meta orden en el mercado de los precios del maíz. Que la Procuraduría Federal del Consumidor esté alerta ante los abusos, que la Comisión Federal de Competencia estudie el caso y sancione a las empresas nacionales o internacionales que han logrado torcer la lógica comercial que hoy tiene a millones de mexicanos entre la espada y la pared y que Diconsa cumpla con su labor de abasto respecto del producto básico para mexicanos en situación de aislamiento y marginación.

Los problemas económicos son complejos y dependen de múltiples variables. El caso de la industria del maíz no es la excepción, pero tampoco estamos hablando de ciencias ocultas. Se puede proceder en dos velocidades.

Primero, atendiendo la emergencia inmediata de la especulación, aplicando la ley, y, segundo, abriendo un debate a través de las secretarías de Economía y de Desarrollo Social, para corregir las desviaciones de la cadena productiva desde la raíz. Con el hambre del pueblo no se juega.