Opinion

El gobierno debería tener mucho cuidado con el tema de la tortilla y, por lo visto, sería muy conveniente que alguien los pudiera ilustrar, pues hasta el momento parece que no entienden lo que significa este producto básico para el pueblo mexicano y las consecuencias podrían ser mucho peores que un simple aumento al precio de un producto; es más, mucho más que eso.

Las noticias que estamos conociendo en los distintos medios de comunicación no son para nada halagüeñas, empezando por el índice de inflación que se tuvo el año pasado y que rebasó las expectativas de las autoridades correspondientes, que eran de 3.5% y que la realidad ha confirmado que llegó a 4.05%, lo cual significa que los mexicanos, sobre todo los de bajos recursos o quienes están sujetos al salario mínimo y a las férreas negociaciones contractuales de los sindicatos, perdieron poder adquisitivo una vez más.

Con la escalada de precios que estamos viendo tampoco parece fácil que se llegue a la meta inflacionaria anual de 3.5% propuesta por el nuevo gobierno, y con la cual se han negociado los contratos colectivos desde octubre del año pasado, dando como resultado, sin duda, un menor poder de compra real para los más pobres.

Todas las explicaciones que se han dado sobre el origen de los incrementos al precio de la tortilla pudieran ser reales. Sin embargo, lo único que le importa a la gente es no tener que pagar más por este producto fundamental de su dieta diaria. Que si Estados Unidos está destinando una cantidad mayor de maíz para la producción de etanol; que si hay un cuello de botella en el transporte; que si estamos en un momento coyuntural; que si es el cambio climático, etcétera, pudieran ser causas que están muy bien para formar parte de una clase de economía y para discusiones entre especialistas, pero no resuelven el problema.

Hasta ahora tampoco las acciones gubernamentales sobre qué hacer han sido claras, pues afirman que los problemas del transporte se van a resolver en algunos meses, que hay medidas efectivas para evitar la escalada del precio de este producto y, por supuesto, poniéndolo en primer lugar, que de ninguna manera piensan en controlar el precio del producto u otorgar subsidios para que baje el mismo.

Es grave que de entrada se nieguen a la posibilidad que tiene el gobierno de utilizar instrumentos que en muchas ocasiones demostraron, por lo menos en años pasados, que con ellos se protege a la población, más allá de la distorsión de precios que siempre se ha puesto como el factor más negativo de un control de precios.

La realidad está demostrando que día a día el precio de la tortilla está subiendo y llega hoy en algunas partes del país a niveles superiores a los 11 pesos, lo cual es totalmente inaceptable y peligroso si no se toman acciones decididas para frenar estos incrementos que, como han dicho algunas organizaciones campesinas, pueden llegar a costar hasta 15 pesos el kilogramo de tortilla.

Y hoy estamos hablando únicamente de la tortilla; pero el presidente del Consejo Nacional Agropecuario ya menciona que si las cosas continúan como van no sólo este producto básico aumentará, sino que seguramente también se elevarán los precios de la leche, el huevo, el pollo, la carne de ave, de porcino y de bovino, los cuales irremediablemente tendrán que subir debido a los aumentos que han tenido el maíz amarillo, el sorgo y otros productos del campo.

Además de esta situación tenemos que para dentro de un año estarán totalmente liberados de aranceles varios productos del campo debido a lo signado irresponsablemente en el Tratado de Libre Comercio de 1994, cuando el gobierno que lo firmó y los que lo han seguido no hicieron nada para proteger a los millones de personas que en el campo se dedican al cultivo de estos productos y que irremediablemente serán afectados por la liberación de aranceles. Aquí también se prende un foco rojo de inestabilidad social en el corto plazo.

El gobierno debe actuar de inmediato, y no con anuncios de planes emergentes, sino con medidas de control de precios de los productos básicos. No puede permanecer impasible cuando día a día el pueblo tiene que destinar más recursos que no posee a comprar sus alimentos básicos y que en muchas familias estará provocando de inmediato una reducción de su consumo, con las consecuencias que ello trae aparejadas.

Además, el problema no surgió de improviso, sino que se veía venir y el anterior régimen no hizo nada para prever y paliar sus consecuencias; y recordemos que hay varios funcionarios del régimen pasado que hoy tienen funciones directivas y que son responsables de lo que está ocurriendo con los incrementos de precios. Si tenemos un mes de enero con una inflación más allá de lo previsto por las autoridades se dará al traste con muchas de las negociaciones salariales que están por venir y el ínfimo incremento al salario mínimo no habrá servido de nada, que por cierto es el único que está sujeto a control.

El Senado de la República ya ha manifestado su oposición a este incremento y ha solicitado al gobierno federal medidas enérgicas para detenerlo. Pero hay que ir más allá; no se trata de detenerlo en 10 pesos sino que retorne al precio que tenía el mes pasado. Esto es lo más importante.

No se puede jugar con la alimentación de un pueblo en su producto básico; no estamos hablando de incrementos en los precios del jabón o de los automóviles, estamos hablando del alimento principal que consumen los mexicanos y no comprenderlo de inmediato es colocarse en una espiral no sólo inflacionaria, sino de inquietud social muy difícil de parar una vez que se echa a andar, por más soldados que se tengan.

El precio de la tortilla es un asunto casi sagrado para los mexicanos y el gobierno así debería entenderlo, y por más que esté en contra de su "catecismo económico", debería utilizar todas las armas legales que le da la Constitución para salir al paso de esta calamidad que se cierne hoy por hoy en México con el brutal aumento al precio de la tortilla.

Analista político y economista