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Miguel Carbonell

La APPO en La Haya

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    11 de enero de 2007

    Un grupo de diputados federales y algunos miembros de organizaciones civiles acaban de anunciar que van a presentar una denuncia contra el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ante la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya, Holanda.

    No es la primera vez que ciudadanos u organizaciones mexicanas acuden ante los mecanismos internacionales de defensa de los derechos humanos. En los últimos meses hicieron lo mismo Jorge Castañeda, cuando le fue negado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación su registro como candidato independiente a la Presidencia, y un grupo de abogados a nombre del PRD y otros partidos, por haberse negado las autoridades mexicanas a llevar a cabo un recuento completo de los votos de la elección de julio de 2006.

    Ir ante los organismos internacionales es una práctica muy sana, que debería incentivarse, de forma que el Estado mexicano y sus autoridades estuvieran obligados a explicar ante foros internacionales su proceder. Lo que sucede es que este tipo de mecanismos tienen sus propias reglas de actuación, y muchas veces los promotores de denuncias y juicios no reparan en el hecho de que si no se cumple con ciertos requisitos es imposible obtener un veredicto favorable.

    Así, por ejemplo, sería interesante que los promotores de la denuncia contra Ulises Ruiz repararan en el hecho de que el Estatuto de Roma que rige la actuación de la Corte Penal Internacional establece desde sus artículos 1 y 17 que la jurisdicción de la Corte es complementaria de las jurisdicciones locales. Es decir, que quienes quieran acudir ante la Corte deben haber agotado previamente las instancias internas de exigencia de responsabilidades, lo cual parece que no ha sucedido en el caso que nos ocupa.

    Se trata de una regla que existe en todos los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos; tales mecanismos son subsidiarios respecto de las instancias internas, es decir, entran en funcionamiento solamente cuando las instituciones nacionales no han funcionado de forma adecuada, pero siempre después de que éstas se hayan pronunciado.

    Sólo en el caso de que un Estado se niegue a investigar ciertas violaciones de derecho o que lo haga de forma tan lenta que no permita obtener resultados dentro de un plazo razonable es que se permite acudir directamente ante un tribunal internacional. En el caso de la Corte Penal Internacional las denuncias, como la que se quiere presentar contra el gobernador de Oaxaca, se pueden tramitar a través del fiscal de la propia Corte.

    Según la información preliminar que ha dado a conocer la CNDH sobre los sucesos de Oaxaca, parece claro que hubo violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades federales y locales. Quedaría por ver si tales violaciones encajan o no en los tipos penales recogidos en el Estatuto de Roma, dado que la Corte Penal Internacional conoce solamente de delitos de lesa humanidad, es decir, violaciones verdaderamente graves y masivas de derechos; según el artículo 5 del Estatuto, la Corte conoce de delitos como el genocidio y los crímenes de guerra, los cuales pueden consistir en el exterminio, la deportación masiva, la tortura, la esclavitud sexual, la desaparición forzada de personas, etcétera.

    Lo importante, sin embargo, es que las reglas de acceso a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional deben cumplirse. Si los denunciantes quieren de verdad obtener una condena contra Ulises Ruiz deberán litigar el caso ante las instancias internas y, luego, cuando tales instancias hayan resuelto podrán, en su caso, acudir a los mecanismos internacionales.

    Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM



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