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Francisco Valdés Ugalde

Medidas contra la corrupción

Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México.

Sus actuales líneas de investigación son la teoría de las insti ...

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    07 de enero de 2007

    I nhibir la corrupción es una clave central para el desarrollo. Para el desarrollo entendido en un sentido amplio. Muchos siguen compartiendo una visión restringida según la cual la corrupción no es necesariamente un factor desalentador del desarrollo si la economía crece y se generan empleos. Todo indica que este modo de pensar influyó en el gobierno anterior, basándose en la falsa creencia de estar atrapado por los representantes del viejo sistema, cuya aquiescencia le era indispensable para sacar adelante sus proyectos legislativos. De éstos los más importantes fracasaron por el clima adverso que, pese a toda concesión, crearon esos representantes del sistema priísta. A cambio, se decidió no tocar a los operadores y beneficiarios de la corrupción, que a lo largo de décadas han trocado hábilmente cantidades incalculables del erario en dineros privados de los que hoy disfrutan.

    El gobierno anterior no entabló un combate decidido a la corrupción; ni siquiera produjo un informe sobre las dimensiones de este problema ancestral. La única excepción fue la Ley de Transparencia, un paso importante aunque insuficiente. Culpas y omisiones aparte, enfrentar seriamente el problema exige un enfoque que incluya las variables principales del fenómeno y se concrete en reformas institucionales que se efectúen en el corto plazo pero con largo alcance.

    La corrupción no es un fenómeno meramente económico o político; está entretejida en la sociedad y la cultura. La corrupción es un problema de Estado y por eso reclama una visión de Estado. Quienes incurren en corrupción atentan contra la integridad y, por consiguiente, la seguridad del Estado. La corrupción mina las entidades públicas y los intereses fundamentales de la sociedad. Este es el criterio principal del que debe partir una política para combatirla. De él se desprenden varios principios de acción.

    El primero es ideológico: ningún acto de corrupción puede justificarse en nombre del interés público. La invocación de "la política" como justificación de actos que convierten dineros públicos en usos privados, así sean aquéllos de origen partidario, es injustificada y, por consiguiente, reprobable. Quienes han pasado por la función pública pueden dar testimonio de la frecuente invocación a la estabilidad política o a la gobernabilidad para dejar pasar llanamente o mediante artimañas legales actos que de acuerdo con la ley y el sentido común deberían ser perseguidos y castigados. Esta práctica debe terminar de inmediato.

    El segundo principio de política se orienta a eliminar el contubernio institucionalizado. La corrupción se facilita si las autoridades que la investigan, denuncian y castigan tienen intereses comunes con los que incurren en ella. Estos intereses pueden ser evidentes y hasta obvios o, como suele ocurrir, indirectos. Por ejemplo, cuando el órgano encargado de controlar la gestión de los funcionarios públicos, la Secretaría de la Función Pública, pertenece a la esfera del Ejecutivo y responde a las órdenes de su titular.

    Entre los países desarrollados y de nivel equivalente, México es el único cuya contraloría la ejerce el propio controlado. La Auditoría Superior de la Federación, órgano de más reciente creación, es socavada en la práctica por las capacidades con que cuenta la SFP. Desde luego, México es el único país de la OCDE que presenta esta situación que, para decirlo elegantemente, mantiene un fuerte conflicto de interés, una colusión institucionalizada entre el vigilante y el vigilado.

    Para salir de ello hacen falta varias medidas. La primera es la creación de un órgano de defensa del Estado al más alto nivel, como en Chile. Este órgano es autónomo, investiga de oficio o por denuncia los actos de corrupción e informa públicamente de los resultados. Los informes se turnan a las autoridades competentes para su persecución, en caso de méritos. Asimismo, son dados a conocer al público. Un órgano así no es, como ningún otro, totalmente inmune a las presiones políticas, pero al menos puede ser invulnerable frente a ellas si está construido adecuadamente. De instituirse, bien podría empezar sus labores por un panel de expertos que valorara las dimensiones de la corrupción en nuestro país.

    Una segunda medida es eliminar la prescripción de delitos de corrupción como el peculado. Si el axioma fundamental es que la corrupción atenta contra la integridad y la seguridad del Estado (que no es sino la sociedad concentrada en poder político), es menester colocar los actos en su contra en el rango de delitos que no deben prescribir con el tiempo. La prescripción ha sido la fórmula detrás de la que muchos funcionarios corruptos se han escudado y, una vez pasado el tiempo en que fenece la posibilidad de acusar, disfrutan tranquilos de un patrimonio mal habido. Más aún, la prescripción ha sido la modalidad mediante la que se ha ejercido la cooptación y el control político durante el autoritarismo presidencialista y que garantiza, salvo excepciones, el éxito de los corruptos.

    Ambas medidas deberían aplicarse nacionalmente; no sólo al gobierno federal, sino también a las entidades y los municipios. Estas acciones son sólo algunas de las más importantes. Es necesario un mayor detalle que no es posible describir en este espacio. Sin embargo, se desprenden de una óptica de largo plazo a la que es necesario añadir un argumento adicional. Si erradicar la corrupción es estratégico para el desarrollo económico, político y social en un contexto democrático, entonces es necesario aprender a colocar los objetivos de una gobernanza democrática por encima de los de la gobernabilidad. Esta última se orienta normalmente a evitar que los conflictos se salgan de cauce y, por eso, en su nombre se suele justificar hasta lo imperdonable. Con la gobernanza democrática pasa al revés: transformar las instituciones a modo que se obtengan los objetivos superiores de la democracia política y la equidad social en equilibrios de nuevo tipo.

    [email protected]

    Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM



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