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Enrique del Val Blanco

Publicidad engañosa

Analista político y economista.

Coordinador de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también fue se ...

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    28 de diciembre de 2006

    Uno de los problemas más graves con los que nos enfrentamos los ciudadanos de este mundo globalizado es el bombardeo publicitario mentiroso y continuo que hacen las compañías de todo tipo con el objetivo de ganar el mercado. De esta lucha los únicos perjudicados son los compradores de sus productos, puesto que muchas veces se venden bajo esquemas engañosos o aprovechando la laxitud de las legislaciones que en la mayoría de los países les permite, digámoslo sencillamente, engañar.

    Esta lucha por el mercado no disminuirá; es la esencia del sistema y por lo que se ve, tiende a agravarse con el único propósito de las empresas de hacer desaparecer al competidor, apoderarse de la rebanada del pastel y quedar en condiciones casi monopólicas en sus mercados.

    Los gobiernos europeos lo han entendido como uno de los asuntos más severos y desde hace tres años han estado trabajando en la elaboración de una legislación rigurosa que ponga fin, de una vez por todas, a las falsedades que todos los días se ven, se escuchan o leen en los medios de comunicación sobre determinados productos. Ya están a punto de sacar un nuevo reglamento de la Unión Europea que controlará los mensajes falaces de cualquier tipo.

    Dentro de los aspectos importantes del reglamento se encuentra que todas las declaraciones nutricionales, como las de "sin azúcares", o "bajo contenido en grasas", quedarán reguladas. También aquellas declaraciones sobre lo que denominan propiedades saludables, como "controla tu peso" o "ayuda a la flora intestinal" deberán ser aprobadas por un órgano estatal que se basará en informes científicos. Por último, aquellas que hablan de la "reducción del riesgo de enfermedades" o de "salud infantil" tendrán un máximo control por parte de esa agencia. En efecto, se han decidido por crear una agencia europea denominada EFSA, por sus siglas en inglés y que en español se traduce como Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.

    Con estas medidas se pretende defender efectivamente al consumidor ante la falta de controles en la publicidad y en el etiquetado de los productos, y evitar los fraudes que día tras día se cometen no sólo económicamente sino poniendo en riesgo la salud de los compradores.

    Por supuesto que las industrias no están muy contentas con estos esfuerzos. Por ello es que han tardado tanto en definirse, dado que la agencia tendrá poderes suficientes para impedir todo desvío de las reglas por cada producto que se ponga en el mercado y contenga inconsistencias. Incluso no cualquier estudio científico será aceptado, sino que tendrán que sujetarse a pruebas de laboratorios o de universidades reconocidas para que los realicen. La medida ha sido bienvenida en toda Europa e incluso en algunos países, como España, la han celebrado. Es el caso de la Federación de la Industria de la Alimentación y Bebidas, cuyo secretario general comentó que esta regulación es un paso importante para evitar "la picaresca" de algunas empresas.

    En el periódico El País, en una edición de hace un mes, como ejemplo se menciona la disputa entre dos empresas que acudieron a una asociación de autorregulación de la comunicación social, que es un organismo creado por los propios industriales y que hace las veces de tercero en discordia. Dentro de esa disputa una de las empresas, muy conocida en nuestro país, Bimbo, se queja de la publicidad de otra denominada Panrico. Sin embargo, al analizar el conflicto se muestra que ambas empresas mienten, pues ni Bimbo ha acreditado que uno de los panes que vende en España, el llamado Activ, contenga la suficiente cantidad de Omega 3, ni tampoco su competidor ha demostrado que el suyo tenga menos calorías que todos los existentes en el mercado. Con la nueva regulación ninguna de las dos compañías podría anunciar sus panes como lo vienen haciendo.

    En México, igual que en el resto de América Latina, estamos en pañales en estos temas, no sólo porque no se han profundizado, sino porque no ha habido gran interés de los gobiernos por regular este sector, que es uno de los más poderosos en cualquier economía nacional. Recientemente lo hemos visto en la discusión del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, con el caso de la industria refresquera. En nuestro país existen varias disposiciones sobre los temas de la calidad de los alimentos, su publicidad y etiquetado, pero no existe un organismo rector de los mismos, puesto que están divididos entre las secretarías de Economía, de Salud y la Procuraduría Federal del Consumidor, entre otras.

    También existe un consejo de autorregulación y ética publicitaria creado por los propios industriales y que está a punto de tronar por la diferencia entre tres empresas, por cierto multinacionales todas, por la publicidad de un producto de limpieza denominado Vanish, cuya publicidad asegura que blanquea sin provocar daños colaterales, lo cual implica que los otros dos existentes en el mercado, Cloralex y Clorox, pueden ser perjudiciales. Este es un buen ejemplo de que cuando se habla de la "buena voluntad" de las partes en disputas entre particulares no hay tal, dado que cuando la resolución es negativa, no se acepta. Es por esa razón que el Estado debe intervenir.

    Decenas de productos que se venden en México no cumplen con lo que dicen sus etiquetas o las propiedades que manifiestan tener no son comprobables, ya no digamos científicamente sino a simple vista. La propaganda de los refrescos considerados light establece en sus etiquetas que son refrescos sin calorías o con cero calorías, pero si uno lee la letra chiquita de la misma etiqueta puede saber que contienen menos de dos calorías, por cada 200 mililitros. Entonces, si tienen calorías ¿por qué se les permite publicitarlos como lo hacen?

    La Procuraduría del Consumidor hace sus esfuerzos y en su revista cada mes presenta los análisis que realiza sobre diversos productos, demostrando muchas veces que se miente al consumidor, pero no hay consecuencias mayores para las empresas pues no tiene la fuerza para meter al orden a las compañías mentirosas. Por ello el gobierno federal y, en su caso, el Congreso deberían tomar cartas en el asunto y legislar de manera parecida a los europeos, pues en última instancia todos somos consumidores.

    Analista político y economista



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