Opinion

De la necesidad, virtud. Gracias a la imperiosa exigencia de volver a ser honorable, el Congreso de la Unión está a punto de cristalizar uno de los derechos democráticos más importantes que un ciudadano pueda poseer.

Con tal de lavarse la cara los legisladores van a hacerle un gran servicio a la transparencia de los asuntos públicos. En sólo 14 días pasaron de las tortas y los empellones a la firma unánime de los ocho coordinadores parlamentarios alrededor de una iniciativa para erigir el acceso a la información pública en una garantía constitucional.

La propuesta concreta es celebrar una adición al artículo sexto de la Carta Magna para que la Federación, los órganos autónomos de Estado, las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal queden obligados a garantizar este derecho y también a contar con instituciones adecuadas para asegurar la plenitud de la prerrogativa.

Se trata de una iniciativa que lleva además el apoyo de los gobernadores de diversas entidades (Chihuahua, Jalisco, DF), provenientes todos ellos de distintos partidos (PAN, PRI y PRD) y también del nuevo secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares. Desde principios de la década, sobre todo gracias a los oficios y a las tenacidades del Grupo Oaxaca, en la sociedad mexicana comenzó a operarse una profunda reforma cultural a propósito del tema de la transparencia. Derivó de una obvia toma de conciencia: en toda democracia genuina la igualdad para votar y decidir tiene necesariamente que estar acompañada por la igualdad en la posesión de la información.

Si, como dice el viejo adagio, la información es poder, en un régimen donde se protejan los derechos de las personas la información ha de democratizarse. A diferencia de un régimen autoritario donde los datos y los conocimientos son propiedad de unos cuantos, en un sistema democrático la información pública ha de pertenecerle a todos.

Con esta idea en mente se redactó y se aprobó, durante la primera mitad de la pasada administración, una iniciativa de ley federal de acceso a la información que, a su vez, dio origen al IFAI. Poco tiempo después, los esfuerzos emprendidos desde diversos flancos llevaron a que también en las entidades federativas los gobiernos fuesen lentamente convirtiéndose a la religión de la transparencia. Sin embargo, esta conversión ha ocurrido a través de rutas y de maneras poco homogéneas. Todavía es un ejemplo de lo que no hay que hacer la primera ley de acceso a la información que tuvo la ciudad de México. Se trató de un franco remedo normativo que sólo reflejaba el inmenso prejuicio que Andrés Manuel López Obrador padecía respecto del tema. Algo muy similar ocurrió en el estado de Oaxaca.

Resulta penoso, por decir lo menos, que en la cuna intelectual de la transparencia mexicana se haya redactado una de las legislaciones más antitéticas respecto del derecho a la información.

En los hechos, durante el último lustro, en algunos lugares se alcanzaron genuinas y muy plausibles legislaciones pero en otros sitios salieron a flote leyes cuya denominación de origen era la mala e hipócrita imitación.

Quizá sea en el nivel municipal donde en el presente se observa el mayor déficit respecto de la transparencia. Resulta paradójico que en el ámbito de la Federación hoy sea posible saber cuánto cuestan, por ejemplo, las toallas que utiliza el Presidente, mientras que en las delegaciones o los municipios, los vecinos no puedan conocer los planes de desarrollo urbano que tanto determinan el valor futuro de la propiedad privada del ciudadano.

Desde esta perspectiva resulta obvio que, para seguir evolucionando, la marea de la transparencia y del acceso a la información ha de inundar, con criterios similares y principios homogéneos, a todas las salas y recámaras del Estado. Sobre todo a las que se encuentran más cerca de los gobernados.

Y para ello no basta con obligar a algunas instituciones para que abran sus puertas y ventanas. La uniformidad en el acceso a la información ha de convertirse en un derecho de las personas o en México seguiremos viendo un paisaje de enormes edificios de cristal que conviven con amplias y vastas extensiones de irrespirable opacidad.

Este es precisamente el objeto de la mencionada reforma constitucional. Un gran regalo de Navidad proveniente de la barriada de San Lázaro que, a pesar de estar habitada por tanto cuchillero, no es posible menospreciar.

Profesor del ITESM