Opinion

Presidente ´habemus´. Suceda lo que suceda hoy, así lo dispone la Constitución: desde el primer minuto del día 1 de diciembre, Felipe Calderón Hinojosa es la cabeza del Estado mexicano. Legalmente todo lo demás está de sobra. Porque vivimos en un sistema presidencial, son los ciudadanos y no los parlamentarios quienes entregan este mandato. Debido al principio de separación de poderes, los legisladores no tienen absolutamente nada que decir. Si por estrategia política o por capricho fuesen ellos quienes impidieran la toma de protesta, es al Congreso al que deberá acusársele por violar la Constitución.

Y sin embargo, como su perverso opositor lo ha hecho saber, no es lo mismo presidente legal que presidente legítimo. Se trata de atributos que, aunque entreverados, tienen cada uno su propia naturaleza. Quizá la principal diferencia radica en que mientras la legalidad es un objeto sólido, la legitimidad tiene el alma fluida.

Felipe Calderón es presidente de México porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó su triunfo en la urnas. Así de sólido y por tanto de indiscutible es su nombramiento. En cambio, la legitimidad que deriva de su encargo es una atribución que todavía está por construirse. Ocurrirá hora tras hora, día tras día, mes tras mes. Sucederá a golpe de decisiones que, una a una, irán forjando la talla y dimensión de su ejercicio en el poder.

Ésta es la ruta natural que cualquier jefe de Estado sigue para edificar su legitimidad y Felipe Calderón no puede salirse de ella. Sin embargo, a diferencia de tantos otros, el nuevo presidente mexicano está comenzando su recorrido desde una posición muy comprometida. No hay holgura alguna en este inicio. La suya no sólo es una presidencia acotada; pareciera más bien una presidencia tomada.

Algunos de los límites a los que Calderón está sometido son muy evidentes: 1) obtuvo la votación más baja que un presidente haya tenido en la historia mexicana contemporánea; 2) su partido sólo cuenta con una tercera parte de los asientos en el Congreso de la Unión; 3) la segunda fuerza política del país (el PRD) está firmemente decidida a desconocerle; y 4) la relación con el PRI, único partido con el que podría constituir una alianza para gobernar al país, es todavía muy mala.

Sin embargo, tanto como estos límites pesan los acotamientos que los poderes fácticos le están imponiendo a Calderón. Ya dan prueba de ello algunos nombramientos de su flamante gabinete presidencial. Desde el poder de los sindicatos y también desde el poder de los dineros, el nuevo presidente mexicano está sometido a demasiados vetos.

La semana pasada se tocó aquí el tema de Javier Lozano. A pesar de su gran cercanía con Calderón, la poderosísima empresa Televisa le vetó como secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero esta semana se dio a conocer otro veto igual de impresionante: Elba Esther Gordillo, la líder del magisterio, puso como condición para aprobar el nombramiento de Josefina Vázquez Mota, como secretaria de Educación, que el presidente Calderón colocara al esposo de su hija, Fernando González Sánchez, como su subsecretario.

A estos dos episodios, donde Calderón ratificó nítidamente los breves alcances de su poder inicial, se suma el extraño caso del nombramiento de Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación. Mucho se ha dicho que Calderón tenía una deuda con él por haberle apoyado desde el primer día en su precampaña. También se ha insistido en que llegó a este cargo porque el presidente quería ver a un político de mano firme y muy eficaz.

No obstante, poco o casi nada se sabe sobre las muy importantes razones que Calderón desestimó a la hora de hacer este nombramiento. Particularmente sobre la petición que el PRI le hizo para que no pusiera a un interlocutor tan adverso al frente del diálogo con la oposición.

Rara cosa es que el autonombrado "hijo desobediente" haya aceptado la imposición de Televisa y también la que le arrojó la profesora Gordillo. Pero aún más extraño es que haya dejado bailando al PRI, única fuerza partidista con la que podría construir acuerdos en el Congreso. Quizá tal cosa lleve a suponer que, de todas las limitaciones que hoy caen sobre Calderón, la impuesta por el poder conservador es la más pesada e impertinente.

Profesor del ITESM