Opinion

D e los 20 puntos del programa básico del presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, destaca la ley de competencia propuesta para reencauzar la economía de la nación hacia el precio justo a los consumidores. Éstos son la inmensa mayoría de la población que demanda productos de primera y segunda necesidad de alta calidad y bajo precio. La fórmula es la de llevar a las empresas nacionales, públicas y privadas a producir o a prestar servicios a precios competitivos, de acuerdo con parámetros y referencias internacionales.

La vieja receta de un control de precios por parte del gobierno tuvo su razón de ser, sobre todo en la posguerra a mediados del siglo pasado, cuando la carestía por la escasez y el acaparamiento hacía estragos al precario bolsillo de los mexicanos más pobres. En estas fechas la iniciativa de don Nazario Ortiz Garza, entonces secretario de Agricultura, conocedor de los abusos en la comercialización de productos básicos, le permitió al país contar con el primer mecanismo regulador de precios al consumidor, logrando don Nazario hacer compras oportunas de grandes volúmenes a precios bajos, para evitar la voracidad de los acaparadores. Así garantizaba al consumidor final la disposición del producto a precios accesibles, concesionando la venta al comerciante minorista que se obligara a mantener márgenes bajos de utilidad, para no trasladar costo alguno al presupuesto nacional por concepto de venta al público.

La otrora fundamental tarea del gobierno de hacer llegar los productos básicos y secundarios al gran consumidor a precios justos acordes con la realidad socioeconómica, se abandonó para dejar al consumidor a expensas del libre mercado. Es así que siendo México uno de los países de más alto porcentaje de población en condiciones de pobreza, es a su vez de los países con más altos precios en la gran mayoría de los bienes y servicios necesarios para el consumo familiar.

Es evidente que una vez que el Estado se ha salido del control de precios que, en efecto, si bien sirvió en muchos aspectos también desincentivó a muchos productores y empresas que querían participar en un mercado más abierto. Por ello, la propuesta de AMLO constituye un mecanismo ideal en el que los precios no se fijen por una imposición del Estado, pero tampoco se dejen a la decisión del más poderoso, que vía monopolio u oligopolio pueda, discrecionalmente, mantener precios exorbitantes con el perjuicio social inmediato.

Por ello el referente de precios competitivos será el parámetro para medir la eficiencia del aparato productivo y prestador de servicios nacional para impulsar así una dinámica de inversión socialmente responsable que genere empleos y contribuya fiscalmente siempre, con el aliciente de ampliar su mercado y poder abatir costos en beneficio del consumidor final que es el pueblo. Es incuestionable que en este modelo de economía de alta escala, también intervendrá la alineación del costo de los insumos de origen oficial como impuestos, energéticos, seguridad social, etcétera. Las cifras de las que habló Andrés Manuel -como el cemento, que en México le cuesta al consumidor dos veces más que al estadounidense, cuyo salario mínimo por hora es incluso superior al mínimo por día de un trabajador mexicano-, son la muestra elocuente de esta aberración.

En menor proporción, pero de igual significación podemos hablar del precio de la vivienda, de las comisiones bancarias, de las tortillas o su equivalente; ahora de la leche, de los celulares, de la televisión por cable, de la gasolina y diesel con el reciente aumento, hasta de los automóviles económicos pasando por las tarifas del servicio eléctrico. Toda la gama interminable de bienes y servicios a altos precios que padecemos los mexicanos es la grave distorsión de nuestra economía que va a seguir concentrando el ingreso y empobreciendo a mayor número de familias. Por ello es justo e inteligente propiciar una nueva estrategia económica que proteja al consumidor y prevenga al productor eficiente para lograr, entonces sí, no sólo crecimiento del PIB, sino de la mejor y más justa distribución de ese ingreso para que sea real y conduzca al crecimiento de la capacidad adquisitiva. Este círculo virtuoso podrá realizarse. La economía debe servir al hombre como única y esencial finalidad.

Abogado