Opinion

Mientras que para la literatura Ulises es un personaje al que se aguarda, en Oaxaca muchos preferirían que partiera y que jamás regresara.

El gobernador Ulises Ruiz no merece permanecer porque ha sido el principal responsable de la violencia desatada en su estado. Primero por su ineptitud, y luego por su necedad, la ciudad de Oaxaca de Juárez habrá de llorar durante tantos y tantos años este último episodio violento de su historia.

Por su torpeza para resolver, pero sobre todo por su alevosa tardanza para renunciar, los oaxaqueños habrán de guardar en su memoria los olores a cohetón y pólvora, las imágenes de helicópteros militares sobrevolando la Ciudad Universitaria, las barricadas desmontadas y los empellones y golpes de los policías federales. Y lo peor para cualquier sociedad: habrá de recordar la amarga sensación de cobardía que les quedará a unos y el rancio sabor de boca que dejará la traición de otros.

Por ello, para Ulises Ruiz no habrá Penélope que vaya a llorarle. Terminará siendo el nombre que evoque una muy triste memoria. El responsable de la innecesaria fractura entre la gente, el culpable de una rebelión cuyos límites todavía nadie conoce, el negligente que provocó el desbordamiento.

Ya no queda razón legítima alguna para que Ulises Ruiz conserve su asiento. Sobre todo porque su sola renuncia despresurizaría los más enrarecidos vapores del conflicto. Sacarle del gobierno de su estado se ha vuelto ya un asunto de seguridad nacional. Es una verdadera salida de emergencia.

Ayer, simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) intentaron tomar el eje Central Lázaro Cárdenas y mañana otros tantos grupos en el país podrían unírsele para esparcir la descomposición. No es posible mantener la conciencia en la ingenuidad: en México hay suficiente enojo contenido como para suponer que las cosas podrían escalar aún más. La situación todavía no está tan mal como para presumir que no podría ponerse peor.

Quienes están moralmente obligados a mandar de viaje a Ulises Ruiz son precisamente sus correligionarios priístas. Nadie cuenta con más herramientas legales y políticas que ellos para cumplir con esta ingrata tarea. La cuestión es ésta: si Ruiz se niega a renunciar o a pedir licencia, sólo el Congreso local estaría facultado para forzarle a dejar su encargo. En ese escenario, el Poder Legislativo oaxaqueño tendría que erigirse en gran jurado para juzgarle y luego removerle.

Sin embargo, para que tal cosa ocurriera se necesitaría que dos terceras partes de los diputados locales se pusieran de acuerdo. El asunto radica en que la gran mayoría de ellos es de filiación priísta. Luego, sólo los líderes nacionales del PRI serían capaces de saltarse a su gobernador para convencerles de cumplir con este asunto de necesidad republicana.

Así las cosas, la responsabilidad primera para detener el escalamiento del conflicto la tienen los diputados locales del PRI y, detrás de ellos, los líderes nacionales más importantes de ese partido. En concreto, sólo el líder priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y el de la Cámara Baja, Emilio Gamboa Patrón, tendrían herramientas suficientes para llevar las cosas a buen puerto. Es de esperarse que tal cosa la hayan calculado ya, tanto los encargados del actual como del futuro gobierno federal. Y también lo sería que ellos les hayan procurado todo el apoyo político necesario para cumplir con su encomienda.

Ahora bien, siempre cabe la posibilidad de que los diputados oaxaqueños se envuelvan en la bandera de Ruiz y se propongan evitar su salida, o peor aún, que quieran nombrar en su lugar al actual secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárraga, ex funcionario del Cisen, a quien los radicales de la APPO miran con tanto o más resentimiento que al actual gobernador. Ambos serían, sin lugar a dudas, terribles escenarios.

Por lo pronto, el reloj está contando horas extras. Ojalá y antes de que termine este fin de semana los oaxaqueños comiencen a retomar, con sus representantes populares y sin Ulises, el gobierno de su propia isla. Sin embargo, una vez que la política y la ley hayan actuado, no habrá nada más optimista que anunciar en esa triste región del país. La entrada de la fuerza pública a la ciudad de Oaxaca se quedará como el contrahecho monumento que simboliza lo que puede ocurrirle a una comunidad humana cuando se cierran las vías para la negociación pacífica y del diálogo razonado.

Profesor del ITESM