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Ricardo Raphael

Ni abuso, ni cesión

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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    06 de octubre de 2006

    ¡A nombre de Dios, hay que evitar la represión en el estado de Oaxaca! Declaró místicamente arrobado el legislador perredista Othón Cuevas. No se preocupe señor diputado, respondió don Carlos Abascal Carranza: "En nombre de Dios no haremos ninguna represión".

    Si mal no entiendo, en la sintaxis elegida por nuestro religiosísimo secretario de Gobernación se advierte que la ley divina ha quedado excluida como justificación para el uso de la fuerza pública. Si eventualmente el Estado mexicano se viese obligado a imponer el imperio de la ley, no será Dios quien termine autorizándole a proceder con la operación. ¿En nombre de quién, entonces, sería aceptable enfrentar a quienes tienen secuestrada a la capital del estado de Oaxaca?

    Con una frecuencia cada vez más intensa se escuchan las voces de aquellos que aconsejan el uso de la pólvora para desactivar este conflicto social. Suponen todas ellas que, una vez recuperadas las calles, las plazas y las escuelas por las fuerzas del orden público, el expediente Oaxaca quedaría limpia e impecablemente cerrado.

    Tengo para mí que de no consensuarse políticamente el uso de la fuerza, esta crisis podría terminar potenciándose al infinito. No hay que olvidar que este conflicto es el producto de un entramado bastante complejo de intereses. Porque no es una sino muchas las ramas que desbordaron al árbol, de muy poco serviría podar aquella horca que invadió el jardín del vecino si lo que se quiere es que las cosas vuelvan a la normalidad.

    Entre todas las consideraciones que habrían de hacerse, es conveniente recordar que un par de las raíces que configuran a este conflicto son el ERPI y el EPR (o lo que queda de ellos). Luego, una operación desaseada que reprimiera al movimiento social encabezado por la APPO podría terminar detonando una movilización subversiva de amplias proporciones.

    Ahora bien, el otro extremo -la ya clásica práctica foxista de no hacer nada (remember Texcoco)- es también indeseable a la hora de enfrentar a esta crisis. Escriturar por la vía de los hechos a la capital del estado de Oaxaca a nombre de la APPO es inaceptable. La violencia impuesta por algunos podría terminar siendo la moneda de intercambio en toda la sociedad.

    De ahí que, la política más deseable para zanjar este problema sea la del ni, ni: ni abuso de la fuerza pública, ni cesión de derechos del espacio público y de la educación a favor de la APPO.

    Una vía que tercie entre estos dos extremos sería la mejor para llevar las cosas a un buen puerto. De ahí la importancia para que se agoten absolutamente todas las instancias de diálogo. Por ello hoy Oaxaca se merece más y no menos paciencia, más y no menos propuestas, más y no menos inteligencias.

    Sólo si todos los intereses que hoy confluyen en la conspiración de este conflicto participan en la construcción de soluciones, la situación terminará por resolverse convenientemente. Han de participar en el diálogo los políticos y los caciques locales que tanto han manipulado las cosas para ponerlas a su favor. Me refiero a los ex gobernadores José Murat y Diódoro Carrasco, al actual senador Gabino Cué y al infatigable agitador Héctor Sánchez. También han de involucrarse los liderazgos magisteriales, en particular (otra vez) el de la poderosa profesora Gordillo.

    También han de participar, como actores privilegiados, los liderazgos nacionales del PRI, quienes, a la postre, terminarán decidiendo la suerte del gobernador Ulises Ruiz. Cuentan también como piezas clave para bajar la tensión de este conflicto personalidades muy respetadas en esa entidad como lo son el pintor Francisco Toledo o el empresario Alfredo Harp Helú.

    Son, en efecto, todos los actores que asistieron a la mesa de negociación convocada esta semana por la Secretaría de Gobernación quienes cuentan con la llave que abre y cierra la puerta. Si los extremos (APPO-gobierno del estado) no han podido resolver sus diferendos, lo mejor sería que ambas partes (incluido el gobernador) se guardasen mientras el resto de los interesados intenta encontrarle una cuadratura al círculo.

    Sólo la mediación de los demás involucrados hará posible configurar una tercera vía de solución al conflicto. O, en el peor de los casos, una vez agotadas todas las rutas pacíficas y dialogadas de resolución, legitimar el uso del monopolio legítimo de la violencia. Que sean ellos, los terceros, quienes en todo caso legitimen la decisión final del Estado mexicano.

    Profesor del ITESM



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