Opinion

Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores se han convertido en la versión política del perro que ladra pero no muerde. Mientras que, por un lado, en el discurso placero mandan al diablo a las (sus) instituciones, por el otro, se someten cotidianamente a ellas. Y si bien es cierto que suelen abusar de vocablos y símbolos rupturistas, a la hora de la hora siempre terminan colocándose en el filo de la legalidad.

Dicen que la elección pasada fue fraudulenta pero no dejaron de ocupar ninguno de los cargos que obtuvieron gracias a las urnas; señalan al Instituto Federal Electoral como una instancia secuestrada por la derecha y por los poderes fácticos pero no han dejado libre, ni por un minuto, su asiento en el Consejo General. Declaran que hay que "purificar" a las instituciones y, en los hechos, participan sinceramente de sus turbiedades.

En fin que, a pesar de presumirse verbalmente tan radicales, los integrantes de la coalición Por el Bien de Todos suelen terminar actuando como una oposición más bien sosegada.

Quizá el ejemplo más emblemático de esta aparente disfunción en el carácter de la izquierda mexicana ocurrió el pasado miércoles, cuando los presidentes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia acudieron ante el IFE para solicitarle a esta (¿nefasta?) organización del Estado mexicano que le otorgase registro público a su flamante Frente Amplio Progresista (FAP).

Curiosa cosa es que el principal instrumento con el que los participantes de la Convención Democrática lopezobradorista han decidido dar sus futuras batallas políticas haya de ser legalizado ante la autoridad que ellos mismos han tratado con tanto desprecio. En efecto, ésta no es la forma más coherente para mandar por un cuerno a las instituciones.

Todavía más interesante a este respecto son el convenio y el reglamento que los integrantes del FAP han decidido presentar como fundamentos de su matrimonio. En tales textos se advierte claramente que la consecución de sus propósitos se hará dentro del marco de las leyes vigentes. Es decir, que todas las acciones de este vehículo político serán obligadamente lícitas. No hay que perderse el dato, al tomar la decisión de registrar su unión de acuerdo con los artículos 56 y 57 del Cofipe, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador han hecho ya una elección sobre la ruta que seguirán para hacer avanzar sus causas, y esa ruta es esencialmente institucional.

Por lo pronto, al someterse al "marco de las leyes vigentes" han dado, de facto, por descartado el desconocimiento a la autoridad que derivará del próximo presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: Felipe Calderón Hinojosa.

Tan verdad es esto que en ninguno de los documentos de referencia se hace mención de su persona o de la de Vicente Fox Quesada. Es cierto que ahí se habla de cambiar el rumbo de la política económica, de fortalecer el estado de derecho, de rescatar a la autonomía del Estado y de fundar un nuevo régimen político, pero también lo es que en ningún momento se proponen hacer tales cosas por medio de vías violentas o revolucionarias.

Los propósitos expresados ante el IFE por los dirigentes del FAP son todos legales. Críticos del actual statu quo pero cuidadosamente armónicos con la norma. Su mensaje político y también jurídico es claro: transformación dentro de las actuales reglas. No queda más que felicitar a quienes integrarán al FAP por su compromiso final con la democracia. Por su respeto hacia este imperfecto régimen que al mismo tiempo se nos presenta como el único donde todos podremos coexistir pacíficamente.

Algo de muy sólido ha de tener el actual marco institucional que tanto para seguir actuando juntos como para poder financiar sus actividades comunes, el PRD, el PT y Convergencia han tomado la decisión de convertir al IFE en el juez del registro civil de sus (buenas o malas) intenciones comunes.

De entre todas las opciones que tenían a su alcance para continuar asociados, estos tres partidos optaron por aquella que les ofrece la organización del Estado mexicano que encabeza precisamente Luis Carlos Ugalde.

Nada les hubiera impedido constituir un frente por fuera de las instituciones electorales y, sin embargo, los beneficios de continuar cobijados bajo el paraguas del IFE terminaron siendo superiores a los cotos de tomar la ruta de la defección. ¡Enhorabuena!

Profesor del ITESM