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Gerardo Unzueta

La institución madre

Analista político, periodista, escritor. Ha sido miembro de los partidos Comunista Mexicano, Socialista Unificado de México y de la Revoluci ...

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    23 de septiembre de 2006

    ¡Viva la soberanía popular! Tras esta arenga, Alejandro Encinas flameó la bandera. Un coro inmenso, entusiasta, como nunca habíamos oído en un 15 de Septiembre, le respondió. Esa multitud -¿sería un millón?, nadie lo sabrá- celebraba no sólo el aniversario del grito de Dolores sino también su capacidad de conmemorarlo precisamente vitoreando "la madre de todas las instituciones" y estableciendo una diferencia con las conmemoraciones burocráticas, ¡ay, tan alejadas de la naturaleza de la batalla liberadora, muchas veces reemprendida, de Miguel Hidalgo!

    Sí, porque era ese un momento culminante del arranque de la resistencia civil que se propone, al revés de lo que la campaña mediática pretende, restaurar el contenido del artículo fundacional de la nación mexicana, el formulado por Morelos en el Congreso de Apatzingán, el sostenido por la Revolución de Ayutla, el reafirmado por la revolución de 1910-1917: el artículo 39 de la Constitución.

    No es extraño, entonces, que al día siguiente, en la Convención Nacional Democrática, los más de un millón de delegados interrumpieran con largas ovaciones a Elena Poniatowska en cada fragmento del artículo 39, cuando lo leía al inaugurar el acontecimiento. Con esas dos manifestaciones, el pueblo congregado ante el Palacio del Ayuntamiento, y los delegados reunidos en el gran zócalo declararon su decisión de ajustar todas las normas y los órganos de gobierno al contenido de "la madre de todas las instituciones".

    La acusación de la derecha extrema habilitada de gobierno, no puede ser más falaz: el movimiento que cobró presencia en la CND "persigue la destrucción de las instituciones". Falso, lo que sí se propone es combatir las deformaciones a las instituciones históricas del pueblo mexicano que ha impuesto el dominio de las diferentes formas de autoritarismo que se han sucedido en el país, en particular durante el último medio siglo. Por ejemplo, ¿cómo aceptar que la reforma agraria alemanista, ruizcortinista, y otras, hasta la zedillista y la foxista, correspondan a la naturaleza de la institución "originaria y esencial", creada por las luchas populares con inmensos caudales de sangre?, ¿cómo coincidir con que es "para beneficio" del pueblo el acaparamiento progresivo del gran capital sobre los recursos naturales -petróleo, energía, carbón, minerales- cuando se desecha el institucional "dominio directo de la nación de los recursos naturales"?; y si el pueblo "tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno", ¿es institucional acaso el fraude, probado y reconocido hasta la saciedad, al cargo de un partido que es "entidad pública" y dos "instituciones" como el Tribunal Electoral (TEPJF) y el Instituto Federal Electoral?

    Y por fin hay que afirmar claramente que más de un tercio de ciudadanos mexicanos padecen la castración "institucional" -¡gracias Congreso de la Unión!- de sus derechos políticos: los pueblos indios y los mexicanos en el extranjero. Confesemos nuestro delito: somos culpables de la decisión de lograr que la soberanía resida esencial y originalmente en el pueblo; de pugnar porque todo poder dimane del pueblo y sea para su beneficio y de hacer realidad el derecho inalienable de alterar o modificar la forma del gobierno.

    Ese delito estamos dispuestos a cometerlo, por lo pronto, 15 millones de mexicanos, más los que se nos junten de aquí al 1 de diciembre. Volveremos a gritar como el 15 y el 16 en el zócalo: "¡Viva la soberanía popular!"

    Analista político, miembro del PRD



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