Opinion

El actual momento político que vive el país exige de todas las fuerzas partidistas actuar con alto sentido de la responsabilidad, mesura y prudencia. El VI y último Informe de Gobierno del presidente Vicente Fox es una oportunidad para que, en medio del encendido debate originado desde las pasadas elecciones del 2 de julio y con estricto goce de la libertad de expresión que tenemos todos los mexicanos, los actores políticos ejerzan sus prerrogativas con responsabilidad y renuncien a plantear, de forma irracional argumentos que de otra manera pudieran ser muy racionales.

La democracia que tanto trabajo nos ha costado construir a los mexicanos requiere de los ciudadanos y los partidos políticos señales sólidas de que sabemos conducir nuestra pluralidad política por caminos de civilidad y entendimiento, por más enconado que se encuentre el debate postelectoral, que todavía aguarda la calificación final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A nadie puede conculcarse su derecho legítimo a manifestar sus ideas y hacer oír su voz, como tampoco a nadie conviene fragilizar y dañar a nuestro sistema político, porque hacerlo es tanto como propiciar el caldo de cultivo ideal para quienes sí tienen intención de aprovecharse de su debilidad y obtener beneficios individuales o de grupo a partir del desorden.

Esto atrasaría el reloj del país décadas enteras, cuando lo que necesitamos es ver hacia adelante, enriquecer las instituciones que consideremos imperfectas o arcaicas y fortalecer las que sí han funcionado, todo dentro del marco institucional.

Hace tiempo, por ejemplo, que la eficacia de la propia ceremonia del informe anual de gobierno, de los presidentes de la República, ha sido cuestionada, aun cuando se encuentre consagrada en la Constitución. A lo largo del tiempo la presencia presidencial en el inicio de sesiones del Congreso de la Unión ha pasado de tener niveles incomparables de solemnidad y simbolismo republicano hasta volverse un evento anticlimático, que depende de su glosa detallada en los días posteriores para conocer el balance real del estado que guarda el país.

Dentro de nuestro actual esquema de división de poderes, esta ceremonia puede revisarse. Así también son sensibles de ser perfeccionados, vía el diálogo y la negociación, todos aquellos ámbitos de la vida nacional, las instituciones y órganos de administración gubernamental, que a juicio de los actores políticos requieran ser actualizados, de tal manera que respondan mejor a las circunstancias de la nación; pero siempre dentro del ámbito institucional.

Los miembros del Congreso de la Unión están obligados a ejercer sus libertades con prudencia y a negociar todo el tiempo, a buscar consensos y acuerdos, sobre todo cuando el pueblo de México votó de manera heterogénea y ordenó la composición plural del Poder Legislativo. Esa es la naturaleza del Congreso y tal es el espíritu del ejercicio político; quien no tenga esa disposición no podrá hacer mucho ni por el país ni por sus propia causas. Hoy mismo estará a prueba la voluntad democrática. Hoy mismo los legisladores podrán garantizar a todos que la democracia es nuestra voluntad nacional.