Opinion

Ayer, en San Lázaro, ocurrieron hechos que son verdaderamente lamentables por todas razones. La violencia, que se ha insistido en evitar, asomó sus fauces. El resultado: hubo varios lesionados y otros fueron atendidos por crisis nerviosas.

El incidente ocurrió cuando quienes reclaman conteo total de los votos emitidos en las elecciones, quisieron impedir que la policía retirara vehículos estacionados frente a la puerta principal de la Cámara de Diputados, que es resguardada por granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal y la Policía Federal Preventiva.

El presidente de la Cámara, diputado panista Álvaro Elías Loredo, negó haber llamado a la PFP, hecho que el diputado perredista Juan José García Ochoa atribuye al Estado Mayor Presidencial, el cual normalmente prepara los dispositivos de seguridad del Presidente de la República en vísperas del Informe de Gobierno, que será el viernes primero de septiembre; es decir, en menos de tres semanas.

Los hechos ocurren cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye el recuento parcial de los votos, tema central de la protesta perredista, como parte del proceso electoral federal, antes de la declaratoria de presidente electo. Es decir, en tanto se avanza en el campo jurídico, se presiona también en la arena política.

Estos sucesos son graves, porque amenazan con plantear soluciones violentas a conflictos postelectorales para los cuales existen cauces legales, ya probados, pero vulnerables ante el enconamiento de un ánimo atizado con pasión. Y es bueno que haya pasión en cuanto a política se refiere, pero ésta debe estar dentro de los márgenes del estado de derecho.

Ni qué decir que los partidarios de Andrés Manuel López Obrador tienen todo el derecho a protestar por el resultado de los comicios y a demandar esclarecimientos plenos. Esto importa no sólo a un partido político, sino a todos, y es del fundamental interés de la sociedad entera. El límite de la reclamación es el respeto a los derechos de los demás a circular libremente por el territorio nacional, y a vivir sin la amenaza de una ola de violencia largamente anunciada.

Por su parte, si las autoridades tienen como razón esencial de ser la seguridad pública, también deben actuar con mesura, prudencia y absoluta responsabilidad para no convertir un acto de imposición del orden en una sarracina indiscriminada en contra de quienes pueden ser vistos como enemigos jurados del gobierno federal.

El piso está muy resbaloso, por lo que malicia y madurez son requeridas para no morder el anzuelo de las provocaciones, cualquiera que sea su origen.

Habrá quienes se regocijen por el choque entre particulares y policías. Quienes lo hagan incurrirán en una seria falta de responsabilidad que puede derivar en situaciones extremas y eso nadie, bien intencionado, lo quiere.

Lo que se necesita es evitar caer en enfrentamientos violentos y disponer de toda la paciencia posible para que el proceso termine, y, entre tanto, entablar negociaciones políticas que permitan llegar a acuerdos mutuamente benéficos para poner las bases a una transición civilizada y normal; urge que todos los actores políticos hagan eso precisamente: política.