Opinion

A partir de la elección presidencial se ha separado la legalidad de la legitimidad. Hoy están en campos diferentes. Mientras no vuelvan a unirse, no será gobernable el país. Entre más pronto se cobre conciencia de ello, y se tomen las decisiones necesarias para aproximarlas, menos prolongada y profunda será la crisis política en la que ha entrado México. En el campo del gobierno descansa la interpretación de la legalidad. Finalmente ellos pueden decidir cómo se interpreta la ley. Pueden, también, determinar qué es ilegal.

Quiero ser preciso: ellos tienen la interpretación de la ley, pero no han sido consecuentes con su cumplimiento. Son numerosos los hechos donde, desde el Estado, se ha violado, sin consecuencias, la ley. Particularmente, en el caso de la elección, el gobierno y diversas instituciones públicas y privadas, violaron la ley, sin que haya habido autoridad que frenara y sancionara esas conductas. A manera de ejemplo, la utilización de los tiempos fiscales y oficiales para respaldar la campaña del candidato del gobierno, no pudo ser detenida, ni siquiera cuando así lo había ordenado la Suprema Corte. El pago de la publicidad por empresas y la presentación de spots con propósitos electorales era ilegal, pero nada se hizo para frenarlo.

Lo que cuenta, por lo tanto, no es quién cumple la ley, sino quién dice que algo es legal o ilegal. Esto no es nuevo en México. Con demasiada frecuencia en el nombre de la ley se han cometido atropellos y despojos, se ha criminalizado la protesta social y se han impuesto decisiones contrarias al interés público. En el campo de la oposición que hoy protesta contra los resultados de la elección está la legitimidad. Si ellos aceptan el resultado de la elección, el nuevo gobierno será legítimo. Pero mientras no lo acepten, el nuevo gobierno no será legítimo, más allá de que algunos puedan sostener que la legitimidad se ganará cuando sea validada la elección.

La legitimidad es aceptación. Es la obediencia que se deriva del reconocimiento y la aceptación del gobernante por parte de los gobernados. Tener legitimidad hace toda la diferencia. Ya lo decía Lipset, la legitimidad es incluso más importante para el sostenimiento de un gobierno que la eficacia. La legitimidad es el fondo. La legalidad es la forma. En una democracia, la legalidad y la legitimidad van de la mano. No son iguales, pero no están en campos diferentes. La oposición necesita de la legalidad. El régimen de la legitimidad. Puede ocurrir que el régimen no legalice las demandas de la oposición. Y que la oposición no legitime al gobierno. Si ese es el caso, iremos a un periodo prolongado de inestabilidad, en una dialéctica de aniquilamiento de las partes.

En la historia mundial la separación de la legitimidad de la legalidad es un anuncio de que esa sociedad se aproxima a una zona de peligro y de posibles desenlaces destructivos para todos. Un ejemplo clásico fue el resultado de la Revolución de junio (1848-49), donde al final se concluyó: "Los trabajadores de París fueron sobrepasados por una fuerza superior, pero no han sido dominados. Ellos han sido derrotados, pero sus enemigos están exhaustos". "El tricolor de la República ahora tiene un solo color, el de los derrotados". Quien mire a la profundidad del conflicto resultante de esta elección, no podrá dejar de reconocer que la oposición, sin el recurso de la legalidad, difícilmente podría ser gobierno. Pero que el gobierno, sin la legitimidad, difícilmente podría gobernar o, en caso extremo, incluso constituirse.

En el fragor de la lucha política y en los pasillos de la cortesanía difícilmente se pueden apreciar estas realidades. No hay matiz que valga. Pero en la responsabilidad frente a la sociedad y la historia, la única salida sensata a la crisis pasa por el reencuentro de la legalidad y la legitimidad. El puente asequible hoy es el Tribunal Electoral. Es grande el servicio que le puede hacer a México si asume su responsabilidad de Tribunal Constitucional de pleno derecho.

Diputado federal (PRD)