Opinion

El sistema constitucional mexicano está construido en torno a una fuerte concentración del poder presidencial. A diferencia de otros sistemas, el nuestro no está preparado para la incertidumbre en cuanto a la titularidad de la Presidencia.

Una sociedad extenuada por los dicterios e intimidada por las disyuntivas planteadas durante la campaña, se enfrenta ahora a un sorprendente desenlace: la solución es peor que el problema. Hoy no tenemos candidato, pero tampoco tenemos presidente. Uno de los sistemas presidenciales más arcaicos del constitucionalismo contemporáneo amenaza quedar a la deriva. Por eso, instintivamente, muchos comienzan a preguntarse si corremos riesgos en cuanto a la gobernabilidad.

El Presidente incurrió en un error crítico cuando exploró la posibilidad de postular a su esposa. A partir de ese momento la respetabilidad de su investidura comenzó a demeritarse. Cuando el apetito por el poder se exhibe sin pudor, adquiere ribetes de vulgaridad, y a los gobernados no nos simpatiza la idea de someternos a quienes son más pequeños que su ambición. El Presidente no soportó con humildad la reacción de los muchos que denunciamos sus designios sucesorios, y paulatinamente adquirió un estilo desafiante que lo llevó a colisiones onerosas para el sistema político. El costo más elevado consistió en haber rasgado algunos de los delicados filamentos de la gobernabilidad.

El poder, como Jano, tiene dos rostros: el seductor y el intimidante. La cara oscura del poder se deja ver de tarde en tarde, pero con sólo saber de su existencia la mayoría procura esquivarla. Se prefiere, en cambio, la expresión amable que adquiere la forma de un gobierno razonable, eficaz, oportuno, equitativo y previsor. En términos generales, la gobernabilidad depende más de la adhesión al sistema constitucional y del acatamiento espontáneo a los designios del poder, que del ejercicio de las atribuciones coactivas del Estado. Estas son facultades de reserva a las que se apela cuando todo lo demás fracasó.

Hoy, cuando la esperada jornada electoral va quedando atrás dejando una oquedad en el poder, reaparece la inquietante cuestión de la gobernabilidad en México. ¿Cuál será el rostro que nos dejará ver el poder para que lo obedezcamos? El nuevo presidente, cuando lo declaren así, ¿inspirará acatamiento entusiasta y espontáneo o se impondrá mediante otros arbitrios? Esta punzante pregunta está en muchas partes, pero la respuesta todavía no aparece en ninguna.

Hace unos días, en una extraña entrevista concedida a un periódico francés, el Presidente manifestó que su sucesor apenas alcanzaría el 36% de la votación y que, por esa misma razón, su legitimidad se vería mermada. Es muy probable que cuando el Presidente opinó así, pensaba en un personaje que no era el candidato de su partido; hoy, quizá, preferiría retirar esas palabras. Pero ahí están. Es suyo el cuestionamiento de la legitimidad de quien triunfa con apenas el porcentaje que, certeramente, predijo. Este asunto es relevante, porque la legitimidad guarda una relación cercana con la gobernabilidad. Sobre la base de una legitimidad cuestionada por el propio Presidente de la República, la gobernabilidad se torna frágil. El Presidente, además, atribuyó a esa merma de legitimidad la dificultad de encontrar apoyo en el Congreso para las políticas del gobierno.

Si completamos el panorama de incertidumbre con la compleja composición del próximo Congreso, advertiremos que las posibilidades para ejercer un gobierno eficaz, razonable, oportuno, equitativo y previsor, se acercan a la imagen de una quimera. En un país donde la división ha calado y en un momento en el que la política suscita sensaciones de frustración, es difícil encontrar elementos que conduzcan a la predominancia del rostro amable del poder.

Desde hace años fuimos muchos los que pronosticamos lo que hoy, deplorablemente, se está presentando. No es imposible, pero sí improbable, que la retórica de las hostilidades sea sustituida en el corto plazo por una de buenas maneras políticas. Aún queda por delante la contención jurisdiccional, que tampoco es apta para restañar heridas.

Las preocupaciones por la gobernabilidad aún no constituyen una prioridad para la clase política; su interés dominante es más prosaico: ocupar el poder. Cuando opten por buscar la armonía, la reforma institucional, aplazada por incapacidad e indolencia, ofrecerá una clave para la gobernabilidad. Aunque el camino es estrecho y sinuoso, requiere de una andadura rápida y firme. ¿Será posible?

diegovalades@yahoo.com.mx

Director del IIJ-UNAM