Opinion

Amortiguados los efectos corrosivos de la campaña del miedo y suspendida por ahora la antidemocrática promoción electoral del Ejecutivo, parece abrirse un espacio para la discusión de los proyectos de los candidatos. Ése, que no la descalificación, debiera ser el objetivo del próximo debate.

En mi intenso recorrido por el país encuentro un hastío por el denuesto y una sincera actitud por escudriñar las plataformas de los contendientes. Como un efecto bumerán de los irracionales ataques de la derecha, la gente quiere saber en qué podría consistir el "peligro" que tanto se les anunció. A poco de platicar se descubre que el verdadero riesgo para el país reside en la continuidad de la desastrosa política del actual gobierno.

Los hechos no engañan y las cifras menos. Es fácil aprehender que la estrategia neoliberal, implantada hace casi un lustro ha llegado a su fin. Que nos ha dejado muy pocos avances y en cambio una incontable saga de retrasos.

Son inobjetables los datos que dan cuenta de la pérdida del crecimiento económico, de la creación de empleos y del nivel de competitividad del país. Son aún más graves los estragos causados por la ruptura de las cadenas productivas, la profundización de la desigualdad, la pérdida de la cohesión social y los abismos crecientes entre regiones del país.

De Washington nos ha llegado una información irrebatible: la gran mayoría de los 7 millones de indocumentados mexicanos que el Senado estadounidense pretende regularizar, migraron a ese país después de 1980 y los 4 millones que serían regresados a México llegaron allá durante el sexenio de Fox.

Esta administración registra con mucho el peor desempeño del periodo histórico que ahora concluye.

En la reunión sobre consolidación de la democracia promovida por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y organizaciones de la sociedad civil que ayer terminó se alcanzaron conclusiones unánimes sobre la regresión política del país. Una transición inconclusa, y en varios sentidos traicionada, por el rechazo a reformar las instituciones y a establecer un estado de derecho capaz de cancelar el autoritarismo y la corrupción que la pluralidad ha multiplicado.

Se propuso estimular una activa participación ciudadana para la construcción de un nuevo andamiaje jurídico e institucional. Ello supone una amplia determinación colectiva que impulse la modificación del régimen constitucional. Lo que a su vez exige la formación de una mayoría política que permita legislar en ese sentido y un conjunto de acuerdos nacionales que hagan posible enderezar el rumbo económico y social del país mediante el mayor consenso posible.

Percibo también una comprensión cada vez más extendida sobre lo que ha significado la izquierda en la historia del país. Cualquiera entiende que los héroes de la Independencia encarnaron en su tiempo la vanguardia ideológica, como lo hiciera después Benito Juárez y la generación de la Reforma, así como los precursores, militantes y primeros gobernantes de la Revolución Mexicana.

Ocurre sin embargo que el modelo conceptual implantado por la globalización ha generado una suerte de escisión generacional. Encuentro de un lado todos cuantos se formaron en la mejor tradición de la escuela pública mexicana y del libro de texto gratuito; del otro lado quienes han sido afectados por la decadencia educativa, la satanización de los valores públicos, la privatización del Estado y la influencia avasallante de una televisión mercantilista.

En ese sentido, la elección que viene puede representar un parteaguas en la trayectoria de la nación. Más que optar por candidatos o por partidos, se va a elegir en verdad un proyecto de país para toda una generación.

De una parte, la desnacionalización de la política, de la economía y de la cultura y de la otra el rescate de los valores y esperanzas que le imprimieron, durante más de un siglo, dirección a nuestra historia.

Es en este contexto que he llamado al "voto patriota", más que al "voto útil", propio de cualquier polarización política. Aludo a la determinación consciente de millones de ciudadanos de convicción progresista, no importa su militancia partidaria o su carencia de ella. Un fenómeno semejante al sucedido en 1988, que infortunadamente no se concretó entonces en el cambio deseado.

Cuesta trabajo entender el propósito de judicializar las elecciones, en el que podrían coincidir paradójicamente -según la nota de un perspicaz analista- las intenciones reeleccionistas de Vicente Fox y la desesperación política de Roberto Madrazo. Lo que se requiere para el mantenimiento de la paz pública y de la estabilidad general del país es un movimiento claro de los electores a favor de una de las dos propuestas que se contraponen, a efecto de provocar una diferencia indiscutible en la votación que vuelva contundente la victoria.

La transparencia del debate habrá de esclarecer el contenido último de las propuestas y permitirá sortear las truculencias de quienes buscan sacar provecho de un supuesto empate técnico. El Consejo General del Instituto Federal Electoral es el principal responsable de propiciar la distensión política y de garantizar la abstención absoluta del gobierno en el proceso, de manera que se establezca la inobjetable legalidad y legitimidad de las elecciones. De lo contrario, faltaría gravemente a su deber constitucional.