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José Luis Piñeyro

¿Narcomenudeo?

Profesor investigador del Departamento de Sociología (UAM Azc.). Licenciado en Relaciones Internacionales (El Colegio de México) Maestro en S ...





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    29 de abril de 2006

    A caban de ser modificadas la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales por parte de la Cámara de Diputados con base en una minuta de ley enviada por la cámara senatorial.

    Las modificaciones responden a la necesidad de combatir con mayor eficacia la proliferación de un fenómeno nuevo que impacta a jóvenes y niños en casi todas las ciudades de México: el narcomenudeo.

    Destacan distintos aspectos positivos de la actualización jurídica. Uno es que se faculta a las policías municipales, estatales y federales para combatir al narcomenudeo, aunque se especifica que el acopio de drogas por arriba de cierta cantidad sigue siendo atribución federal; disposición muy sana que evita casos como el de Blanca Villeda, procuradora estatal de Puebla, quien en un sospechoso ataque de celo "autonomista" evitó que el presunto narcotraficante y asaltante Ezequiel Cano Maya fuera consignado a la justicia federal, como informó con amplitud EL UNIVERSAL.

    Otro aspecto es la posibilidad de que los reos drogadictos también reciban tratamiento de rehabilitación en las penitenciarías, lo que implica el consumo supervisado y restringido de algunas drogas como parte del proceso rehabilitatorio.

    Otro más consiste en la despenalización de la posesión mínima de ciertas drogas sintéticas y naturales para consumo personal, salvo situaciones donde el poseedor esté al interior o alrededores de centros de educación básica por segunda ocasión o ulterior ocasión. Se restringe así el eventual abuso policiaco y se aleja de las escuelas a los narcomenudistas.

    Las modificaciones legales referidas entrarán en vigor tres meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, plazo considerado suficiente para que las máximas autoridades municipales, estatales y federales puedan realizar todas las adaptaciones administrativas, técnicas, legales, operativas, de adiestramiento y de espacios de reclusión.

    Surge la duda entre algunos sectores sociales si las adecuaciones jurídicas mencionadas son un primer paso hacia la legalización de las drogas y el impulso hacia su mayor consumo.

    No, lo que se está haciendo es despenalizar el consumo bajo ciertas circunstancias restringidas y posibilitar una acción policial del conjunto del Estado; además es poco factible que niños o jóvenes se vean incentivados a drogarse sólo por una aparente mayor permisividad legal. Desde luego que son otros factores detonantes de mayor importancia los eventuales inductores, tales como el desempleo y subempleo masivo, la disgregación familiar, la narcocultura, la impunidad delictiva, entre otros.

    A propósito de elementos estructurales, es decir, dado que el desempleo abierto de más de un millón y medio de mexicanos, de los 11 millones subempleados en la economía informal y de una cifra indeterminada de la economía criminal en sus múltiples facetas conocidas (mercancías contrabandeadas o robadas, productos de piratería, tráfico ilegal de drogas, armas, niños, mujeres, órganos humanos, migrantes, carros, secuestros, asaltos, entre otros) no van a ser superados en el corto plazo, lo único que queda de momento es recurrir a la fuerza moral de la nación en el combate al narcomenudeo y al crimen profesional.

    Esto es, se requieren amplias y permanentes campañas institucionales de prevención contra el consumo de estupefacientes en las escuelas, las fábricas, las universidades, en los medios masivos de comunicación radiales, televisivos e impresos.

    También resulta impostergable que las autoridades y la ciudadanía generen diferentes mecanismos de participación social contra el crimen organizado como son las juntas escolares de padres de familia, de condóminos, de barrio, vecinales, entre otras.

    Igualmente, es necesario establecer una red de centros de rehabilitación de drogadictos para quienes no están presos, quienes son la inmensa mayoría. Prevención, participación y rehabilitación son complementos insustituibles de las actualizaciones jurídicas contra el narcomenudeo y, por supuesto, se requiere cambiar el modelo económico neoliberal por parte del futuro gobierno nacional para que a mediano plazo ataque el desempleo, el subempleo, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, los monopolios mediáticos y empresariales, todos tan estructurales como las 30 mil tienditas de narcomenudeo que existen a lo largo del país.

    PD. Toda nuestra solidaridad con el boicot laboral, escolar y de consumo del 1 de mayo de nuestros paisanos en Estados Unidos. Acá, no consumamos productos o servicios de EU ese día.

    jlpineyro@aol.com

    Profesor investigador UAM-A



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