Opinion

Está a punto de consumarse un insólito atentado contra la autonomía de decisión del Congreso y la autoridad de las instituciones republicanas respecto de los poderes de facto que están obligadas a regular. Tras varias semanas de intenso cabildeo parlamentario y de abierta presión social, finalmente un grupo numeroso de senadores del PAN se comprometió a votar en favor del controvertido proyecto de Ley Federal de Radio y Televisión.

A pesar de la viva reacción de los actores económicos y ciudadanos que suscitó en su contra, y del resultado abrumadoramente adverso a la minuta de las audiencias senatoriales, se impuso finalmente la venalidad, el contubernio político y, en última instancia, el pragmatismo ramplón de quienes dicen encarnar la dignidad de la democracia.

El fiel de la balanza se inclinó por el vuelco de los legisladores del PAN, a quienes, en el más puro estilo caciquil, su dirigente nacional les hizo saber que Televisa había ofrecido consentir a su candidato presidencial a cambio de la sumisión parlamentaria. La democratización convertida en subasta del Estado. El soborno confeso que los hará perder el honor sin ganar con ello las elecciones.

No todo está terminado, sin embargo. El llamado a congelar el proceso de aprobación de la ley pudiera surtir efectos en la medida que se conjugue la movilización social y la firme determinación de los senadores que se oponen al proyecto. Sería aconsejable también la acción política de los partidos que decidiesen salvar la limpieza de la elección y la equidad de la contienda

Una vez más es audible el silencio cómplice del Consejo General del IFE. La injerencia indebida de empresas concesionarias en la redacción y aprobación de la ley es notorio. Patente es también el ofrecimiento de colocar su poder a lado de uno o dos de los candidatos presidenciales. El instituto debería formular un enérgico pronunciamiento al respecto y tomar todas las medidas legales a su alcance para evitar un abuso que de modo tan flagrante contraría su mandato constitucional.

Se ha hecho ya un llamado al Presidente de la República para que, si la ley fuese aprobada, interpusiera el derecho de veto que le confieren los apartados "B" y "C" del artículo 72 de nuestra Carta Magna. Tal actitud obligaría a la conformación de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. El Ejecutivo asumiría por este acto la responsabilidad final del contenido de la ley y, aunque parezca ilusorio, aprovecharía una oportunidad irrepetible para recuperar el liderazgo de la transición.

Queda todavía un recurso extremo: la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que podrían intentar -según lo dispuesto en las fracciones "A" y "B" del segundo apartado del articulo 105- el 33% de los diputados o de los senadores federales. De acuerdo a ese procedimiento, las minorías del Congreso podrían ejercer su derecho a objetar decisiones legislativas que implicasen contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.

El argumento que fundaría semejante acción es simple y, a mi manera de ver, irrebatible. Habida cuenta de que el régimen competencial definido en el articulo 124 establece que todas las facultades de las autoridades federales deben ser expresamente concedidas por la propia Constitución, y de que el articulo 73 no se refiere en ninguna de sus fracciones a la radio y a la televisión, el Congreso de la Unión carece de facultad para legislar en la materia.

En rigor, esta incongruencia existe desde la expedición de la ley vigente de 1960, pero nunca había sido controvertida por la vía jurisdiccional. Los actores de ese ordenamiento quisieron eludir, por una parte, la cuestión del contenido de las emisiones y otorgar, por la otra, potestades supremas al Ejecutivo de la Unión en este campo. Esa fue la razón por lo que derivaron de modo espurio dicho ordenamiento de los artículos 27 y 48 constitucionales.

Se trataba de equiparar las industrias de radio y televisión con otras dedicadas a la utilización de recursos naturales que se encuentran bajo el dominio directo de la nación. De esta manera, la mención "espacio situado sobre el territorio nacional", que aparece en el párrafo cuarto del artículo 27, fue motivo suficiente para equiparar esas actividades con la explotación de los yacimientos minerales y de los hidrocarburos. Así se justificó que el supuesto aprovechamiento del aire por los particulares sólo podría realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal.

Al ser evidente, no obstante, que el Congreso de la Unión carece de facultad explícita para legislar en la materia, se arguyó que el artículo 48 establece que, entre otros bienes de la nación, el espacio aéreo depende directamente del gobierno de la Federación. De lo que no se deduce de modo alguno la facultad para regular el funcionamiento de industrias que además de propagarse por otros medios físicos, deben ponerse en consonancia con derechos sociales y ciudadanos consagrados por la Constitución.

No pudieron prever los autores de esa ley que la televisión por satélite y la televisión por cable habrían de transmitirse por espacios distintos a los comprendidos en esos artículos. Menos aún que en la reforma constitucional posterior quedaría establecido el derecho a la información como una garantía fundamental de los mexicanos.

De acuerdo a esas consideraciones, el que escribe, siendo titular de la Secretaría de Educación Pública, propuso formalmente que las disposiciones sustantivas sobre la radio y la televisión quedaran estipuladas en el artículo tercero constitucional, de manera que esas actividades quedasen sujetas a los principios y valores contenidos en dicho artículo.

Podría pensarse por último en una nueva iniciativa que abarcará tanto las reformas constitucionales indispensables como el vasto espectro de cuestiones implicadas en un ordenamiento moderno sobre la materia. Deberían considerarse para este intento de síntesis los principales proyectos legislativos presentados durante los últimos años, algunos de los cuales tuvieron el apoyo de varios partidos y que a lo largo de este sainete fueron sospechosamente olvidados.

Un proyecto de esta naturaleza restauraría la dignidad del Poder Legislativo y podría ser debatido por el próximo Congreso, una vez que se diluya la capacidad de intimidación de los señores de la pantalla y el miedo pueril de sus rehenes.