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Porfirio Muñoz Ledo

El poder ciudadano

Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD, senador, di ...

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    14 de febrero de 2006

    El debate del Consejo Consultivo para un Proyecto Alternativo de Nación que sostuvimos la semana anterior sembró valiosas reflexiones. Destacó tanto la necesidad de construir un programa de gobierno mediante la más amplia participación intelectual y social, como la imposibilidad de afirmar el imperio de la ley desde la extrema debilidad de las instituciones públicas y en ausencia de un nuevo marco constitucional que organice a la República.

    El interés despertado entre los especialistas por el ejercicio que iniciamos es alentador. También la reacción de los ciudadanos que desean involucrar su opinión. Se diría que antes de sancionarla con el voto, quisieran construir una candidatura con propuestas. La forja del poder democrático como una obra colectiva de hombres y mujeres libres.

    Ante el descrédito de los partidos resulta difícil para muchos depositar sin más su confianza en los personajes que presentan esas formaciones políticas. Desearían someterlos a la prueba de las ideas y hacerlos suyos mediante un diálogo sin intermediarios. Adquirir la certidumbre de un compromiso verdadero. Para ciudadanizar el poder es menester ciudadanizar primero los caminos que conducen a su formación.

    Anota certeramente Juan Villoro que "después de 71 años sin democracia auténtica, más que candidatos hemos querido tener mesías", y luego, "las elecciones no son procesos de beatificación". Para rematar, "el voto por la izquierda valdrá en la medida que gente sin partido incorpore temas en la agenda y exija que se cumplan. Antes de votar hay que precisar el contenido del voto".

    Habría que desarrollar, como lo sugiere, redes más amplias de comunicación al margen de las estructuras partidarias y de los actos de campaña. Intercambios horizontales y módulos autónomos que vincularan a la izquierda societaria y aun a la contestataria en una trama de propuestas y demandas. Tejer desde abajo los fundamentos de un auténtico poder ciudadano.

    No otra cosa es lo que los clásicos denominaron la voluntad general, aquella en la que ha de sostenerse toda edificación democrática. De ahí también que la fragilidad de nuestras instituciones resida en el doble fenómeno descrito en el informe sobre la democracia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo he sintetizado así: la sociedad no está en el poder pero el poder tampoco se encuentra en el Estado.

    Por ello, toda reflexión seria sobre la cuestión del poder en la región pasa por su redefinición constitucional. Así se estableció en nuestro debate: la transición democrática exige la creación de una nueva legalidad. Como sugirió Alberto Székely: "La revisión integral del andamiaje jurídico en el que descansó el viejo régimen y al cual se afianzó para mantenerse en el poder"; o bien, en palabras de César Cansino, "la renovación de un entramado institucional y normativo construido para fines que no son democráticos".

    Quedó claro que no es viable la instauración de un sistema de convivencia donde "prosperen las reglas y los patrones de comportamiento democrático sino mediante la derogación del aparato jurídico que encubrió los contubernios del antiguo régimen y entronizó a los poderes fácticos por encima de la autoridad del Estado. Si no se restaura, sobre nuevos pactos sociales, la majestad de la República".

    Fue recurrente el señalamiento de las flaquezas institucionales y materiales del Estado mexicano como causa eficiente de los males que padecemos. La convicción de que la defensa de los derechos humanos, el combate a la corrupción, la seguridad de las personas y la justicia expedita y universal demandan la reconstrucción de los principios éticos y las potestades efectivas de los poderes públicos

    Parece en cambio descabellada la prédica lanzada desde distintas perspectivas retrógradas para impedir "a como dé lugar" el arribo al Poder Ejecutivo de un candidato con indiscutible apoyo popular. Como si la oferta reiterada de gobernar al margen de toda complicidad exacerbara los ánimos golpistas de los voceros de la vuelta al pasado. Los ecos del desafuero convertidos en tambores de guerra.

    El llamado directo es al empresariado nacional. Se le insta a escoger entre uno de los dos candidatos que van a la zaga, pero que supuestamente velarían por sus intereses, para impedir la llegada del puntero. Se añade que "si no se vuelcan todos de un lado no surgirá efecto su decisión", y se aclara que no se trata "sólo de dinero, sino del conjunto de gestiones, apoyos, cabildeos, etcétera -subrayo esto último- que un candidato necesita".

    Jorge Castañeda conmina a los empresarios para que no intenten comprar una especie de seguro de vida en acuerdos bilaterales con López Obrador. Lo que proclama es una cruzada: nada con los infieles. Prevé que, en ausencia de un "acontecimiento mayúsculo", la inercia está a favor del candidato de la izquierda. No alega razón alguna, pero implica que en este caso los valores republicanos son la encarnación del mal.

    Según esta tesis, la indiferencia empresarial no sería grave si otros actores la sustituyen. Y concluye con esta sentencia aberrante: "La democracia no puede funcionar si los poderes fácticos se abstienen en la elección de los gobernantes". ¿A quién se endereza este llamado? ¿Al crimen organizado, al narcotráfico o bien los dueños de la televisión, al capital financiero y a la derecha norteamericana?

    Ideólogos de la alternancia convertidos en nostálgicos de Pinochet. Se equivocan porque, como afirma Denise Dresser: "Más que una guerra de clases, la elección del 2006 se perfila como una lucha de ideas". Hay que afinar la inteligencia y desterrar la violencia verbal. Es preciso que la razón ponga un alto a la insensatez.



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