Opinion

Han dado comienzo los foros que promueve el Consejo Consultivo para un proyecto alternativo de nación. Se trata de un ejercicio libre y participativo, al que concurren personalidades del arte, la ciencia, la literatura, el magisterio o el quehacer profesional. Buscamos enriquecer una plataforma electoral mediante la confrontación de ideas y el flujo ordenado de propuestas.

El acto inaugural fue desbordante de iniciativas. Presentamos una agenda mínima de doce encuentros temáticos. El candidato de la Alianza por el bien de todos adquirió compromisos específicos. Los más destacados: gobernar escuchando, integrar su gabinete con los mejores hombres y mujeres de México y encabezar una administración honesta y competente, sustentada en la racionalidad y la información.

Mañana tendrá lugar el primero de los foros en torno al estado de derecho. Lo hacemos en homenaje a la Constitución pero con la clara intención de impulsar la revisión integral de ese texto conforme a las necesidades de nuestro tiempo. Queremos la primacía de las reglas escritas sobre las no escritas en que se sostuvo el sistema autoritario.

Transición democrática es sinónimo de instauración de un estado de derecho. Más allá del sufragio efectivo, exige legalidad efectiva. En el antiguo régimen la norma servía para la legitimación de la autoridad y no para la protección del ciudadano. La democracia se mide en cambio por el acatamiento de la ley por parte de gobernantes y gobernados.

Lo primero es el respeto y protección de los derechos humanos. Ese es el objetivo último del pacto social y la razón de ser de los poderes públicos. Su violación es siempre responsabilidad del Estado. La autoridad que la comete pierde en esa medida su legitimidad democrática.

Estamos sujetos a la jurisdicción universal de los derechos humanos. Es preciso actualizar nuestras leyes conforme a los tratados y convenios internacionales que hemos suscrito. Esos derechos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, son indivisibles e interdependientes y alcanzan a todos.

Es necesario fortalecer a los órganos públicos y a los no gubernamentales responsables de su protección y establecer una comisión de la verdad independiente que investigue tanto la violación masiva de esos derechos como los delitos contra el patrimonio de la nación ocurridos en el pasado.

La corrupción es el cáncer de nuestras instituciones. El pluralismo político no lo ha extirpado, sino que lo ha extendido en metástasis a todos los partidos. No basta que los actos de autoridad sean transparentes. Es menester perseguir a fondo el peculado, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses en todas las esferas del poder público y privado.

En democracia el ejercicio de la autoridad está sometido a la ley y la rendición de cuentas es parte esencial del proceso político. Debe asegurarse mediante el equilibrio de los poderes, instituciones autónomas que garanticen el control de los actos de gobierno y la más estricta vigilancia ciudadana. Los medios de comunicación deben estar al servicio de la sociedad y sujetos a normas de orden público.

La reforma de la justicia resulta asignatura prioritaria. Es indispensable reordenar su tronco constitucional y consumar la transformación de las leyes, los procedimientos y las instituciones responsables de impartirla. No sólo debe ser incorruptible y expedita, sino abarcar a todos los mexicanos y asegurar la reparación del daño a los ofendidos.

La supremacía del orden constitucional ha de garantizarse por la concurrencia de dos vías jurídicas distintas. La defensa de los ciudadanos frente a la autoridad, ejecutiva, legislativa o judicial, debe asegurarse a través de un renovado juicio de amparo. La controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad que interponen actores públicos para dirimir sus esferas de competencia deben ser en cambio resueltas por una Corte electa democráticamente y representativa del pacto federal.

La más grave de las ausencias del Estado reside en su incapacidad para otorgar seguridad física y jurídica a los ciudadanos. La pérdida, inclusive, de su jurisdicción efectiva sobre el territorio.

Todo empeño consistente para incrementar la seguridad y combatir el crimen comienza por la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de la población. Por la distribución equitativa del ingreso, la es2colaridad obligatoria hasta los dieciocho años, el empleo y el salario dignos y la vivienda decente. Vienen enseguida las reformas legales y políticas que erradiquen las complicidades y erijan autoridades eficientes e incorruptibles.

Asistimos a la disolución de las instituciones públicas como fruto de su debilitamiento programado en aras de una economía de mercado que, paradójicamente, requiere para subsistir de las garantías que sólo puede ofrecerle un Estado fuerte y responsable.

Hace unos días el jefe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos hablaba, aludiendo a nuestro país, de "un círculo vicioso en el cual un gobierno débil permite a los criminales socavar peligrosamente la credibilidad y la autoridad del Estado". Ya Sor Juana calificaba a quienes "ponen el coco y luego le tienen miedo", pero también es cierto que la realidad descrita corresponde a la definición de un Estado fallido.

Así, el establecimiento de la legalidad republicana pasa por la reconstrucción del Estado mismo: de sus potestades, sus competencias y sus deberes ineludibles. Esa es la tarea primordial de esta generación y la definición capital del próximo 6 de julio.