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Porfirio Muñoz Ledo

La rendición del Estado

Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD, senador, di ...

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    22 de diciembre de 2005

    Hace dos años que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer el resultado de estudios cruzados sobre el desarrollo de la democracia en América Latina. Una de sus conclusiones fundamentales fue que las autoridades públicas de la región han perdido su capacidad para conducir los procesos políticos y económicos, e incluso para mantener su jurisdicción sobre el territorio. Se acuñó así la expresión "Estado ausente", para significar la cesión de prerrogativas constitucionales en favor de poderes fácticos, tanto internos como trasnacionales.

    Concluimos que, como resultado de un deterioro creciente de las potestades republicanas, la sociedad no está representada en el poder, pero el poder tampoco está encarnado en el Estado. Advertimos que la exclusión social de más de la mitad de la población acrecienta las posibilidades del control electoral, a través de la influencia del dinero en la política y del efecto avasallador de los medios electrónicos que reducen al ciudadano a la condición de consumidor de baratijas y subordinan a los actores políticos formales.

    El informe asienta que en los países latinoamericanos se ha vuelto evidente la supeditación de los poderes institucionales a influencias externas al Estado y entre éstas menciona las que provienen de "la preeminencia de grupos de interés económico y de las limitaciones establecidas por el comportamiento de los mercados y de las decisiones financieras internacionales".

    En segundo término, señala el avance del crimen organizado y "la amenaza radical del narcotráfico a la institucionalidad y a la seguridad de la región". Subraya, finalmente, "el predominio de los medios de comunicación sobre la definición de las agendas públicas y la predisposición de la opinión pública a favor o en contra de las iniciativas gubernamentales, así como su posibilidad de erosionar la imagen de figuras públicas mediante la manipulación de las denuncias".

    Poco antes de celebrarse en México, en septiembre de 2004, el Seminario Internacional para presentar los resultados del estudio, los organizadores del evento tuvimos noticia de dos reacciones adversas. La de facciones conservadoras de la propia organización que sospechaban, en la abierta prédica por el redimensionamiento del Estado, una condena implícita al Consenso de Washington, y la de quienes descalificaban la supuesta intención de homologar a los medios de comunicación con los violadores del orden público.

    En mi presentación del evento reaccioné contra ambas acusaciones. A la primera respondí que el crecimiento de la ciudadanía social no es contrario a la democracia liberal y que sólo la práctica de la igualdad asegura el ejercicio de los derechos democráticos y de las libertades públicas. A la segunda, repliqué que el establecimiento del estado de derecho exige, tanto la rendición de cuentas de la autoridad, como la supeditación de todos los actores al régimen constitucional.

    Los recientes albazos legislativos dictados desde la cúpula empresarial y tecnocrática mexicana rebasan con mucho el análisis teórico sobre la debilidad de las instituciones públicas. Acreditan, nada menos, que la rendición del Estado.

    Sería difícil encontrar en la dilatada geografía de la región un caso tan lamentable como el de la intentona de reformar al vapor la Ley Federal de Radio y Televisión. Decía Benedetto Croce que la historia no es un idilio ni una tragedia, sino un drama del que todos somos protagonistas. En esta ocasión, los actores escenificaron un sainete grotesco que a todos nos infama.

    Quedó atrás la sospecha de que en México se haya instalado una partidocracia y todavía más el supuesto de que el poder público se orienta por el interés general. Las más poderosas compañías del país, después de haber conminado a los candidatos presidenciales a suscribir su propio programa de gobierno, decidieron transmitir, a través de todo el aparato político, la instrucción de votar sin debatir una minuta perpetrada en sus propias oficinas.

    Con cuánta razón habíamos anunciado el riesgo de transitar de un sistema de partido hegemónico a otro de dinero hegemónico. Por fortuna, el tamaño de la arrogancia despertó la reacción de la opinión pública y de los sectores afectados. Una acumulación de agravios detuvo la iniciativa y está generando la formación de estados generales al margen del poder público.

    En menos de cinco años la iniciativa de una reforma del Estado, que correspondía históricamente al primer gobierno de la transición, se ha trasladado a la ciudadanía, en abierta oposición a las autoridades responsables. Sólo que una reforma a cabalidad de la legislación en la materia requiere un fundamento constitucional del que la norma actual carece y una definición de los procedimientos a través de los cuales ha de modificarse, de modo sensato e integral, nuestro texto fundamental.

    Igual acontece con la pretensión de otorgar autonomía constitucional a distintos organismos del sector financiero, a sabiendas de que se busca equipararlos con instituciones, que por su naturaleza y función deben actuar con plena independencia de los poderes públicos; como es el caso de la Universidad Nacional, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e inclusive el Banco de México.

    Argumentar que dichas autonomías permitirían estabilizar en el largo plazo políticas de Estado al margen de las contingencias políticas significa, en el extremo, vaciar de contenido la soberanía popular que habrá de expresarse por medio del sufragio. Más que una privación de facultades económicas para el próximo gobierno, significa una confesión de parte respecto de lo que debieran ser estrategias públicas permanentes, que excluyen por cierto a la educación nacional, la seguridad pública, la preservación del medio ambiente, el desarrollo científico o la política exterior.

    Lo que inútilmente se propone es la prolongación de las políticas económicas vigentes y su saga de inequidades, así como la edificación de un cerco mediático que resguarde a los intereses creados e impida el advenimiento de una genuina democracia.

    El significado irrepetible de las elecciones del 2006 ha quedado al desnudo. El abuso que se pretende consumar es, al mismo tiempo, un llamado a los ciudadanos para que sumen sus fuerzas en torno a un proyecto distinto de nación.



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