Opinion

EL viernes pasado, el Congreso del estado de Veracruz aprobó el dictamen que aparentemente habría de revisar y sumar las mejores expresiones de las distintas iniciativas de ley en materia de acceso a la información pública que se han presentado ante ese poder del Estado. No se hizo así. La mayoría del PRI en el Congreso veracruzano con el voto en contra de las restantes fuerzas políticas aprobó, en realidad, la iniciativa de ley presentada por el gobernador Miguel Alemán. Y ese hecho no hubiera sido del todo desafortunado si no es porque la iniciativa del gobernador priísta constituye una pieza jurídica que abreva de la simulación y representa varios pasos atrás de las tendencias que se observan en el país.

Quizá la parte más grotesca del dictamen aprobado por el Congreso veracruzano sea la relativa al órgano regulador independiente, el cual tiene el encargo de vigilar el debido cumplimiento de la ley en casi todas las leyes estatales de acceso aprobadas en México, con excepción hecha de las de Jalisco y Aguascalientes. Se trata del quid del asunto.

Las iniciativas de la oposición ponderaban la creación de un organismo independiente de los sujetos obligados a informar, en virtud de varias consideraciones lógicas, particularmente en un país donde el estado de derecho se encuentra en proceso de consolidarse. Veamos las más importantes: a) El órgano regulador independiente tiene la bondad para las personas de ser un organismo especializado, gratuito y expedito, cuando se trata de resolver problemas de información que la dependencia o entidad considera que se trata de datos clasificados y la persona que hizo la petición considera que no es así. De esta suerte, los recursos de revisión son presentados por la persona de la manera más fácil que es posible. La ausencia de un organismo de esta naturaleza tiene un impacto negativo en el derecho a saber de la mayoría de las personas, que carecen de los recursos económicos para contratar un abogado para que, en su nombre y representación, lleve un proceso judicial para obtener aquella información que la autoridad considera que no debe revelarse; b) El órgano regulador independiente es también garante de vigilar que la información de oficio u obligaciones mínimas de transparencia sean cumplidas. Eso evidentemente no puede hacerlo un juez, como una actividad de oficio o rutinaria y c) El órgano regulador independiente tiene además la ventaja de que es un organismo de capacitación de servidores públicos y de socialización del conocimiento sobre el valor del acceso a la información pública con ejemplos concretos que impacten la vida personal o colectiva de la sociedad.

La consigna del gobernador Miguel Alemán fue desestimar estos argumentos y su iniciativa lo que propone, por el contrario, es crear organismos de acceso a la información en cada una de las dependencias y entidades obligadas a informar, sin autonomía y sin mayores atribuciones más que atender las consignas del gobernante.

Lo que se ha hecho en Veracruz es legalizar el secreto y hacer de la apertura informativa una excepción a la regla. En el mismo sentido, el derecho de acceso a la información en el DF sigue por la ruta de la menor información posible, según se deriva de la lectura del proyecto de reglamento interior que el martes próximo autorizará el pleno del Consejo de Información Pública del Distrito Federal que tiene una mayoría preconfigurada de representantes de los sujetos obligados a informar, siendo juez y parte donde ratificará la decisión del gobierno del DF para que las consejeras ciudadanas María Elena Pérez-Jaén y Odette Rivas sean simple y sencillamente figuras de ornato.

Por otra parte, hay dos buenas noticias. Primero, que en Querétaro se han dado pasos importantes para que la gente conozca la importancia de una ley de acceso a la información. Una encuesta elaborada por la Universidad Autónoma de Querétaro encargada por la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) revela que 69% de las personas encuestadas saben que pueden solicitar información pública, entre otros datos publicados en la Gaceta número dos de la CEIG. Segundo, en Oaxaca, el gobernador Murat enviará al Congreso en los próximos días dos iniciativas de ley, una en materia de acceso a la información pública y otra en cuestión del secreto profesional del periodista, que sería esta última la primera en su tipo en el país y sentaría un precedente saludable para fortalecer el ejercicio de informar.

Finalmente, una aclaración obligada. El 18 de mayo pasado, el embajador de EU en México, Antonio Garza hijo organizó en su residencia oficial una recepción en honor del autor de estas líneas, con motivo de la recepción del Premio de las Américas 2004 de la OEA a LIMAC. Esto viene a cuento porque uno de los invitados, Jesús Aguilar Padilla, candidato ahora del PRI al gobierno de Sinaloa, asistió al evento, no como candidato, sino como partícipe fundamental en su calidad de presidente de la Gran Comisión del Congreso de Sinaloa, en 2002, para que se aprobara y enriqueciera por unanimidad la ley de acceso de esa entidad. No hubo ninguna otra intención, que no haya sido precisamente que personas vinculadas al tema intercambiaran puntos de vista al respecto.

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM