Opinion

NO cabe duda que el caso popularmente conocido como Amigos de Fox fue el más complejo de todos los que, en siete años de trabajo, tuvo que desahogar la Comisión de Fiscalización del IFE. Aunado a la multiplicidad de actores involucrados 291 personas físicas y 54 empresas y la gran cantidad de documentos bancarios que debieron revisarse, la autoridad electoral se enfrentó a diversos obstáculos que impidieron que la investigación se desarrollara de manera fluida y rápida.

En efecto, la negativa original de las autoridades del sistema financiero nacional para proporcionarle al IFE la información indispensable para realizar la investigación, al amparo del secreto bancario, fiduciario y fiscal, y la interposición de amparos por parte de distintas personas físicas y morales cuyas cuentas estaban vinculadas con el financiamiento electoral sometido investigado, dilataron la elaboración de la resolución del caso.

Sin embargo, el dictamen que finalmente aprobó el Consejo General del IFE el 10 de octubre pasado se sustentó en indagatorias puntuales que permitieron que la Comisión de Fiscalización arribara a la convicción de que los partidos políticos que conformaron la Alianza por el Cambio en el año 2000 efectivamente incurrieron en una serie de infracciones a la ley, derivadas de la existencia de un financiamiento paralelo, lo cual derivó en la imposición de una sanción por 545 millones de pesos.

Vale la pena detenerse en las características de la investigación y las razones detrás de las sanciones impuestas por el Consejo General del IFE.

La investigación fue pertinente y exhaustiva. La investigación que se realizó para corroborar los indicios aportados por el partido denunciante el PRI se basó esencialmente en los criterios y en la ruta de trabajo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció en su sentencia de mayo de 2002, en la que declaró que el IFE era una autoridad hacendaria en materia de fiscalización, ordenando reabrir la investigación.

En razón de ello, se privilegió la búsqueda de información sobre las operaciones bancarias que fueron el hilo conductor de la red de transferencias y triangulaciones de recursos que finalmente permitió identificar el financiamiento ilícito de la campaña electoral de la Alianza por el Cambio en 2000. De hecho, más de 95% de la evidencia documental recabada provino del sistema financiero nacional.

Fue por ello que no fue necesario solicitar un informe escrito al propio presidente Vicente Fox, justamente debido a que se logró recabar las documentales públicas y privadas que permitieron acreditar fehacientemente las violaciones a la legislación electoral, en las que incurrieron los partidos que firmaron el convenio de coalición y que son los sujetos de la fiscalización del IFE.

Las declaraciones de personas físicas involucradas con el financiamiento paralelo de la coalición, tales como Lino Korrodi o Carlos Rojas Magnón, carecen de validez probatoria por sí mismas, aun cuando se hubieran hecho ante notario público, como fue el caso de Rojas Magnón. Esto debido a que lo único que puede constatar un fedatario respecto de una declaración es que quien la hizo efectivamente fue la persona señalada. Cosa distinta es cuando se trata de una fe de hechos.

Las pruebas testimoniales solamente pueden constituir una prueba plena cuando, al vincularse con otros elementos con los que cuenta la autoridad, generan convicción clara sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Finalmente, la investigación no abarcó desde enero de 1998 cuando se constituyó la asociación Amigos de Vicente Fox, sino a partir del 12 de septiembre de 1999 cuando Vicente Fox se convirtió en el candidato presidencial del PAN, quedando con ello establecido el enlace orgánico con dicho partido político. Dicho vínculo se extendió al PVEM, el 4 de diciembre del mismo año, cuando éste lo hizo también su candidato.

Cabe subrayar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó plenamente este criterio seguido por el IFE, ante un recurso interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional.

Los gastos erogados para promover la candidatura de Vicente Fox antes de las fechas mencionadas se ubican en la esfera de las libertades de asociación y de expresión de los ciudadanos, justamente porque carecen de vinculación con las obligaciones que tienen los partidos políticos respecto de los recursos que se allegan.

La responsabilidad del financiamiento paralelo fue compartida por el PAN y el PVEM. Uno de los grandes debates en torno del dictamen en cuestión fue si los dos partidos de la Alianza por el Cambio tenían la misma responsabilidad frente al ilícito cometido, debido a que existía una impresión generalizada de que los lazos de los Amigos de Fox eran básicamente con el PAN.

La falta en la que incurrieron ambos partidos políticos deriva de la obligación que por ley tienen todos los institutos políticos de garantizar que sus dirigentes, militantes y candidatos ajusten su conducta a la normatividad existente. Al coligarse alrededor de un candidato a la Presidencia, ambos partidos establecieron una relación jurídica con él, y en razón de ello, adquirieron obligaciones compartidas en materia de control de los recursos de campaña.

La responsabilidad de vigilar no admite graduaciones, consecuentemente, la culpa por no vigilar, tampoco. De ahí que no fuera posible distinguir la culpa de los dos partidos políticos a partir de consideraciones subjetivas tales como la existencia de un mayor o menor conocimiento de la red de financiamiento paralelo, o de un nexo partidista originario del candidato con alguno de los dos partidos políticos.

Vicente Fox efectivamente era militante del Partido Acción Nacional, no del PVEM, sin embargo, ambos lo hicieron su candidato presidencial y con ello asumieron las consecuencias de su acuerdo político, particularmente la de ser garantes de que dicho candidato se apegara a la legalidad.

La sanción fue justa y equilibrada. La sanción por 545 millones de pesos que se impuso a los dos partidos buscó inhibir la comisión de este tipo de infracciones a la ley en el futuro, y con ello impedir que existan zonas de impunidad. El reparto de la multa entre los dos partidos involucrados (360 millones al PAN y 184 millones al PVEM) tomó en consideración lo establecido en el reglamento de fiscalización y los antecedentes existentes en la aplicación de sanciones, así como la proporción de recursos que cada partido político había aportado a la coalición (PAN 66% y PVEM 33%).

Las ocho faltas acreditadas y consideradas como graves abarcaron desde no haber reportado a la autoridad los flujos de financiamiento oculto que alcanzaron 91 millones de pesos, hasta haber rebasado los topes de campaña presidencial que es una de las disposiciones clave para asegurar condiciones equitativas de competencia. Además, no es lo mismo superar dicho techo por unos cuantos pesos que por 18 millones como fue el caso. De hecho, esta falta representó la sanción económica más elevada de todo el dictamen (233 millones de pesos), además de que se aplicó de manera igualitaria a los dos partidos multados, porque así está previsto en el reglamento de fiscalización de las coaliciones electorales.

No cabe duda que una de las fibras más sensibles de la opinión pública es el celo nacionalista, de ahí que la irregularidad más debatida haya sido la relativa a ingresos provenientes del extranjero que ascendieron a 11 mil dólares y que motivaron que algunos partidos propusieran que la falta fuera sancionada con la cancelación del registro de los partidos políticos. La multa que se estableció en 350% del monto involucrado es la proporción más elevada jamás fijada por la autoridad electoral.

A nadie escapa que la investigación sobre Amigos de Fox reviste un gran significado político ni más ni menos porque derivó de una queja en contra de la coalición que llevó al actual Presidente de la República al poder y por parte del que hoy es el principal partido de oposición. Se trata de una resolución inédita, pero que es fiel reflejo de los avances que en materia de democracia electoral ha alcanzado nuestro país.

Consejera electoral (IFE)