Opinion

EL asunto más delicado de la elección de 2000 era el Fobaproa. El PAN y Vicente Fox habían respaldado el rescate bancario en los términos en los que la condujo la administración del presidente Ernesto Zedillo. El Fobaproa era indefendible ante el pueblo de México. El candidato Fox lo sabía.

La prueba de fuego ocurrió en el último debate. Al ser cuestionado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre su apoyo al Fobaproa, Vicente Fox respondió con un desplante: entregó la llave de acceso a la información de la auditoría que habían ordenado los diputados.

La llave se convirtió en el símbolo de la transparencia. De ser elegido, Vicente Fox se comprometió a actuar con transparencia frente al Fobaproa. A unos días de las elecciones, es conveniente preguntar dónde quedó su compromiso más importante con la transparencia.

La llave que entregó Fox no era propiamente una llave, sino su decisión su palabra de que, si era elegido presidente, estaría dispuesto a abrir la investigación sobre el Fobaproa, o al menos a actuar sobre los créditos ilegales. Se trataba de una decisión política de fondo: abrir la caja negra para que las irregularidades fueran sancionadas y fuera devuelto el dinero que evidentemente no tenía sustento legal. El problema parecía relativamente sencillo. El Congreso ya había creado el IPAB para dar seguridad a los ahorradores. Ya se contaba con legislación que no había existido al momento de la crisis bancaria de 1995. La dimensión del problema se había circunscrito.

No estaba en el ambiente la exigencia de que el Presidente buscara echar abajo el rescate, ni para que desconociera la deuda. Tan sólo se le pedía que recuperara lo que a todas luces había sido ilegal. El camino para lograrlo lo tenía el Presidente a la mano.

La Secretaría de la Contraloría podía hacer la investigación. El IPAB tenía facultades para llevarla a cabo. Y la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de la ley, haría la auditoría correspondiente.

El Presidente de la República tenía, pues, no una llave, sino varias llaves para abrir el asunto del rescate bancario y cumplirle al pueblo de México. El Presidente no tuvo siquiera que dar órdenes. Los responsables institucionales sabían que tenían que cumplir con la ley. El IPAB (institución central para la confianza de los ahorradores, para cuya creación el PAN había tenido un papel decisivo) hizo su tarea. Hizo su auditoría y llegó a conclusiones semejantes a las de Mackey. A los bancos se les debían descontar los créditos irregulares. El funcionario responsable no recibió apoyo y, aparentemente, por ello decidió renunciar.

Por lo que se sabe, los hallazgos del IPAB eran coincidentes con la información de la Secretaría de la Contraloría. Incluso, hay quien sostiene que el trabajo original había sido hecho en la Contraloría. No quedó claro qué pasó con esa investigación.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación realizó su propia investigación. Cabe recordar la importancia que para el PAN tuvo la creación de la ASF, en tanto órgano técnico de la Cámara de Diputados que pudiera revisar, con independencia y profesionalismo, la cuenta pública.

El 31 de marzo de 2003, la ASF presentó a la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados su informe de la Cuenta Pública 2001, del cual se derivaron 63 observaciones y 108 acciones relacionadas con el rescate bancario. La ASF recomendó el descuento de intereses moratorios y créditos irregulares por un importe probable de 45 mil 409 millones de pesos.

Ya no hay duda. Todos han coincidido. Mackey, la Secretaría de la Contraloría, el IPAB y la ASF han llegado a conclusiones semejantes: hay un monto de dinero que debe ser descontado a los bancos.

Pero en vez de dejar que los bancos defiendan sus intereses ante las autoridades y los tribunales, la respuesta de la Presidencia de la República fue interponer una Controversia Constitucional contra la ASF.

En una decisión que no tiene precedente, el Presidente inició una controversia contra el interés público. Además, si logra la destitución del actual auditor, termina con la independencia del IPAB y consigue el apoyo de la mayoría en la Cámara de Diputados, le habrá puesto el cerrojo definitivo a la rendición de cuentas sobre el rescate bancario.

El Presidente debiera colocarse por encima de los intereses. Los banqueros merecen tener toda la protección de la ley. Los bancos y sus accionistas debieran entender que su posición será más segura con reglas claras, más estado de derecho y más transparencia, que con menos. Donde se esconden las llaves no puede haber confianza ni prosperidad.

El costo de que el Presidente esconda la llave sería muy alto. Si le da un golpe a la ASF, destituyendo al auditor que recomendó el descuento de intereses moratorios y créditos irregulares, ¿cuándo se logrará que el Congreso desempeñe el papel de contrapeso que tiene cualquier parlamento que se respete a sí mismo? Si, para proteger los créditos irregulares de los bancos, termina por destruir la independencia del IPAB, ¿qué seguridad tendrán los ahorradores? Si no cobra nada de los créditos irregulares, ¿con qué cara llamará a la reforma fiscal? Si intenta dar un golpe político con una negociación en la Cámara, pasando por encima del IPAB y la ASF, ¿en qué condición dejaría al estado de derecho?

Exige que no esconda Fox la llave. Vota no a la mayoría panista el 6 de julio.