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El gobierno español puso en marcha este mes su primer Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX, que es un documento pionero en Iberoamérica para evitar la destrucción de edificios y obras artísticas relevantes de los últimos 110 años.

La norma española fue aprobada en marzo de 2010 pero comenzó a funcionar en abril de este año con una inversión semilla de 6 millones de euros, la cual crecerá con aportaciones regionales y privadas.

La importancia de la cultura en la economía española ha crecido exponencialmente en los últimos años, al grado que anualmente diferentes autoridades y asociaciones ibéricas invierten mil 600 millones de euros en conservación y se estima que el consumo de bienes culturales, tanto de turistas como de residentes, suma 30 mil millones de euros por año.

México se rezaga

A partir de 1985, España ha realizado diferentes ajustes y adiciones a sus leyes, con lo cual ha superado a México en cantidad y calidad de normas para proteger su patrimonio cultural.

Aunque en 1972 México compartía la vanguardia de los esfuerzos internacionales para protección de bienes culturales, con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, posteriormente se hicieron notorios vacíos legales en protección de bienes del siglo XX.

La destrucción del Hotel Casino de la Selva, en 2001, en Cuernavaca; la demolición de cientos de casas centenarias en las colonias Roma y Condesa, de la ciudad de México, así como la destrucción de la mayoría de las salas de cine en toda la república son ejemplos de la depredación a la que están sometidos los inmuebles del siglo pasado.

La actual ley mexicana, de 1972, da una amplia protección a los sitios y restos arqueológicos prehispánicos, así como a la mayoría de los edificios de la época colonial, pero sólo beneficia con protección especial a los edificios del siglo XX que cuenten con una declaratoria de Monumento Artístico, emitida por el Presidente de la República o por el secretario de Educación Pública.

La complejidad para obtener esas declaratorias de protección especial se observa en el hecho de que menos del 10% de los edificios considerados con valor artístico cuenta con protección. Mientras el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) cuenta con un catálogo de 17 mil edificios del siglo XX con valor artístico en toda la república, menos de mil cuentan con protección de ley para evitar ser demolidos o intervenidos.

Entre los más famosos que ya cuentan con protección están el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, el Museo Nacional de Antropología, la Casa-estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Ciudad Universitaria de la UNAM, el Mercado Libertad, de Guadalajara y Horno Uno, de la Fundidora de Monterrey.

Entre los inmuebles que ya tienen expediente y que están a la espera de declaratoria están la Plaza de Toros México, el edificio de la Lotería Nacional, las Torres de Satélite y el Horno Tres del Parque Fundidora de Monterrey.

Uno de los casos más representativos de la complejidad que hay que superar para obtener protección para inmuebles mexicanos del siglo XX es el proyecto para declarar la colonia Roma como zona de Monumentos Artísticos. Los trabajos para solicitar esta declaratoria iniciaron en 1995 y aún están en proceso.

En el caso ibérico, las leyes sobre conservación del patrimonio que se emitieron en 1915 y en 1985, no detallas cuántos años debe tener un edificio para ser considerado como Patrimonio Cultural. Se toma en cuenta más el valor artístico, por ello desde su origen tuvieron protección de la ley española obras como los edificios del arquitecto Antonio Gaudí, en Barcelona, el Centro de Arte Reina Sofía o la remodelación del Museo del Prado, en Madrid.

Hay que repartir la carga

En México el gobierno federal concentra la responsabilidad de salvaguardar el patrimonio cultural, a través de la Ley Federal que aplican el INAH y el INBA y existe poca intervención de los gobiernos estatales o de municipales en esta vigilancia.

En España, el cuidado del patrimonio empieza a nivel local, con responsabilidades que la ley marca a los gobiernos autonómicos, y de ahí sube hasta la responsabilidad nacional.

El nuevo Plan Nacional de España para Conservación del Patrimonio del Siglo XX fue avalado por el gobierno nacional y por los gobiernos de las 17 autonomías, esto facilita la repartición de las tareas, como explicó a El Universal el subdirector del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), Alfonso Muñoz Cosme. “Es un reto muy difícil al que nos enfrentamos. Pero sí encontramos que ya hay una conciencia social de que es un patrimonio valioso, el patrimonio del siglo XX, ya no sólo las obras de arte sino ya también las obras de arquitectura. También se valora todo ese patrimonio inmaterial importante, como el patrimonio sonoro, sobre soportes muy variados, a veces muy difíciles de conservar”, indica el doctor en arquitectura y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

“Nosotros no tenemos la limitación temporal que tiene la ley mexicana y eso nos permite incorporar más inmuebles a un plan de protección del patrimonio del siglo XX. Sin embargo, también reconocemos que en la protección de las obras más recientes hay muchas nuevas interrogantes, filosóficas y éticas, por ejemplo, tenemos que entender cuando un arquitecto creó una obra o un edificio con un carácter efímero y decidir si queremos o no darle más vida artificial”, añade.

El arquitecto subraya que en el nuevo Plan Nacional para el siglo XX tiene que responder a la protección que piden los ciudadanos sobre uno u otros inmuebles que consideran valiosos.

“Los ciudadanos se están dando cuenta de que tener un pasado y tener un patrimonio consolidado no sólo no es una carga económica sino que se ha convertido en una fuente de ingresos, una fuente de desarrollo económico. Esa es una buena noticia para países como México que tienen una enorme riqueza patrimonial”, dice Alfonso Muñoz Cosme.